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Desaparición forzada
Tribuna
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La soledad ética

Basta la mala suerte de cruzarse con las rutas de la violencia, para que el delirio de unos u otros se cobre la vida de alguien y le deje estampado un estigma que martirice a toda su familia por generaciones

Desapariciones en Latinoamérica
Carlos Alfredo Castro Aguirre, desaparecido en 2004.Archivo

Hay un tipo de abandono que no se remedia con el paso del tiempo. Jill Stauffer le ha llamado soledad ética. Es el aislamiento que sienten quienes han sido perseguidos o atrozmente dañados, cuando constatan que fueron apartados de la humanidad, que no son escuchados por quienes tienen poder sobre sus vidas. Aunque parece una condena insuperable en crueldad, puede ser peor si se sufre mientras se espera que un familiar o amigo regrese del “pueblo de las sombras”. Ese lugar al que, según Cortazar, han ido a dar los miles de desaparecidos por la dictadura argentina, y al que se han agregado los ciento cuatro mil desaparecidos de Colombia.

Carlos Alfredo Castro Aguirre era el quinto de los siete hijos de Maria Otilia Aguirre. Sus hermanos cuentan que era el más alegre. Él prometía acompañar los sueños de todos: una casa mejor para su mamá, o la profesión de una hermana que se quería convertir en criminóloga. El 29 de junio de 2004 le ofrecieron un trabajo en una finca. Aceptó con la ilusión de ganar un poco más. Fue engañado por paramilitares que habían acordado entregarlo al comandante Carlos Yobani Medina Bayona, a cargo de la Batería Bombarda del Batallón La Popa (en Valledupar – Cesar). Al otro día lo mataron.

Medina ha contado ante la JEP, que Carlos Alfredo fue asesinado junto con otros cuatro civiles inocentes engañados y entregados a él por paramilitares a cambio de material de guerra. La JEP ha establecido que los cuerpos fueron trasladados por los asesinos, presentados como guerrilleros dados de baja en combate, sepultados como NN y desaparecidos.

Entre la esperanza de encontrarlo vivo, y el miedo inoculado por su desaparición y por el asesinato aun impune de otro hermano que lo buscaba, la familia Castro Aguirre llevaba tres años tras sus rastros. Se enteraron de la muerte de Carlos, por un periódico local que publicó los nombres de esos muchachos. Pese a estar plenamente identificado, la familia aun espera recuperar su cuerpo.

En la dimensión mordaz de los falsos positivos, la desaparición forzada es un instrumento del estigma. La desaparición del cuerpo se lleva la huella de la atrocidad, emborrona la biografía y deja espacio para el efecto de la palabra estigmatizante, para el fantasma de la deshonra. Las veces que doña Maria Otilia fue al Batallón con la madre de otro de los desaparecidos, las atendió una mujer que les decía que no se llamaran al engaño, que sus hijos eran guerrilleros aunque ellas, como cualquier madre, los creyeran inocentes. Así funciona la arbitraria geografía de nuestra guerra. Basta la mala suerte de cruzarse con las rutas de la violencia, para que el delirio de unos u otros se cobre la vida de alguien y le deje estampado un estigma que martirice a toda su familia por generaciones.

Aunque Medina Bayona ya contó lo que pasó y reconoció su responsabilidad por esas conductas ante la JEP, hace apenas unas semanas, el Ministerio de Defensa apeló la sentencia de primera instancia en que el Tribunal Administrativo del Cesar condenó al Estado por la muerte de Carlos Alfredo Castro Aguirre. Según la abogada de ese Ministerio, “está plenamente demostrado que el Ejército Nacional actuó bajo los parámetros legales”. Es el mantra repetido durante años por ese Ministerio ante el Consejo de Estado. Una estrategia de litigio que perpetúa la tralla del estigma, porque lo dicho solo podría ser cierto si hubiera habido un combate, y si el quinto de los Castro Aguirre hubiera sido un guerrillero. Y no. Ni hubo combate, ni él era guerrillero.

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Esas estrategias del Ministerio de Defensa denotan el desprecio por un mandato judicial del Consejo de Estado, que en agosto de 2019 ordenó a Agencia Nacional para la defensa jurídica del Estado, que diseñara un protocolo para prevenir ese tipo de litigio abusivo, antiético y revictimizante en casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y, lo que es peor, diluyen aún más la majestad del Estado, y su autoridad que, como dice Paul Kahn, debería estar fundada en la verdad y no en otros cálculos.

Doña Maria Otilia murió buscando a su hijo Carlos Alfredo. Sus hermanos dicen que su muerte les arrancó el futuro, que los mantiene viviendo atrapados en un pasado de dolor. Pero que no descansarán hasta recuperar su cuerpo, para honrar su memoria, limpiar su nombre y hacer un homenaje a su mamá. Para constatar que su soledad ética, por fin ha terminado.

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