Salvatore Mancuso no podrá ser gestor de paz y seguirá en la cárcel

Salvatore Mancuso, el excomandante paramilitar que regresó a Colombia hace dos semanas después de pasar 15 años en una cárcel norteamericana, esperaba vivir ahora en su país bajo libertad condicional. Argumentaba que, después de cumplir su sentencia por narcotráfico y, a la vez, tres condenas de la jurisdicción especial de Justicia y Paz por los crímenes que cometió como líder paramilitar, la justicia colombiana podría dejarle en libertad mientras se resolvían los procesos legales que tiene abiertos. Su designación como gestor de paz, hecha por el Gobierno para que sirva de mediador con grupos que buscan negociar con el Estado, le servía de sustento legal adicional. Pero no será así. Un juez de Justicia y Paz, de Barranquilla, le ha negado este miércoles la solicitud de libertad, recordando las 33 medidas de aseguramiento que tiene en su contra en el departamento del Atlántico. Mancuso continuará en la cárcel La Picota, de Bogotá, donde ha estado desde que aterrizó en el país.

Mancuso no era el único que quería su libertad. La Presidencia, al designarlo como gestor de paz en el 2023, pidió lo mismo. Tiene sentido, ya que se trata de una figura creada para quienes pueden servir de intermediarios entre el Gobierno de Gustavo Petro y los grupos ilegales con los que haya acercamientos o diálogos de paz. Ese nombramiento era el as del excomandante para que la justicia accediera a su solicitud. El juez Carlos Andrés Pérez, sin embargo, dijo que la resolución presidencial que lo designa es inconstitucional. “Tiene serios vicios que la hacen incompatible con la Constitución Política al pretender una excarcelación abierta e ilimitada para un postulado de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y para quien, solo en este tribunal, se le han atribuido responsabilidades por 34.000 crímenes de lesa humanidad y de guerra”, dijo el juez.

Los casos penales contra Salvatore Mancuso están en distintas jurisdicciones, lo que hace enredado prever su futuro judicial. Desde 2006 está acogido a Justicia y Paz, la jurisdicción que investiga a los antiguos paramilitares tras un proceso de paz con el Gobierno Uribe. Allí, sigue siendo investigado por esos 34.000 crímenes. Por otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz o JEP, la jurisdicción acordada con las extintas FARC que investiga a la fuerza pública y a la guerrilla desde 2018, decidió acoger a Mancuso el año pasado por haber actuado como una “bisagra” con las fuerzas militares que cometieron crímenes. La decisión de este miércoles demuestra que no será tan fácil para el excomandante, ni para la justicia, tenerlo en esos dos complejos procesos de justicia transicional y que, a la vez, sirva como parte de la ambiciosa política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro.

El Clan del Golfo, el más grande grupo criminal heredero de los paramilitares, expresó recientemente que no ve en Mancuso un gestor de paz ante una posible negociación con el Gobierno. Otro grupo criminal de menor tamaño, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, anunció lo contrario: sí lo quieren como mediador. Pero el juez de Barranquilla argumenta que hay un problema al entender a Mancuso como gestor en procesos con grupos de los que no hace parte. Recuerda que si tuviera autoridad entre ellos, sería una forma de violar su compromiso con la paz, o al menos con Justicia y Paz.

“No tiene coherencia que se haya insistido, por el procesado, en que la desmovilización constituyó el fin de su liderazgo paramilitar, y que hoy en día se insinúe o se sugiera entre líneas que aún tiene una supremacía o ascendencia sobre estructuras criminales emergentes”, dijo el juez Pérez. Hay una contradicción a resolver, insistió.

La decisión es una piedra en el camino de Mancuso y del Gobierno, y una buena noticia para el uribismo. El excomandante paramilitar regresó al país expresando su compromiso con la paz total del presidente Petro, mientras que quien más ha criticado la posible liberación de Mancuso y su rol como gestor de paz es el expresidente Álvaro Uribe. Este último ha insinuado que el excomandante paramilitar no solo miente contra él (al acusarlo de aliado del paramilitarismo), sino que podría poner su vida en riesgo. Los abogados de Mancuso apelarán la decisión tomada este miércoles en Barranquilla. Mientras tanto, ni el uribismo puede decir que Petro dejó a Mancuso en libertad, ni el petrismo puede contar con Mancuso como gestor de la Paz Total.

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