Una batalla de coordenadas: Colombia ultima su defensa en el arbitraje por el galeón ‘San José’

Antes de que finalice el año, Colombia deberá presentar ante el Tribunal Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, su respuesta ―la última antes del inicio de las audiencias― a una demanda presentada por la empresa estadounidense Sea Search Armada, que reclama una parte del tesoro del naufragado galeón San José. La compañía pretende quedarse unos 10.000 millones de dólares o alrededor de cuatro billones de pesos, la mitad del valor estimado del botín. Ante tal exigencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) ha elegido este mes a dos firmas internacionales para la nueva fase del litigio con las que busca defender el patrimonio de los colombianos.

La estrategia para la defensa estatal se basa, sobre todo, en una premisa: que la localización que abandera la compañía norteamericana como lugar del pecio del galeón es errónea. “El procedimiento [del arbitraje actual] no tiene nada que ver con el galeón”, señala César Palomino, director de la Andje, en una entrevista con este diario en su despacho en Bogotá. Para la Agencia, por lo tanto, el reclamo de Sea Search Armada —una empresa de “cazatesoros”, en palabras de Palomino— no tiene fundamento alguno.

Esta perspectiva que defenderá el Estado ante el Tribunal en La Haya invoca el anuncio que realizó el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en 2015, cuando declaró el hallazgo del buque —hundido por los ingleses a cañonazos en la Batalla de Barú en 1708—, cerca de la costa de Cartagena de Indias, en una ubicación distinta a la que reivindica Sea Search. “Este es el tesoro más valioso que se ha encontrado en la historia de la humanidad”, dijo el entonces mandatario. Sus coordenadas se mantienen como un secreto de Estado, para evitar que piratas submarinos se roben el tesoro, o parte de él. Palomino sostiene que el principal deber de la defensa será probar “que es físicamente imposible” que el pecio que descubrió la compañía demandante tenga relación con la embarcación en disputa.

En las presentaciones escritas ante el Tribunal, Sea Search alega que el descubrimiento de 2015, comandado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia con la colaboración de la Armada colombiana y un grupo de científicos internacionales, es parte del mismo campo de escombros que la empresa identificó en la década de los ochenta. Para Palomino, las coordenadas que presentó Sea Search son “muy genéricas” y no corresponden con las que presentó el Gobierno de Santos.

El arbitraje es “el más valioso que tiene Colombia en estos momentos”, reconoce Palomino, por lo que subraya la importancia de contar con un equipo de abogados con un “conocimiento amplio” en la controversia. Para ello se escogieron a las firmas Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes (GBS Disputes) en asociación con la firma Xtrategy, luego de un riguroso proceso de selección de entre una veintena de bufetes que presentaron sus propuestas a la Andje. La contratación tuvo un valor cercano a los 4.000 millones de pesos, de acuerdo con el contrato al que se puede acceder en la plataforma de la Agencia de Contratación Pública.

Coordenadas en disputa

El pleito por las coordenadas es uno de los escollos más relevantes del caso. La controversia se remonta a hace más de 40 años. En 1982 la compañía Glocca Morra, ahora Sea Search Armada, anunció el hallazgo de “un gran naufragio” dentro de un área de exploración que había acordado con la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar) unos años antes. Aquel trato señalaba que la empresa tenía derecho al 50% del tesoro que encontrase en la zona delimitada. En ese informe no se refirió al galeón.

Más de una década después, en 1994, Colombia contrató un estudio independiente que concluyó que no existía ningún naufragio en esas coordenadas, sino “trozos de madera correspondientes a la era moderna”. Pese a ello, Sea Search siguió defendiendo que tenía derechos sobre lo encontrado en aquella zona. Una decisión de la Corte Suprema de Justicia de 2007 le dio la razón a la empresa: merecía la propiedad de la mitad de los bienes encontrados, en calidad de tesoro. Pero Colombia reitera que entre ellos no está el navío español. Por eso, ha reiterado que las pugnas judiciales que ha emprendido la empresa tanto a nivel nacional como internacional (en Estados Unidos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) carecen de fundamento.

La contienda cogió otro impulso en 2010, cuando Colombia y Estados Unidos firmaron un tratado de libre comercio (TLC). El acuerdo incluye un capítulo que protege los recursos de los inversionistas estadounidenses en el país y faculta a las empresas de esa nacionalidad a iniciar un proceso arbitral en caso de disenso. Sea Search Armada busca protección como inversor estadounidense en virtud del TLC y por eso ha emprendido el litigio en el tribunal. Para Colombia, la compañía no puede considerarse como tal: “La empresa no tiene una inversión protegida ni puede reclamar ser un inversor (...). Que comparezca ahora ante este Tribunal es un intento desesperado de reclamar derechos de propiedad que nunca tuvo”, argumenta el Estado en una respuesta a la notificación de arbitraje.

Otro punto clave en la estrategia colombiana se apoya en la decisión en 2020 del Ministerio de Cultura de declarar al galeón San José como un bien de interés cultural, blindándolo así de cualquier explotación comercial y convirtiéndolo en un patrimonio “inembargable” de los colombianos. Dicha clasificación —reforzada con la declaración de la zona del naufragio como un área arqueológica protegida— ampara su preservación, para que tanto el barco como su contenido sean indivisibles. Es una postura que respalda España, propietaria inicial de este navío que zarpó con 600 tripulantes.

El equipo que defenderá a Colombia en La Haya contará con reconocidos juristas internacionales como la abogada francoiraní Yas Banifatemi, una de las figuras más reconocidas en el campo del arbitraje. También hay representación colombiana: la abogada Ximena Herrera, que ya había trabajado en el caso Meritage —que ganó el Estado y se ahorró más de 300 millones de dólares—, y el abogado José Antonio Rivas, que participó en victorias del Estado contra Sea Search ante tribunales estadounidenses en 2010 y 2011.

Tanto Herrera como Rivas, sostienen que no pueden revelar los detalles de la defensa. “Colombia es respetuosa del proceso arbitral y, por tanto, busca litigar esta controversia directamente ante el Tribunal”, responden a las preguntas de este diario. Sin embargo, confirman que presentarán su respuesta en diciembre y que las audiencias tendrán lugar el próximo año en las que se espera resolver, cuatro décadas después de la primera exploración, la propiedad del San José.

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