La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) niega la libertad condicional a Salvatore Mancuso

Salvatore Mancuso seguirá en la cárcel La Picota de Bogotá. El exjefe paramilitar aterrizó hace un mes y medio en Colombia y, desde el primer minuto, alegó que tenía derecho a la libertad condicional. Después de 15 años en una cárcel de Estados Unidos, consideraba que ya había cumplido allí con las condenas que le eran obligatorias en el proceso de justicia transicional conocido como Justicia y Paz. Sin embargo, un juez le negó la petición el 13 de marzo, alegando que aún tenía 33 medidas de aseguramiento. En un giro excepcional en la justicia transicional, otro tribunal, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), decidió llevarse el caso legal de Mancuso a sus oficinas y reevaluar la petición de libertad. La esperanza del exparamilitar se renovaba. Si este último tribunal consideraba que le era posible aportar a la verdad sobre el conflicto desde la libertad, podría salir de La Picota. Pero no fue así.

“No se concederá la libertad transitoria, condicionada y anticipada solicitada”, dice claramente el fallo de la JEP, firmado por la sala de definición de situaciones jurídicas, explicando que debe tomar en consideración “la revocatoria de la libertad relacionada con por lo menos 2.600 hechos que cursan en Justicia y Paz, al igual que las decisiones sobre su libertad adoptadas por este tribunal”. Mancuso había pedido la libertad, además, para ser gestor de paz en el Gobierno de Gustavo Petro —una oferta que le hicieron desde Presidencia y que, detenido, seguirá truncada― Su libertad no es un derecho automático sino que está condicionada al proceso de confianza que este construya aportando la verdad a las víctimas, le explica la JEP al excomandante paramilitar sobre la decisión.

Así que ese proceso de verdad y confianza tiene que avanzar. Justo unos días antes, la JEP llamó a Mancuso a rendir su versión sobre dos masacres cometidas por grupos paramilitares en alianza con la fuerza pública, conocidas como las masacres de El Aro y La Granja. Las dos ocurrieron durante los años noventa, en el departamento de Antioquia, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez era el gobernador. El exmandatario extraditó en 2008 a Mancuso y descalifica los aportes de verdad del exparamilitar porque considera que este solo busca vengarse de esta extradición. Mancuso, pide la JEP, también debe aportar la verdad sobre las Convivir, unas alianzas de empresarios ganaderos con grupos paramilitares ocurridas en Antioquia en los noventa.

Mancuso, sin embargo, sigue considerando que debería aportar esta verdad desde la libertad. “No hay justificaciones fácticas ni legales que justifiquen su actual detención”, respondió la defensa del excomandante ante la decisión de la JEP, alegando de nuevo que el exparamilitar ya cumplió con las sentencias de Justicia y Paz. “Llamamos a una revisión urgente de su caso para resolver esta paradoja legal que afecta no solo a Mancuso sino al proceso de paz mismo, puesto que no le han otorgado las garantías jurídicas necesarias”, añaden.

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