El Ministerio de Defensa ya suma cinco actos simbólicos de petición de perdón, pero mantiene pendientes 48 más

Uno de los más fuertes alfiles del presidente Gustavo Petro es su ministro de Defensa, el abogado Iván Velásquez. No solo porque lidera una de las carteras más poderosas de cualquier Gobierno ni porque es uno de los pocos sobrevivientes del Gabinete original tras casi 25 meses del cuatrienio, sino porque está encargado de que la ambiciosa política de paz total tenga como complemento necesario una fuerte iniciativa estatal en seguridad. Velásquez, quien fue víctima de seguimientos ilegales cuando era magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, en donde era encargado de investigar los vínculos entre el paramilitarismo y congresistas aliados del Gobierno de Álvaro Uribe, hoy tiene además la tarea de dar la cara por el Estado y reconocer públicamente la responsabilidad por numerosos casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en otros mandatos.

En los próximos días el Estado firmaría una solución amistosa en uno de esos casos, y con ello se fijará la fecha para un nuevo acto simbólico de este tipo, apenas el sexto de los 53 que identificó el Ministerio en 2022 como obligaciones judiciales. Ocurrirá a mediados de octubre en la Universidad Nacional, cuando el Estado ofrezca perdón a Gabriel Adelfo Riaño, quien fue encarcelado en 1991, cuando era estudiante de esa institución, acusado de cometer actos terroristas. Absuelto un año más tarde, su caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se acercaba a elevar el proceso por un supuesto montaje judicial estatal contra Riaño. En el acuerdo que está pactando con la Agencia de Defensa Jurídica se incluye la obligación del Estado de realizar un acto de perdón público y reconocimiento de responsabilidades.

Los cinco actos anteriores que ya lideró la cartera de Defensa empezaron el 4 de julio de 2023 con el reconocimiento de responsabilidades en el caso de Alix Fabián Vargas Hernández. Y entre esos espacios, el evento que más ha tenido impacto ocurrió el 3 de octubre pasado en la Plaza de Bolívar, en pleno centro de Bogotá. Allí, Velásquez pidió perdón en nombre del Estado de forma pública, sin eufemismos o justificaciones, por las ejecuciones extrajudiciales a manos de militares que han sido mal llamados “falsos positivos”. “En nombre del Estado pedimos perdón a ustedes, las familias, y a toda la población por los reprochables hechos de desaparición forzada y posterior muerte en condiciones de indefensión que luego fueron reportadas falsamente como muertes en desarrollo de operaciones militares”.

Su participación allí no fue fortuita. Dos meses antes, Velásquez había emitido un comunicado en el que explicaba públicamente su plan para ponerse al día en el cumplimiento de las 53 órdenes al Ministerio de Defensa de pedir perdón en actos públicos como medida de reparación simbólica a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Casi todos son por “falsos positivos”. El acto más reciente fue el 14 de agosto pasado, cuando pidió perdón a 35 familias víctimas de ejecuciones en el departamento de Antioquia, pero hay 48 más que siguen pendientes.

El Ministerio de Defensa le confirmó a este diario que, en los dos años de Gobierno, el ministro ha liderado cinco actos de perdón por falsos positivos. Han explicado, además, que el plan para realizarlos incluye otros casos donde no hay una condena que obligue al Gobierno a realizar esas ceremonias, “con el fin de honrar la memoria de las víctimas y reconocer la responsabilidad del Estado”. Eso quiere decir que la lista de pendientes es aún más larga que la establecida en 2023 y el Ministerio ha explicado vía escrita a este diario que en lo que resta de 2024 proyecta realizar tres actos más por casos ocurridos en Quindío, Risaralda, Caldas y Caquetá. Son avances lentos para un compromiso ambicioso y muy solicitado por centenares de víctimas. En paralelo, la Agencia de Defensa Jurídica busca lograr soluciones amistosas con las víctimas que han demandado al Estado para evitar que los casos terminen en juicios que condenen a Colombia.

César Palomino, el director de la Agencia, le ha dicho a este diario que la mayoría de peticiones de víctimas de violaciones a los derechos humanos incluyen pedidos de perdón del Ministerio de Defensa, y que los militares “son los más obstinados en no pedir perdón, no aceptan responsabilidades fácilmente”. La dificultad radica en que la mayoría de casos están relacionados con actos de militares o policías, y el ministro se enfrenta al difícil equilibrio de mantener sus relaciones con la fuerza pública mientras cumple las políticas de la Casa de Nariño.

En Gobiernos anteriores, los actos simbólicos fueron realizados por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio y el mismo Ejército Nacional. Sin embargo, en agosto de 2023, Velásquez advirtió que habían encontrado sentencias sin cumplir desde 2011. En ese momento, cuando completaba un año en el cargo, aseguró que esas demoras hacían parte de una “intención de ocultar la verdad”. Y en un Gobierno que ha preponderado los simbolismos como parte de sus políticas de gobernanza, advertía que existía en sus antecesores una “pretensión de no hacer reconocimientos públicos de responsabilidad”. Al realizar los tres restantes este año, le quedarían apenas 19 meses para cumplir 45 sentencias más.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.