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El poder del Partido de La U para definir las reformas del Gobierno de Petro

La bancada de 25 congresistas está dividida frente a los proyectos de ley sobre salud, pensiones y régimen laboral

El presidente Petro se reunió en agosto de 2023 con la bancada del partido de la U.
El presidente Petro se reunió en agosto de 2023 con la bancada del partido de la U.
Juan Miguel Hernández Bonilla

El Partido de La U será clave para la aprobación o el hundimiento en el Congreso de las grandes reformas del Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, a pocos días de que comience la nueva legislatura, la bancada de 10 senadores y 17 representantes a la Cámara (15 directos y 2 por adhesión), aún no define cuál será su postura frente a los proyectos de ley que impulsa el ejecutivo sobre salud, pensiones y régimen laboral.

El partido, que hace unos meses dejó la coalición de Gobierno para declararse en independencia, terminó el 2023 dividido y comienza el 2024 igualmente roto. “No hay una posición unánime”, reconoce Alfredo Deluque, senador guajiro y copresidente de La U, en diálogo con EL PAÍS. Acepta que son pocos quienes, como él, han asumido una posición crítica frente al Gobierno Petro.

La reforma a la salud, la que va más avanzada de las tres, terminó con éxito su trámite en la Cámara con la ayuda de la mayoría de representantes de La U. Ahora deberá ser discutida en la Comisión Séptima del Senado. De ese partido, allí está Norma Hurtado, quien ha expresado críticas frente a la financiación del proyecto y ha dicho públicamente que “la reforma aún no está lista”. Frente a la pensional, que ya pasó por esa célula legislativa, Hurtado ha presentado a la plenaria del Senado una ponencia alterna a la del Gobierno, “que recoge las recomendaciones e inquietudes fiscales, de sostenibilidad y jurídicas de los actores del sistema, la academia y de los colombianos que cotizan al actual sistema y piensan que su ahorro podría estar en riesgo”.

A pesar de esas críticas, Hurtado ya votó a favor de la reforma pensional en la Comisión. Su voto será clave para que el proyecto que busca transformar de raíz el sistema de salud pase a la plenaria, donde se daría el último debate antes de convertirse en ley. Allí, en una plenaria con más de 100 senadores y múltiples bancadas escindidas, las cuentas están muy apretadas para el presidente Petro. Por eso, los 10 votos de los senadores de La U serán determinantes. Deluque lo resume así: “Somos muy pocos los senadores de la U quienes hemos manifestado públicamente que no apoyaremos la reforma de salud, pero espero que tengamos mayorías”.

Víctor Manuel Salcedo, representante a la Cámara por el Valle del Cauca y también copresidente del partido, coincide en que La U no tiene una posición de bancada clara. El congresista, muy cercano a la poderosa gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, explica que ni siquiera se han reunido para definir una postura conjunta ante las tres reformas, pero cree que será muy difícil que se pongan de acuerdo. “Aquí no va a haber unidad”, se lamenta.

Salcedo dice por teléfono a EL PAÍS que la estrategia del Gobierno de no negociar con los directivos de los partidos, sino directamente con cada congresista, afecta la unidad de la bancada. “Se va a repetir lo que pasó en el trámite de la reforma a la salud el semestre pasado en la Cámara: algunos votamos negativamente todo el proyecto, otros lo votaron positivo, y otros votaron negativos unos artículos y positivos otros”. Salcedo explica esas diferencias como parte de una cultura legislativa poco sana: “El Congreso tiene una particularidad, lo que hoy es, mañana no es”. Para Salcedo, el cambio del sentido de los votos tiene que ver con la “capacidad de persuasión del Gobierno”.

—¿No influyen la ideología o las convicciones políticas?

—Eso es muy romántico, usted sabe cuál ha sido la estrategia del Gobierno para que no se hundan las reformas, al graneo.

Dice, sin decirlo, que la forma de obtener los votos ha sido con puestos, dinero, o proyectos para las regiones. Con mermelada, en el argot político colombiano.

Este semestre, la Comisión Séptima de la Cámara debe terminar de discutir la reforma laboral, que hasta ahora inicia su recorrido. Salcedo, quien forma parte de ella, se muestra moderadamente crítico. “Mi posición es que no votaré el bloque colectivo de estabilidad laboral reforzada, pero no me voy a oponer a toda la reforma porque hay dos puntos importantes en los que estoy de acuerdo: pagar el 100% en el recargo dominical para los trabajadores y regresar las horas extras nocturnas desde las 7:00 p. m.”.

Jorge Eliécer Tamayo, otro representante de La U por el Valle del Cauca, ha estado más cerca de las posturas del Gobierno de Petro que Salcedo y Deluque, pero coincide con ellos en que frente a las reformas hay divergencia. “Yo soy de los que cree que el país necesita cambios estructurales y la única manera de lograrlos es hacer una reforma de fondo”, explica por teléfono.

Tamayo espera que cuando las reformas laboral y pensional sean aprobadas por la Comisión y lleguen a la plenaria de la Cámara, las mayorías de su partido las apoyen, como ocurrió con la de la salud. “De los 17 representantes, hay 10 o 12 muy de acuerdo de las reformas”, dice. Reconoce que en el Senado la correlación de fuerzas es más difícil para el Gobierno, pero ve una luz de esperanza para su postura: “Ellos no se niegan al diálogo, ni a la posibilidad de estudiar a fondo estos temas, creo que hay espacio para llegar a acuerdos”.

Saray Robayo, representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, resume bien la línea general de su bancada. Dice que han apoyado algunas iniciativas del Gobierno, pero han sido críticos frente a las reformas. “Hay que construir sobre lo construido y no modificar lo existente para empezar desde cero”, explica a EL PAÍS. La congresista afirma que en los próximos días puede haber más claridad. “Nos reuniremos en bancada para estudiar de manera colegiada cuál será la posición del partido y así discutir cada una de las reformas”, cuenta.

Más allá de las reuniones de los congresistas, en marzo será la décima asamblea del partido. Es posible que allí, en medio de las diferencias, los 25 senadores y representantes lleguen a un acuerdo sobre mínimos. Salcedo insiste en que el partido de barones electorales que nació bajo el influjo del expresidente Álvaro Uribe luego fue central en el Gobierno de Juan Manuel Santos, y desde entonces perdió votos y fuerza; no es opositor ni aliado incondicional del Gobierno Petro. ”No somos ni del sí, ni del no, el partido ha demostrado independencia”. En eso coinciden todos sus compañeros consultados, que se sienten cómodos en ese lugar ambiguo, donde pueden apoyar lo que les gusta y negar lo que creen que es malo para el país.

También dicen que La U no tiene representación en el gabinete del Gobierno, como sí tuvo en el primer semestre de la Administración de Gustavo Petro. “Hay unos ministros que fueron militantes antes”, dice Tamayo, en aparente referencia a Mauricio Lizcano, el ministro de las TIC que fue senador de La U pero formó su propia agrupación en 2021. “Ahora no representan al partido. No estamos en la administración”, concluye el congresista.

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Sobre la firma

Juan Miguel Hernández Bonilla
Periodista de EL PAÍS en Colombia. Ha trabajado en Materia, la sección de Ciencia de EL PAÍS, en Madrid, y en la Unidad Investigativa de El Espectador, en Bogotá. En 2020 fue ganador del Premio Simón Bolívar por mejor reportaje. Estudió periodismo y literatura en la Universidad Javeriana.
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