Una red de policías traficaba mujeres desde Medellín hasta Europa

Un operativo de rescate, una alerta de la Policía Judicial de Francia y un proxeneta griego fueron las pistas de las autoridades colombianas para condenar a 84 meses de prisión a Carlos Augusto Fernández Raigosa (40 años), un expolicía que integraba una red de trata de mujeres. Fernández reconoció su responsabilidad en el crimen y logró así reducir su condena, que se definió el pasado 13 de septiembre, a la mitad. EL PAÍS accedió al expediente completo, que muestra cómo varios otros policías utilizaron el poder de su cargo en el comando de Policía del Valle de Aburrá, ubicado en pleno centro de Medellín, para captar víctimas.

En agosto de 2022, una mujer sin empleo se acercó a esa estación. Alejandra [nombra cambiado para proteger su identidad] Buscaba vender allí las boletas de una rifa, en la que era su forma desesperada de reunir fondos para vivir. Según ha contado a las autoridades judiciales, allí le ofrecieron trabajar como modelo webcam en Francia, a cambio de recibir pagos que arrancaban en mil euros a la semana. En los documentos consta que el primero en hacer la oferta fue Carlos Augusto Fernández, quien tenía el grado de intendente (el tercer escalafón en el nivel operativo, por encima de patrullero y subintendente) y se pensionó de la institución meses después. Fernández no trabajaba solo. La Fiscalía ha identificado a dos cómplices, Diego Cárdenas Gaitán y Jorge Restrepo Lemus, quienes consolidaron la red en Medellín, este último bajo el uniforme de la Policía Nacional.

La Fiscalía colombiana ha explicado que Fernández adelantaba “labores de coordinador de actividades de la estructura criminal”. Por ejemplo, no solo captaba a las mujeres, sino que les exigía a los otros miembros de la banda que le enviaran fotos de las mujeres en ropa interior. El argumento para pedirlas a las víctimas era que necesitaban ver si se ajustaban a los perfiles que pedían como webcamers. Fernández también se encargaba de su traslado a Europa. En el expediente, se da cuenta de que él fue el encargado de transportar a Alejandra hasta el aeropuerto internacional de Rionegro, en septiembre de 2022. Lo hizo en el carro de su esposa. Ahí le entregó las indicaciones del viaje, le dijo quién la recibiría en Europa y le advirtió, en varias ocasiones, que “no podía arrepentirse”.

Era un tiquete sin regreso. Aunque el compromiso verbal eran que podían desvincularse de la organización cuando quisieran, con el único requisito de devolver el dinero que el grupo había gastado en los tiquetes aéreos, apenas pisaban suelo europeo los criminales publicaban las fotos en ropa interior, sin su consentimiento, en páginas de prostitución que funcionan como catálogos sexuales, y con lo que su imagen ya quedaba expuesta. Además, los proxenetas las encerraban y les confiscaban el pasaporte tan pronto llegaban, para así evitar que escaparan de su control.

El enlace en Francia era Georges Kalliterakis, un griego conocido como “León”. Él las recibía en los aeropuertos y las llevaba hasta los lugares en los que serían encerradas. Gracias a varias conversaciones vía WhatsApp que ella y otras mujeres mantuvieron con los expolicías, la Fiscalía colombiana determinó que ellas sufrían maltratos físicos y abusos sexuales.

En diálogo con este diario, el abogado de Fernández, Juan Mario Tobón, dice que al expolicía lo condenaron “apenas por un caso” de trata. Según él, al exintendente le ofrecieron entrar a la organización delincuencial a mediados de 2022 “por las ventajas que tiene para estos criminales contactarse con gente de la fuerza pública”. Explica que esos vínculos les generan una suerte de protección frente a la justicia, o por lo menos esa expectativa. Asegura que el rol de su cliente era menor al que la Fiscalía ha reseñado. “Era un mando medio o bajo”, aclara, y asegura que a los policías les suelen ofrecer una comisión de dos millones de pesos (478 dólares) por cada víctima que logren concretar. “Eso les funciona en masa”, argumenta, señalando que su cliente y sus dos cómplices en Medellín eran apenas uno de muchos brazos de los delincuentes europeos para reclutar víctimas.

Por eso, argumenta que lo que han logrado las autoridades al judicializar a los tres hombres de Medellín es algo menor. “No fue ningún golpe a la organización delictiva”, advierte, en referencia a la red europea. Kalliterakis, el griego, fue capturado por las autoridades francesas en marzo de 2023. En uno de los casos que reseña su expediente, de otra víctima colombiana, se advierte que le pagaba de vez en cuando unos 10 euros diarios, que apenas le alcanzaba para comer mal. “Perdió tantos kilos que ya no se parecía a las fotos de la página web”, se lee en uno de los oficios que enviaron las autoridades francesas a las colombianas. “La víctima calculaba que -siendo explotada sexualmente-, los proxenetas recibían entre 5.000 y 6.000 euros a la semana”, dice.

El exintendente Fernández busco negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía “a cambio de dar información de sitios de explotación sexual en Colombia, nombres de otros implicados e información sobre narcotráfico en Medellín”, explica su abogado. Pero, explica, el ente investigador desestimó la propuesta.

Un informe de la Procuraduría señala que, para 2023, había 51 investigaciones por presunta complicidad de funcionarios o integrantes de la fuerza pública en redes de trata de personas. Hasta ese año, la Fiscalía había recibido 22 solicitudes internacionales para investigar ese delito, por parte de Chile, Panamá, México, Venezuela y Perú. A su vez, había solicitado apoyo judicial a España, Panamá, Chile, República Dominicana y México por el mismo crimen. “En 2023, los funcionarios abrieron 47 alertas criminales debido a la cooperación con gobiernos extranjeros”, se lee en un informe de la embajada de Estados Unidos.

El caso de los tres expolicías se suma a una corta lista de procesos similares que han afrontado integrantes de esa institución. En noviembre pasado, un oficial destacado en Cartagena fue capturado por, supuestamente, servir como informante para una organización de trata mientras él lideraba una investigación por ese mismo delito. En el informe de la embajada de Estados Unidos mencionan que, entre informes de organizaciones y autoridades, el año pasado hubo 1.273 posibles víctimas de ese delito. Al menos la mitad serían por explotación sexual.

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