Petro, la excepción a la norma: las investigaciones a campañas de expresidentes tuvieron otro destino

El anuncio del martes del Consejo Nacional Electoral (CNE) de aprobar una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por la presunta violación de los topes de financiación significó un remezón en el ámbito de la política de Colombia. Hacia el futuro, es previsible el empantanamiento del llamado acuerdo nacional con el que el jefe del Estado buscaba algún entendimiento con sectores no afines a sus políticas en aras de sus reformas. Sin embargo, la decisión también permite mirar hacia el pasado: Petro es el primer presidente desde 1991 (año en que se creó el CNE) que será objeto de una investigación formal por parte de la entidad. Sus antecesores, varios con señalamientos a sus campañas, han salido adelante sin que el Consejo representara nunca un problema para ellos.

El CNE no tiene la facultad para destituir a ningún presidente y, en este caso, la máxima sanción que puede impartir es una multa. Una eventual (y lejana) destitución debe pasar por una acusación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes antes de ser juzgado en el Senado. El presidente tiene mayorías en la cámara baja, con lo cual ese escenario es muy improbable. No obstante, el jefe del Estado ha insistido con que hay un golpe de Estado en su contra tras conocerse la apertura de la investigación. No han sido pocos los casos en que las intervenciones del CNE se quedan en más ruido que otra cosa, porque las dilaciones hacen que los procesos se alarguen hasta que se venzan los términos. En este caso, el plazo que tiene ese tribunal administrativo para terminar la investigación contra la campaña de Petro es el 19 de junio de 2025, fecha en la que, de no tener un fallo en firme, el caso sería archivado. Este es un recuento de los expresidentes que pasaron, brevemente, por procesos en el CNE.

Iván Duque, Aida Merlano y la ‘ñeñepolítica’

Dos veces el expresidente Iván Duque pasó por la mirada del CNE por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial que lo llevó al poder en 2018. La primera de ellas, investigada también por la Fiscalía, comenzó con una investigación periodística en que se dio a conocer la trascripción de una llamada en la que José Guillermo Ñeñe Hernández hablaba con María Claudia Daza, asesora de Duque, sobre una supuesta compra de votos a favor del presidente. Hernández, asesinado en Brasil en un robo, era un narcotraficante que maquillaba sus actividades ilícitas detrás de la ganadería y los negocios minoristas. Duque negó todo vínculo con el Ñeñe: “Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña”.

En 2021, el CNE, que había abierto una investigación preliminar al año anterior, la archivó: sus magistrados concluyeron que no había elementos suficientes para seguir con las pesquisas.

La segunda ocasión tuvo involucrada a la ex representante a la Cámara Aída Merlano, quien aseguraba que a la campaña de Duque habían ingresado cerca de 6.000 millones de pesos provenientes del empresario Julio Gerlein. El presidente negó los señalamientos y les restó credibilidad ante la condición de Merlano, fugada de prisión y refugiada en Venezuela. Gerlein también negó la versión de Merlano. En mayo de 2022, el CNE anunció, de nuevo, la apertura de una investigación preliminar contra Duque y contra el gerente de su aspiración, Luis Guillermo Luigi Echeverry. Pero en agosto de ese mismo año, el proceso fue archivado por vencimiento de términos.

Juan Manuel Santos y Odebrecht

En 2017 el escándalo de corrupción protagonizado por la empresa constructora brasileña Odebrecht en América Latina golpeó de lleno en la política colombiana. Desde ese año hay certezas de que la multinacional colaboró con las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos de 2010 y 2014. La ley colombiana prohíbe que empresas extranjeras contribuyan a cualquier aspiración electoral en el país. A pesar de ello, el gerente de ambas campañas, Roberto Prieto, admitió públicamente haber usado dinero de Odebrecht en la aspiración de Santos. El expresidente aseguró en ese momento no saber nada al respecto: “No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones. Me acabo de enterar”, afirmó. Su versión coincidió con la de Prieto.

El asunto no se quedó en la declaración de Prieto ―que luego sería condenado a cinco años de cárcel e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 12 años―. En el mismo 2017, la Fiscalía señaló que un millón de dólares aportados por Odebrecht terminaron en la segunda campaña de Santos, en 2014. Los congresistas Otto Bula y Bernardo Ñoño Elías fueron condenados por ese caso. En una declaración a la Fiscalía, Elías admitió: “Mi interés en ese contrato era ayudarle a los de Odebrecht que sacaran rápido el otrosí Ocaña–Gamarra (una obra de licitación pública para la construcción de una vía), para que ellos entregaran recursos económicos con destino a la campaña presidencial del señor Juan Manuel Santos Calderón”. En abril de ese año, el presidente fue llamado a rendir versión libre ante el CNE

En agosto de 2019, el CNE anunció la apertura de una indagación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos por el presunto ingreso en su campaña de reelección de 2014 de dineros de la multinacional brasileña de construcción Odebrecht. En el anterior mes de junio, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la única instancia con capacidad de acusar a un presidente de la República, también abrió una investigación preliminar por el mismo motivo. Ninguna de las dos prosperó y terminaron archivadas en agosto de 2021.

Álvaro Uribe y Andrés Pastrana

Ninguno de los expresidentes Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010) se han tenido que enfrentar al CNE por asuntos relacionados con los topes electorales permitidos. Lo que más se acerca a una acusación fue el señalamiento del también exmandatario César Gaviria (1990-1994), quien aseguró que en la aspiración presidencial de Pastrana entraron dineros del Cartel de Cali ―que también aportó a la campaña de la contraparte, la del liberal Ernesto Samper, a la postre ganador―. En una entrevista al noticiero CM& en 2013, el periodista Yamid Amat le preguntó si en los llamados narcocasetes que sacaron a la luz el llamado Proceso 8.000 se decía que el cartel narcotraficante había aportado dinero a ambas aspiraciones en 1994. Gaviria respondió: “Exactamente era lo que decían, los dos casetes que habían financiado las dos campañas, no solamente la del presidente Samper”.

En 2021, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefes del cartel de Cali, hicieron una acusación en el mismo sentido: señalaron a Pastrana de haber recibido dineros en su campaña presidencial de 1998, en la que resultó vencedor. El expresidente negó las acusaciones. Ni ese ni el señalamiento de Gaviria propiciaron una investigación penal ni administrativa en su contra.

Ernesto Samper y el ‘Proceso 8.000′

Ernesto Samper protagonizó el mayor escándalo de corrupción política en cuanto a financiación de su campaña presidencial, que recibió dinero del narcotráfico para ganar la contienda. Después de que Samper fue elegido en 1994, Andrés Pastrana, su contendor, reveló grabaciones donde los Rodríguez Orejuela contaban que habían aportado millones de dólares a la campaña de Samper. El fiscal general Alfonso Valdivieso, quien era del partido Liberal como Samper, fue quien acusó al presidente en abril de 1995 ante la Comisión Acusaciones de la Cámara de Representantes —el único órgano con la competencia para investigar si debe o no haber un juicio penal contra un presidente―.

Si la Comisión considera que debe haber una acusación formal, esta se debe aprobar en la plenaria de la Cámara de Representantes para que, luego, el juicio pase al Senado. El proceso de Samper nunca pasó al Senado, los representantes de la Cámara precluyeron el caso, dos veces, votando mayoritariamente a favor del presidente. Más lejos del fuero presidencial, la Fiscalía sí investigó a otras personas claves de la campaña presidencial, como su director, Fernando Botero Zea; y el tesorero, Santiago Medina. Los dos confesaron que el dinero del narcotráfico entró a la campaña presidencial, y Botero insistió en que Samper sabía. Los dos, Medina y Botero, fueron condenados por enriquecimiento ilícito.

El CNE, en 1996, decidió abrir una investigación contra la campaña de Samper, y al entonces presidente, por superar los topes de la campaña electoral. El CNE también anunció que investigaría a Botero y Medina, además del director administrativo de la campaña, Juan Manuel Abella. Pero esa fue una investigación que nunca arrancó, porque horas después del anuncio del CNE, el mismo día, el Consejo de Estado anuló las resoluciones que fijaban los topes de gastos para las campañas presidenciales —argumentaron que había una violación al “principio de publicidad”, porque los topes no les fueron informados a tiempo en la campaña de 1994—. El CNE no tuvo oportunidad de investigar, ni el país tuvo tiempo de debatir, como ahora, si el tribunal administrativo puede realmente, o no, investigar a un presidente.