Más precarios y desprotegidos: las paradojas tras el aumento del empleo en Colombia

El desempleo afecta al 12,7% de la población activa colombiana, según el reporte de enero confeccionado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De lo anterior se deduce que hoy hay alrededor de 22,02 millones de personas empleadas y 3,1 millones que buscan trabajo. En su lectura anual hubo una reducción de un punto porcentual y la informalidad bajó dos puntos hasta ubicarse en 56,4%, pero aún sigue englobando a 12 millones de ciudadanos. Los datos formales continúan una tendencia positiva y, sin embargo, las perspectivas no son alentadoras.

Al hacer un zoom a las cifras se puede concluir que el descenso en varios de los indicadores se ha traducido en la adición de miles de puestos de trabajo marcados por la precariedad y la ausencia de protección social. De hecho, los sobresaltos en las mediciones mes a mes hacen presagiar un repunte en el número de desocupados en su lectura anual. La tasa de desempleo ya pasó de 10% en diciembre al 12,7% en enero en un comportamiento habitual y atribuible, en parte, al dinamismo de la actividad comercial de fin de año.

La economía colombiana sigue destilando datos modestos y a veces contradictorios tras el sacudón de la pandemia. Mauricio Salazar, economista y catedrático de la Universidad Javeriana, detalla que en paralelo a la reducción del desempleo se ha visto un aumento en el número de trabajadores que ganan entre cero pesos y un salario mínimo (un millón 300 mil pesos): “En 2022 era el 44% y en 2023 subió al 46%. Son cambios pequeños y probablemente normales en una economía en proceso de desaceleración, pero es interesante ver cómo se va ampliando esa porción en sueldos que no son necesariamente productivos”.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) le ha hecho un seguimiento detallado al tema y ha evidenciado, al contrastar los últimos trimestres de 2022 y 2023, que la informalidad, entendida como el número de trabajadores que no contribuyen a salud ni pensiones, se ha mantenido prácticamente inalterada en sectores como el agro: “Pasó de 86,9% a 85,1%″, explica la investigadora Luz Magdalena Salas, “esto se puede atribuir, por ejemplo, al aumento de jornaleros y peones que no reciben un contrato laboral formal y no cumplen con sus aportes de seguridad social”.

Se trata de un proceso de precarización que se ha acentuado con mayor encono en el comercio y la industria. De acuerdo con los análisis de ANIF y las cifras del DANE, los empresarios han preferido, en general, recostar el aumento en los costos finales de sus productos en sus empleados antes que hacerlo sobre sus clientes. “Nosotros hemos estudiado la transición en el número y tipo de trabajadores que se contratan. Entre el 2019 y 2023 hemos visto un aumento en el número de trabajadores de empresas unipersonales e independientes”, afirma Salas. La formalización en este tipo de pequeñas empresas o negocios pasó de 20,8% al 9,6%. Esto hace que el dato en el aumento en la creación de empleos sea en apariencia positivo, pero que mirado de cerca revista varios problemas.

Para la investigadora de ANIF se trata de un método para amortiguar las pérdidas en las utilidades de los últimos trimestres del año. “Después de un trimestre dando pérdidas, lo que muchos han hecho es dejar de contribuir a pensiones o salud. Incluso para las empresas de 2 a 5 empleados hemos visto que la forma de responder a la caída de sus ventas no ha sido necesariamente despedir a sus trabajadores, sino más bien mantenerlos dentro de unas condiciones más precarias”. Otro factor que resulta alarmante para el profesor de Economía de la Universidad de los Andes, Andrés Álvarez, es el crecimiento desmedido del empleo en el sector público.

Desde ya se habla en algunos casos de un incremento interanual del 300%: “En principio hubo críticas porque el Gobierno estaba subejecutando el presupuesto del año pasado. Pero a finales de año aceleró y mucho de su crecimiento en el gasto público lo destinó al empleo de personas en el Estado”. Para Álvarez es un elemento problemático: “Se trata de un gasto autónomo que no es sostenible a largo plazo. Por muchas razones. No se puede seguir incrementando el déficit fiscal”.

Mauricio Salazar añade que el Gobierno Petro se ha mostrado muy agresivo a la hora de expandir el aparato estatal con “burocracia y nuevas dependencias ministeriales. El Estado, que está dentro del renglón de servicios administrativos y personales, participó con un punto porcentual más en empleo en 2023 que en 2022 y en el agregado sobresale como uno de los factores que ha explicado los números globales de desempleo”. El aumento en el nivel de los salarios, por su parte, se ha mantenido a flote y en paralelo al alza de la inflación. “En la mayoría de sectores no hubo una caída real del salario por hora, salvo para el comercio y las actividades inmobiliarias”, especifica Luz Magdalena Salas.

Al desgranar los datos también se evidencia que los jóvenes son los más afectados con menores incrementos: “Esto genera preocupación sobre todo en el sector agrícola, donde a pesar de que el personal ocupado aumentó en total 1,4%, el 82% son hombres, una brecha histórica que, en todo caso, muestra que los trabajos que se están creando se están yendo de forma desproporcionada hacia los hombres”. Álvarez recuerda, en la misma línea, que las “mujeres están saliendo cada vez más al mercado laboral, pero como es tradicional para trabajos de baja remuneración”.

El académico agrega que, a la espera de los datos de febrero, la pérdida de trabajos bien remunerados en minería, industrias pesadas o el sector agrícola suele desencadenar en un “bajo consumo, una percepción pesimista de los inversionistas y una disminución sobre los ingresos promedio de todos los colombianos”. Y Luz Magdalena Salas concluye: “No estamos hablando solo del tamaño de las empresas o del número de puestos de trabajo creados, sino además de qué tan protegidos están los trabajadores en términos de salario, horarios, distancia para llegar al trabajo o prestaciones sociales”.

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