Cinco indígenas son asesinados en el Cauca a dos días de Nochebuena

La violencia en Colombia no cesa. Ya se registran 93 masacres en lo corrido de 2023, según datos de INDEPAZ. La más reciente se presentó en la madrugada de este viernes en el resguardo indígena de Canoas, en Santander de Quilichao, norte del Cauca. Así lo denunció a través de redes sociales la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Las víctimas fueron el profesor Jhon Freiman Ulcue, su esposa Yisel Menza y su hija de 15 años, Jelen Charit Ramos, asesinados en la vereda Carbonero. En Vilachí, una vereda contigua, también en la madrugada, fueron asesinados Davison Fernández Ramos y Jesús David Labio Ramos.

La ACIN y la alcaldesa de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán, confirmaron que el docente asesinado era un líder social de la zona. Trabajaba en la institución educativa Las Aves, escuela de la que en el pasado marzo fueron raptados varios menores. “Quiero resaltar que Jhon Freiman era una persona que trabajaba por la comunidad, al igual que su esposa”, dijo la mandataria quilichagueña en la emisora Blu Radio. De acuerdo con la información preliminar compartida por las autoridades indígenas, los crímenes se registraron alrededor de las cuatro de la mañana, luego de que varios hombres armados ingresaran a la residencia de Ulcue.

En Cauca, esta fue la octava masacre de 2023, como cierre de una semana sangrienta. Solo en la noche del miércoles, las autoridades locales alertaron sobre el hallazgo de seis cuerpos en diferentes veredas entre los municipios de Corinto y Caloto: tres hombres fueron encontrados en una carretera intermunicipal; dos, abandonados cerca de una estación de gasolina, y el sexto fue aparentemente asesinado en un tiroteo.

El departamento, que tiene una enorme población, además de comunidades afrodescendientes, choques entre varios grupos armados, cultivo de coca y marihuana, es el que ha sufrido más homicidios de líderes sociales. En las últimas dos semanas tres han sido asesinados. El crimen más reciente fue el de Carlos Arturo Quijano, líder campesino y expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Lucía, en el municipio de Silvia. Días antes, las víctimas fueron el dirigente indígena Marino Pavi Julicué, en Toribío; y Robert Fernández, reclamante de tierras asesinado en Cajibío.

Esta oleada de violencia se presenta en medio de dos procesos de negociación entre el Gobierno y los dos grupos armados más poderosos de la zona, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y la agrupación de disidencias de las extintas FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC), con las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos. Para Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina del Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la dinámica de violencia en el Cauca es muy compleja, y responde a años de disputa entre grupos ilegales.

“Lo triste es que la mayoría de los integrantes de la columna Dagoberto Ramos del EMC está integrada por indígenas nasa, que se han distanciado del movimiento indígena. Hay zonas que han parido hijos para la guerra por mucho tiempo. Es difícil determinar motivos de ese ensañamiento diferentes a la lucha por el control territorial. Otros buscan reclutar, desconociendo las autoridades indígenas, mientras organizan el negocio de la marihuana en la zona”, explica el investigador.

Días antes de estos homicidios, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ya había convocado a una rueda de prensa para este viernes. La intención del espacio fue denunciar violaciones sistemáticas a los derechos humanos en sus comunidades. “Desde los seis resguardos del pueblo nasa presentes en Caloto estamos muy preocupados. Nos tildan de pertenecer a uno u otro grupo armado, llámese ELN, Dagoberto Ramos, o Jaime Martínez y rechazamos esas afirmaciones. Estos grupos han dicho que están en un cese al fuego, pero aquí nos están matando. Además, tienen varias estrategias para debilitar al movimiento indígena, como los cultivos de uso ilícito”, aseguró en declaraciones públicas desde Caldono, Darío Campo, vocero de las autoridades indígenas de ese municipio.

“Este no es un conflicto nuestro, es un interés de algunas comandancias del ELN o de la Dagoberto Ramírez”, añadió Campo en la rueda de prensa y reclamó atención urgente del Gobierno para detener el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas, un problema que se ha venido recrudeciendo en los últimos años.

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