Los camioneros no pagarán los platos rotos del fin del subsidio al diésel

Esta vez el alza será para el galón de diésel en Colombia. El decreto del Ministerio de Hacienda se firmó el lunes en la tarde y se ha confirmado que la medida solo aplicará para los vehículos pesados con un consumo anual superior a los 20.000 galones mensuales. Por lo tanto, el todopoderoso gremio camionero, el mayor usuario de este carburante, se ha librado por ahora del incremento con el que el Gobierno continúa el desmonte de un subsidio insostenible para sus arcas. La mayor carga se la llevarán unas 235 empresas o usuarios de vehículos industriales que, en general, no transitan grandes distancias por las carreteras del país, como las volquetas y megatractores utilizados en sectores como la minería, el petróleo, las cementeras o los ingenios.

Las mesas técnicas de negociación celebradas desde principios de año entre los transportadores y el Gobierno de izquierdas han servido para aparcar las movilizaciones que el gremio camionero suele poner como un manotazo sobre la mesa. Julio César Vera, gerente de la Fundación Xua Energy, calcula que el alza impactará al 12% de la demanda total de ACPM, el combustible de los motores diésel, en el país. De esta forma, los grandes consumidores llegarán a pagar, a partir del 8 de agosto, 15.000 pesos por galón. Un incremento muy significativo de 5.600 pesos, el 59,5%, con respecto a los costos actuales y que nivela con la cotización internacional del carburante.

El grueso de los analistas valoran como positivo el anuncio y, sin embargo, coinciden en que aún es insuficiente: “El Estado no puede seguir con un subsidio mensual tan costoso. No suena lógico con el déficit que tiene y más temprano que tarde tendrá que enfrentar el tema con el sector de transporte de carga”, asegura Vera. El Ministerio de Hacienda ha informado que el ajuste representará un ahorro anual de 600.000 millones de pesos. Y, de paso, servirá para seguir cosiendo el agujero de 12,7 billones dejado por el denominado Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), una subvención heredada de la administración del presidente Iván Duque.

Como consecuencia, el Estado colombiano ha tenido que desembolsar, entre 2008 y 2023, 100 billones de pesos para pagarle a la estatal Ecopetrol y a otros importadores el diferencial entre los precios domésticos e internacionales del combustible. También ha impactado los recursos del Presupuesto General de la Nación y la capacidad del Ejecutivo para llevar a cabo sus planes de inversión social. Los argumentos y datos se encadenan y en 2023 se ha calculado que 3 de cada 4 pesos del déficit del FEPC corrieron por cuenta del ACPM.

Michel Janna, doctor en Economía por la Northewestern University, opina que establecer precios diferenciados no es una buena estrategia en esta ni en ninguna coyuntura: “Distorsiona y genera problemas en la economía. Se presta para todo tipo de arbitrariedades y manejos irregulares”. Vera concuerda y argumenta que el Estado no cuenta con los controles necesarios para garantizar su eficiencia: “Muchos clientes podrían dejar de consumir a través de sus distribuidores mayoristas, que hoy abastecen directamente a los grandes agentes, y se empezarían a abastecer con comercializadores industriales o las mismas estaciones de servicio para evitar el pago del precio internacional”.

La ingeniera de petróleos y economista Brigitte Castañeda incide en la necesidad de verificar que los grandes distribuidores van a garantizar los precios fijados en la norma. “Y que no van a llenar sus tanques en suministradoras más pequeñas o de barrio, como ya lo ha advertido el ministro de Hacienda”. De esa tarea dependerá la efectividad del alza, remata Castañeda.

No sobra recordar que el precio del galón de gasolina corriente ha tenido un incremento del 48% desde julio-agosto de 2022, cuando el Gobierno emprendió el desmonte gradual del FEPC. “Hay que tener en cuenta que el Gobierno está en unas dificultades fiscales enormes”, precisa Janna, “hace un par de semanas anunció un recorte presupuestal por 20 billones de pesos y los cálculos más acertados sugieren que ha debido ser de 50 para cumplir con las metas fiscales”. Destaca, así mismo, que los ajustes deben cubrir de forma escalonada a todos los consumidores de ACPM: “En su momento tampoco me pareció buena la promesa, que no quedó en nada, de darle un precio de la gasolina diferenciado a los taxistas”.

El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó el lunes en un video difundido en las redes oficiales que el decreto no aplica en las estaciones de gasolina ni para los distribuidores minoristas: “Este decreto pone el precio del diésel a flotar con el mercado internacional”. Ahora queda en el aire la pregunta sobre una hipotética subida a futuro para el colectivo transportista y demás vehículos. Las quejas del sector, la mayoría de ellas rebatibles para los expertos, se recuestan en las posibles afectaciones económicas para un gremio que transporta el 90% de la carga total del país.

La práctica ausencia de vías férreas y otras alternativas de transporte se han sumado a la lista de factores que explican el poder desmedido del sindicato camionero. Con el paso del tiempo, sin embargo, las exigencias ambientales han empujado a todos los actores a plantear alternativas para reemplazar con mayor celeridad el uso de motores de combustión, como el diésel. “El discurso ambiental del Gobierno es inconsistente” sentencia Janna, “quiere reducir el consumo y la producción de petróleo y de carbón pero, al mismo tiempo seguir subsidiando de manera muy importante una parte del consumo de diésel”.

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