El alma de la toga
Si el Gobierno y sus cortesanos exhibieran respeto por la dignidad de los jueces y magistrados, la vida sería más sabrosa para todos

Le asiste al presidente Gustavo Petro el derecho de manifestar que no le gusta la vicefiscal Martha Mancera para fiscal general encargada. Probablemente, si los obuses siguen retumbando de lado y lado, llegaremos al escenario de ver a Mancera devolviendo atenciones al presidente. Y, si la batalla que comenzó con Francisco Barbosa hipotéticamente continuara con Mancera, no haríamos más que seguir presenciando esta opereta de la confusión judicial.
Leales alfiles de Gustavo Petro, como el exsenador Gustavo Bolívar, exigen una decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en materia de elección de fiscal. Se confunde Bolívar, porque la CSJ sí ha manifestado su voluntad y ha tomado decisiones: lo hace votando, aunque no se elija de un tirón a una de las tres ternadas.
Se propone, entonces, que, ante el “peligro” de tener a Mancera de fiscal encargada, debe reformarse la manera en que se elige a la cabeza de la Fiscalía. Más confusión: esa reforma no procede en redes sociales, porque para eso el Estado tiene una arquitectura jurídica que no obedece a las querencias (o malquerencias) del gobernante de turno y sus alfiles digitales.
Juristas de todos los pelambres coinciden en que, al tenor la legalidad, la CSJ dispone de sus propios tiempos para elegir fiscal. Es garantía de una democracia sana que el presidente entienda que una elección de semanas o meses no expresa ánimo alguno de mortificarlo o desconocer la majestad de su cargo. Las cosas se hacen como la ley dispone y no como determine quien haya ganado las elecciones. De hecho, los presidentes triunfan en las urnas con el deber de defender la Constitución y las leyes. Y no de desconocerlas. Eso de que una rama del poder público arree a otra, no se ve ni en la vaquería. Tal vez en la chabacanería.
Si el presidente está intranquilo con las calidades jurídicas o éticas de Mancera, tendrá canales para hacérselo saber a los magistrados, con tacto, y evitando presiones innecesarias. Y, si los magistrados comparten dicha intranquilidad, de seguro habrá elección expedita. Pero quizás los magistrados están inquietos con la preparación o el perfil profesional de las candidatas. Si el presidente las ternó, se entiende que le parecen juristas con suficientes calidades para ponerse al frente de la Fiscalía. Pero lo que piensa el presidente no necesariamente coincide con lo que cada uno de los magistrados tiene en la cabeza o el alma.
El alma de la toga, clásico de 1919 del abogado español Ángel Ossorio y Gallardo, incluye palabras repletas de razón, que bien podrían hoy convertirse en brújula para superar la tormenta: “En los pasillos de una Audiencia, casi todo el mundo se descubre al paso de un togado, aunque no hay disposición que lo ordene, ni alguacil que lo requiera. Y no es por temor ni por adulación. Temor, ¿de qué? Adulación, ¿para qué? Es porque el clarividente sentido popular, al contemplar a un hombre vestido de modo tan severo, con un traje que consagraron los siglos, y que sólo aparece para menesteres trascendentales de la vida, discurre con acertado simplismo: ‘ese hombre debe ser bueno y sabio”.
No se trata de tragar entero; tampoco de rendir pleitesía a los magistrados, pues la corrupción y las veleidades de la política también han tocado a las puertas de las cortes. Pero las cosas saldrían mejor si respetáramos las decisiones y el criterio de los seres humanos que vibran bajo las togas.
También, si aquellos que desde la rama Ejecutiva promueven la rápida elección de la cabeza del ente acusador no tendieran a incitarla por un método non sancto, como sería enganchar como próximos contratistas del Estado o futuros embajadores, a algunos de los cinco magistrados que acabarán su periodo en abril, y que resultan ciertamente claves para inclinar la balanza de la elección. Con ello, ganaríamos todos. Empezando por quien ganó las elecciones.
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