Petro, la Corte Suprema y el afán por la elección de la nueva fiscal general

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, finaliza su periodo el próximo 12 de febrero. Llegó al cargo en 2020 apadrinado por el entonces presidente, Iván Duque —el mejor amigo de sus años universitarios—, y desde 2022 se convirtió en uno de los rostros más visibles de la oposición a la nueva Administración, la de Gustavo Petro. Sus múltiples choques con el Gobierno, que lo convierten en blanco de amores y odios a lo largo del espectro político, lo han ubicado frecuentemente en el centro de la polémica y el debate nacional. Su último tramo en la Fiscalía no es la excepción. Los magistrados de la Corte Suprema todavía no eligen a su sucesora y no está claro cuánto tardarán.

Petro presentó su terna para fiscal con antelación, el 2 de agosto del año pasado. Optó por postular a abogadas con pasado en el ente acusador: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Amparo Cerón, a quien reemplazó cinco semanas después por Luz Adriana Camargo, ya que sobre la candidata inicial pesaban cuestionamientos por el manejo que dio a la investigación del caso Odebrecht.

Desde el cambio de Cerón por Camargo han transcurrido un poco más de cuatro meses y la elección avanza lentamente. Los 23 magistrados que conforman la Corte Suprema estaban citados a Sala Plena el 25 de enero, después del descanso de la Rama Judicial. En el orden del día destacaban dos votaciones, la que determinaría al presidente y vicepresidente del tribunal y la de la nueva fiscal general. Ambas se llevaron a cabo, pero solo la primera llegó a feliz término. Distintos medios, desde días atrás, anticiparon que era improbable que alguna de las candidatas consiguiera en el primer intento los 16 votos requeridos para obtener la investidura, pues nunca ha ocurrido. Y eso fue lo que pasó. 13 magistrados, según reportó Caracol Radio, se decantaron por el voto en blanco, una señal de que la decisión no está cocinada.

Buitrago, Pérez y Camargo habían expuesto sus planes para la Fiscalía frente a los magistrados de la Corte en noviembre. Varios de ellos, luego de que no se concretaran las mayorías necesarias en la votación de la Sala Plena, las citaron individualmente este lunes para volverlas a escuchar. El ritmo pausado de la elección y la incertidumbre sobre el reemplazo del fiscal saliente no son inusuales. Los últimos cuatro fiscales generales recibieron la institución de manos de fiscales interinos, que tras ser vicefiscales de la cabeza saliente, habían recibido el cargo mientras la Corte elegía un reemplazo definitivo.

Mario Iguarán fue fiscal general entre agosto de 2005 y julio de 2009. Al momento de su salida, la Corte rechazó las ternas presentadas por Álvaro Uribe, quien terminaba su segundo mandato consecutivo en la Presidencia de la República, en medio del escándalo de las interceptaciones ilegales efectuadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), del que fueron víctimas algunos magistrados. La Corte y el presidente estaban enfrentados por cuenta de las investigaciones de los magistrados a congresistas del oficialismo y que habían sido elegidos gracias al apoyo de grupos paramilitares, en el sonado escándalo de la parapolítica. La disputa repercutió en que Guillermo Mendoza Diago ocupara la silla de Iguarán hasta enero de 2011, cuando el nuevo presidente, Juan Manuel Santos, presentó una terna en reemplazo de las de Uribe (uno de los motivos que llevaron a que padrino y ahijado terminaran en las antípodas políticas). La Corte eligió por primera vez a una fiscal, Viviane Morales.

Morales no terminó su cuatrienio. El Consejo de Estado anuló su elección luego de concluir que, debido a varias vacantes en la Corte Suprema, no contó con el apoyo de dos terceras partes de los magistrados. Tras su salida, en marzo de 2012, fue relevada de forma interina por Marta Lucía Zamora. Dos semanas más tarde, los magistrados de la Corte Suprema estudiaron la terna enviada rápidamente por Santos, y seleccionaron a Eduardo Montealegre. Al terminar su cuatrienio, su vicefiscal Jorge Perdomo se encargó de la dirección de la institución entre marzo y julio de 2016, cuando la Corte eligió a Néstor Humberto Martínez. La era de Martínez como fiscal general duró menos de tres años: dimitió en mayo de 2019 y Fabio Espitia lo relevó provisionalmente. Siete meses más tarde, en enero de 2020, Francisco Barbosa se convirtió en fiscal.

La Sala Plena de la Corte Suprema se reunirá de nuevo el próximo 8 de febrero para votar. Si ninguna de las ternadas obtiene 16 votos, Barbosa entregará las llaves de la Fiscalía a su vicefiscal, cargo que durante todo el período ha ocupado Martha Mancera, su mano derecha. El Gobierno y algunos sectores de izquierda rechazan esa posibilidad al verla como una continuidad de Barbosa, quien ha sido un crítico acérrimo del Gobierno. El fiscal saliente ha calificado a Petro como “un dictador” y en varias ocasiones ha cuestionado públicamente las iniciativas del jefe de Estado, como sucedió con la Ley de Paz Total, a la que calificó como “un beneficio al narcotráfico”.

Además, sobre Mancera pesan denuncias que la señalan de proteger a funcionarios corruptos que trabajaban en Buenaventura, al occidente del país, lo que motivó una investigación de la misma Fiscalía. El caso pasa por el asesinato de un agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en 2021, en una pesquisa que, según compañeros del asesinado, demostraba que la cabeza de la entidad en ese municipio estaba vinculado con el tráfico de armas y de drogas ilegales. Aunque la indagación contra Mancera fue cerrada, como explica la periodista Yolanda Ruiz en este diario, ese antecedente lleva a que la vicefiscal no genere “en todos los sectores la tranquilidad y el respeto requeridos para el cargo”. Pero si la Corte Suprema no logra humo blanco en los próximos 12 días, a menos de que Mancera renuncie o Barbosa cambie de vicefiscal en la hora nona, “el segundo cargo más importante” del país, como Barbosa mismo lo llamó, será ocupado por ella.

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