La paz total, un enfermo grave

El año 2023 está a punto de terminar sin que el Gobierno nacional avance en el logro de la paz total, columna vertebral del proyecto político del presidente Gustavo Petro, que busca convertir a Colombia en potencia mundial de la vida. La llegada de nuevos actores ―Otty Patiño como comisionado de paz y Vera Grabe como jefa negociadora con el ELN― ha generado esperanzas de un redireccionamiento de lo andado, luego del fracaso del ex comisionado de paz Danilo Rueda.

Un año y medio después de su posesión, en medio de la euforia de un discurso centrado en la defensa de la vida, el presidente Petro sigue sin obtener triunfos contundentes para allanar el camino y desactivar, por la vía del diálogo, el conflicto armado interno más antiguo y complejo del mundo, que se financia, principalmente, del narcotráfico, la minería criminal y el secuestro.

Los últimos acontecimientos al respecto son una cadena de obstáculos que disminuyen el optimismo. El discurso del primer mandatario, por ejemplo, en la posesión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Barbosa, dejó sin oxígeno a los creyentes en la posibilidad de que el Estado cumpla los Acuerdos de La Habana, suscritos hace siete años. “No se va a implementar el Acuerdo de Paz con las FARC, realmente se va a incumplir”, dijo el presidente, con una enorme solemnidad ante un auditorio perplejo.

Por ser el primer presidente fruto de un tratado de paz, que hizo posible la Constitución que nos rige, es de tan hondo calado su profecía fatalista. “Porque no somos capaces de construir un régimen de verdad, no somos capaces de aceptar el territorio y transformarlo positivamente y no somos capaces de repartir la tierra. El acuerdo de paz es tierra, territorio y verdad”, dijo.

La narrativa de la incapacidad del Estado para cumplir lo pactado no es un mensaje de buen recibo entre los firmantes de la paz, 400 de ellos asesinados, casi en su mayoría por las disidencias ―es decir sus excompañeros de armas―, y mucho menos entre el ELN y las mismas disidencias, cuyo argumento para no respetar lo firmado con el Gobierno de Juan Manuel Santos es, precisamente, la supuesta traición de la dirigencia fariana al entregar las armas a un Estado incapaz de honrar su palabra.

La pregunta que seguramente se deben estar haciendo los grupos armados ilegales, después de escuchar al presidente, es si tiene sentido desgastarse en negociar con un Estado que no le niega una firma a nadie y después echa en el olvido lo acordado, como los miles de pliegos de peticiones y acuerdos suscritos por ministros y altos funcionarios estatales durante décadas para levantar paros con organizaciones sociales. Quizá les dé más argumentos a quienes insisten, como el ELN, que el tema de la entrega de las armas debe posponerse hasta que se cumpla lo firmado. Es decir, nunca.

Las declaraciones de Petro llegan, además, cuando el proceso con el ELN vive su peor crisis y Vera Grabe, la emblemática líder guerrillera del M-19 de los años noventa y reconocida académica, aterriza para liderar esa mesa, bajo la dirección de Otty Patiño.

Con esa designación, la paz total queda en manos de tres exintegrantes del M-19, viejos camaradas y aliados, con una misma visión sobre cómo proceder para ponerle punto final a seis décadas de violencia armada. Ese equipo, sólido y homogéneo, negocia con viejas caras conocidas del ELN, desde los tiempos de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), de la que el M-19 se desligó para negociar con el presidente Virgilio Barco, firmar la paz y cumplir la palabra hasta llegar al poder, 32 años más tarde.

Vera Grabe y Otty Patiño tienen un enorme reto. Sacar la paz del pozo de escepticismo en que hoy se halla, enviando mensajes contundentes a la opinión pública de que sí es posible negociar en cinco procesos paralelos ―con guerrillas, paramilitares y bandas criminales― coordinando todas las acciones del Estado para garantizar la viabilidad de los procesos de cese el fuego vigentes y futuros, erradicando la incertidumbre e irradiando optimismo. Y, ante todo, logrando una declaración contundente del ELN sobre el fin del secuestro como fuente de financiación. Deberán, además, descongelar la agenda acordada sobre participación de la sociedad civil en la construcción de la paz, que había comenzado a cumplirse en agosto pasado.

Una buena noticia de fin de año es el mensaje del Estado Mayor Central (EMC) grupo disidente de las FARC, de que renunciaron al secuestro. La liberación de los plagiados en su poder daría mayor peso a su compromiso con la reconciliación. El ELN debería mirarse en ese espejo.

Al Gobierno nacional le quedan ya solo más de dos años para consolidar su estrategia pacifista. El tiempo corre en su contra. El tiempo, sin embargo, nunca ha sido una preocupación del ELN, ni de ningún grupo ilegal. Si para lograr la entrega de armas de las FARC se necesitaron cinco años de intensas negociaciones, es posible que con las organizaciones vigentes se necesite un lapso similar.

Son tiempos de pragmatismo en los que, frente a la paz total, no hay que ilusionarse ni desesperarse. Esa estrategia vive en un permanente viacrucis y hoy está en manos de un triunvirato experto en resolución de conflictos. Ojalá Patiño, a la par que busca revivir la esperanza con los actores armados ilegales logre impulsar, como anunció hace unos días, “la implantación del Estado Social y de Derecho en los territorios”, para que “…el Estado haga presencia integral, no solo a través de la fuerza, sino a través de solucionar las necesidades básicas de la gente”. En ese cambio de enfoque es necesaria la coordinación interinstitucional y la relación directa y armónica con las autoridades territoriales que han enviado mensajes sobre su disposición a contribuir a ese objetivo. Es imposible pensar en el territorio desconociendo a gobernadores y alcaldes.

En esta época de Navidad habrá que esperar qué sucede en el quinto ciclo de negociaciones con el ELN en México, antes de que comience 2024. No hay que olvidar que el próximo año el Gobierno cumplirá la mitad de su mandato, el sol comenzará a ponerse a sus espaldas, el país iniciará el ciclo electoral de 2026 y emergerán los nombres de aspirantes a reemplazar al presidente.

Si la popularidad de Petro continúa cayendo, no es exagerado que los actores armados comiencen a barajar de nuevo y jueguen a dilatar la paz total de un Gobierno que no logra convencer a las mayorías sobre las bondades de su propuesta. La cosa está grave. La guerra de la derecha contra la paz no da tregua, los ilegales atacan a la población civil y la fuerza pública recibe órdenes y contraórdenes en su intento de interpretar los cese al fuego pactados.

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