El escándalo de corrupción en la UNGRD se extiende a la ‘paz total’ de Petro

El caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el más grave que se ha denunciado durante el Gobierno de Gustavo Petro, y en el que se ha señalado a congresistas de recibir pagos millonarios para pasar las reformas del presidente, se está expandiendo. Esta semana ha tocado una de las principales banderas del Gobierno: la paz total. En la noche del martes Noticias Caracol dio a conocer un video filtrado en el que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, asegura ante la Corte Suprema de Justicia que desde el Gobierno le ordenaron direccionar contratos de dicha entidad para financiar a la guerrilla del ELN, presuntamente para que este grupo no se levantara de la mesa de negociación. Según esta información, el ELN necesitaría ese dinero público para frenar su práctica de secuestro extorsivo. Pero este miércoles la delegación del Gobierno en los diálogos ha negado las acusaciones.

“Como lo hemos reiterado en toda circunstancia, la exigencia al ELN de suspensión de la práctica del secuestro por razones económicas que ha formulado el Gobierno Nacional, nunca ha estado sujeta a ofrecimiento alguno de contraprestaciones o beneficios económicos”, dice el comunicado de la Delegación de Paz del Gobierno de Colombia en los Diálogos con el ELN. Los negociadores aseguran que su trabajo se ha regido por “los principio de legalidad y transparencia”, y que cuenta con la “permanente observación de la comunidad internacional -por medio de los países garantes y de los países acompañantes-, de la ONU y de la Iglesia Católica, así como de los observadores de las Fuerzas Militares y de Policía”.

El presidente Gustavo Petro también salió en defensa de la mesa de negociación, y contra las declaraciones de Olmedo López ante el tribunal supremo. “¿Entonces un proceso de paz cuyos miembros de la comisión negociadora incluye hasta miembros de la oposición, que cuenta con presencia de la Iglesia Católica, y los militares, que tiene como garantes a países extranjeros, cuyas reuniones tienen acta pública se enredó en una sucia transacción corrupta de contratos?”, dijo en su cuenta de X, para calificar la acusación como absurda. Respecto a López, considera que está dando estas declaraciones para conseguir un principio de oportunidad ante la justicia: “Que manera tan sucia de usar algo tan sagrado como la paz en rebajar penas sin devolver la plata robada”, añade.

La mesa de negociación entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla en armas en Colombia, se encuentra suspendida. El tema de la financiación es el foco del desacuerdo. Pese a que las partes habían pactado “la suspensión de las retenciones con fines económicos”, como se refiere el ELN al secuestro extorsivo de civiles, en mayo de este año la guerrilla anunció que retomaría esa práctica, lo que generó una nueva crisis. De hecho, el pacto del cese al fuego entre las partes está próximo a vencerse: rige hasta el 3 de agosto. De ahí la gravedad de las afirmaciones de Olmedo, que apuntan a que el Gobierno estaría buscando darle alternativas de financiación a la guerrilla para compensar el dinero que no estaba obteniendo de los secuestros.

El presidente Petro y otros altos funcionarios del Gobierno han descalificado las múltiples denuncias que ha hecho López. Se las atribuyen a su necesidad desesperada por conseguir beneficios de la Fiscalía, sobre todo de reducción de la pena, a cambio de entregar información. Argumentan que no ha presentado pruebas y, en efecto, sobre esta denuncia de financiación al ELN su testimonio es la única evidencia que se conoce hasta el momento. Desde que se hicieron públicos los sobrecostos en la compra de los carrotanques que debían llevar agua a La Guajira, Olmedo López ha sostenido que sólo seguía órdenes que venían de más arriba. Y respecto a los supuestos contratos para favorecer las finanzas del ELN, López también sostiene que fueron ordenados por varios ministros.

Se contraponen, entonces, dos narrativas. Por un lado, la de Olmedo y su número dos en la UNGRD, Sneyder Pinilla. De acuerdo con este último, la entidad le entregó 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y otros 1.000 millones al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para acelerar el trámite de las reformas del Gobierno. Todo, ordenado por altos funcionarios. Del otro lado, miembros del Gobierno sostienen que dicha acusación no tiene sentido, pues Name siempre se opuso a las reformas, mientras que Calle desde un principio estuvo a favor.

Este miércoles el abogado de Olmedo, José Moreno, aseguró que la publicación del contenido del video pone en riesgo la seguridad de su cliente —a quien calificó como el “testigo estrella del escándalo de la UNGRD”—, y a todo su equipo jurídico. Señaló que, tras conocerse el video de carácter reservado, dos de los colaboradores que trabajan en la defensa López presentaron su renuncia por temor a ser asesinados.

Para Moreno, se trata de una “filtración indecorosa” que los ha puesto en “riesgo inminente”, afirmación con la que de paso busca despejar las dudas respecto a que podría ser la misma defensa de Olmedo la que esté filtrando las pruebas del proceso. En ese sentido, el abogado precisó: “Esta defensa no tuvo acceso ni copia a dicha diligencia por instrucción del Honorable Magistrado, por este motivo hacemos un llamado a las autoridades competentes para poder garantizar la seguridad, vida e integridad del testigo Olmedo López y su familia”.

La Corte Suprema, por su parte, se reunió de forma extraordinaria y pidió una investigación a las autoridades sobre la filtración en esta instancia del proceso, que tipifica como una conducta penal. “En esta etapa del proceso, y antes de una eventual acusación, las declaraciones bajo juramento y la recolección de material probatorio tienen reserva por ley para garantizar los derechos de las partes y proteger los avances de las investigaciones”, explicó el tribunal en un comunicado.

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