Hacienda alista un recorte presupuestal por 20 billones de pesos para corregir el desequilibrio fiscal

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha anunciado este viernes un recorte presupuestal por 20 billones de pesos en medio de las graves turbulencias fiscales que atraviesa Colombia. A dos meses de alcanzar la mitad del mandato del presidente Petro, el jefe de la cartera tiene ante sí la tarea de equilibrar unas proyecciones en las cuentas públicas desenfocadas para 2024. Se trata de una marcha atrás acogida por amplios sectores que ahora esperan el plan del Marco Fiscal de Mediano Plazo, donde se fijan las proyecciones macroeconómicas y de gasto oficial, para cerciorarse de que la reducción, además de ir en la dirección correcta, es suficiente.

El Ejecutivo, de hecho, anunció el jueves que bloqueará algunos renglones del gasto asignado a las entidades estatales, por un valor total que representa el 4% del presupuesto general. Se trata de una medida parcial y transitoria sobre algunos rubros de la función pública que aún no han sido aprobados. Por eso, Hacienda ha detallado que la decisión no afecta a los procesos contractuales en curso. Lo cierto es que el momento escogido para ponerle coto a las cuentas públicas coincide con el repunte en el recaudo tributario de mayo, que, tras un abril negro, subió un 11% real frente a mayo del año pasado.

“En este momento estamos mirando los rubros donde tenemos que hacer el recorte de manera preventiva”, subrayó Bonilla, “lo que hoy tiene el funcionamiento del Estado ya tiene expedidos Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por más de 200 billones de pesos, pero en principio la idea no es recortar programas sociales ni de Gobierno, hay otros programas que estamos evaluando”.

Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana han advertido desde junio del año pasado, cuando se presentó el anterior Marco Fiscal de Mediano Plazo, que el Gobierno se vería abocado a suspender algunos de los gastos dentro del Presupuesto General del Estado debido a las dudas que suscitaban algunas fuentes de ingreso. Todo lo anterior en medio de una economía estancada y que durante el primer trimestre del año creció un 0,7%.

Por eso, la batería de decisiones busca corregir desequilibrios a los que se ha llegado con mayor celeridad en los tiempos pospandémicos. Si bien es cierto que el Estado colombiano ha convivido durante décadas con un margen de déficit controlado, el desfase se ha agudizado a medida que los impuestos que pagan los colombianos no cuadran para cubrir las metas de gasto público. Y de poco han servido, al parecer, los esfuerzos del Ejecutivo de izquierdas con su reforma tributaria de 2022, que buscaba remendar viejas deficiencias en la redistribución de los impuestos y canalizar aquellos recursos para dotar a los ciudadanos más desprotegidos con un mínimo de protección social.

El monto original del Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso para 2024 ascendía a 503,2 billones de pesos, de los cuales ya se han ejecutado un 29%. Por el camino, sin embargo, han aparecido varios imprevistos en forma de borrascas para los objetivos estatales. La Corte Constitucional tumbó hace pocas semanas una norma incluida en la reforma tributaria a través de la cual se esperaba recoger 6,7 billones de pesos en impuestos de las empresas de hidrocarburos, y que había sido tachada de inconstitucional por opositores y expertos desde su trámite en el Congreso.

Los cálculos errados también han supuesto un choque contra la realidad. A pesar de que Hacienda contaba con recuperar entre 10 y 15 billones de pesos provenientes de los litigios que sostiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con los deudores morosos, a principios de mayo se conoció que las proyecciones eran distorsionadas y la Asociación Nacional de Entidades Financieras ha limitado esa fuente de recursos a menos de dos billones. La supresión de todos estos canales de financiación ha llevado al Ejecutivo a la búsqueda de alternativas para buscar la austeridad, pilotar sus proyectos sociales, cumplir con la regla fiscal y llegar a 2025 con ahorros suficientes en la billetera y hacer frente a la deuda pública.

“Todos los que consumen más de 20.000 galones de diésel en Colombia, van a tener precio actualizado”, adelantó el jueves sin asomo de duda el ministro Bonilla en referencia al postergado, pero previsible aumento al precio del ACPM. Una consigna que refleja a la perfección la necesidad de endurecer el camino para subsanar los huecos en la contabilidad. Inclusive si a la vuelta de la esquina se pueden prever las amenazas de huelga y otras movilizaciones del poderoso gremio transportador, el más afectado por la medida.

El ambiente para la próxima semana se anticipa caldeado. Pero el Gobierno ha interpretado que son tiempos ásperos para darle más gusto al todopoderoso gremio. Y es que las cuentas del Observatorio Fiscal de la Universidad sugieren que el próximo año el Estado deberá desembolsar 24 de cada 100 pesos en atender la deuda. En ese orden de ideas solo quedarán 70 billones para inversión. Algo así como 13 de esos 100 pesos.

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