Nos quedamos sin registrador

A veces el juego político y electoral de los magistrados de las altas cortes lleva a que los máximos intérpretes de las leyes de nuestro país cometan errores insalvables que no solo afectan el devenir democrático de Colombia, sino que además los deja a ellos como unos mentecatos. Un ejemplo de ello es la consulta elevada desde la Corte Suprema de Justicia al Consejo de Estado para intentar habilitar a Felipe Córdoba (Pipe para los cercanos) para que pueda ser candidato a ocupar la silla de procurador general de la Nación.

¿Qué necesidad tienen los abogados de mayor rango en la Rama Judicial de perratear un cargo como el de procurador? ¿O será que los magistrados valoran tan poco su trabajo y sus años de estudios que consideran que un señor cualquiera con apenas dos años de ejercicio profesional está a su nivel? En este caso la pelota está en manos de una magistrada del Consejo de Estado, quien con su decisión demostrará si valora su oficio y respeta a sus colegas o si simplemente es una más dentro de la inmensa nómina de amigos del mentado excontralor querido por tantos.

Pero infortunadamente para nuestros magistrados la mala hora (por no decir que el baño de desprestigio) no sólo se conjuga al ritmo que impone Pipe. Una decisión que aún no se ha anunciado desde la Sala Electoral del Consejo de Estado terminará por dejar en ridículo al menos a los tres magistrados que tuvieron la responsabilidad constitucional de elegir a quien hoy es registrador Nacional, pero a quien, anticipo, le quedan apenas unas pocas horas en dicho cargo.

En noviembre de 2023, los magistrados Fernando Castillo, Diana Fajardo y Jaime Enrique Rodríguez –entonces respectivos presidentes de la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado– definieron en su inmensa sabiduría que Hernán Penagos era el hombre que debía quedar a cargo de la entidad que se dedica a manejar la información de identificación de los colombianos y que, además, es rectora de los procesos electorales. Dicha elección se surtió a pesar de que algunos observadores alertaron sobre una posible inhabilidad de Penagos, pues menos de 12 meses antes de su inscripción para el proceso de selección de registrador este se desempeñaba como miembro del Consejo Nacional Electoral.

A los honorables magistrados aquello no les importó. Luego de los debidos pulsos políticos (porque los hubo) y las correspondientes negociaciones (que también se dieron) finalmente se decantaron por el también excongresista del Partido de La U. Y así quedaron las cosas hasta que el pasado mes de abril Leonardo Torres demandó dicha elección haciendo hincapié en aquello que meses antes se había advertido a los togados.

El Consejo de Estado ya tomó la decisión: la elección del registrador queda anulada. ¿Qué dirán en su defensa los otrora presidentes de las altas cortes? ¿Ese es el nivel de los abogados que están en la cima de la Rama Judicial? ¿No se percataron del detallito?

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