El tsunami electoral que beneficiará la paz en los territorios

No dejan de sentirse los efectos del tsunami político que significaron las elecciones territoriales del pasado 29 de octubre. Veinte días después de la histórica jornada democrática continúa el reacomodamiento de las placas tectónicas de la política regional, generado por el núcleo de la política central: el Gobierno de Gustavo Petro, que, como un poderoso imán, atrae a quienes necesitan oxígeno presupuestal para hacer realidad sus promesas de campaña y llevar desarrollo y seguridad a sus departamentos.

En un país donde una noticia de impacto dura unas pocas horas, suenan como titulares de un periódico de ayer los conceptos de que Petro fue derrotado en las urnas y hubo una terminación anticipada de su mandato porque los colombianos votaron en su contra y en las grandes ciudades ganaron candidatos de centro-derecha. Lo que se ha visto en realidad es un presidente con iniciativa política para imponer una nueva narrativa sobre lo sucedido y una agenda territorial a los gobernadores recién elegidos, con palabras clave como unidad, desarrollo, autonomía e integración.

Aunque en campaña muchos candidatos buscaron representar el voto del antipetrismo, ya ungidos por el favor popular, y con la credencial en la mano, han bajado el tono y comprendido que no es popular atizar la polarización en tiempo de turbulencia económica. Y, también, que es imposible gobernar cuatro años yendo contra la corriente del Gobierno nacional, remando contra un régimen hiperpresidencialista que en 2024 manejará un presupuesto de 502,6 billones de pesos y donde es inimaginable que con ingresos propios, que son escasos en las Gobernaciones, se pueda sobrevivir políticamente.

Con la convocatoria a la Casa de Nariño, el pasado 7 de noviembre, a 15 de los 32 gobernadores electos que identificó como aliados, el presidente selló el nacimiento de un nuevo pacto político territorial sin intermediarios, con el que busca sincronizar la relación nación-región, impulsar su visión de país, armonizar el Plan Nacional de Desarrollo Colombia potencia mundial de la vida con los planes territoriales de desarrollo y, sobre todo, fortalecer la seguridad y el desarrollo agroindustrial, y avanzar en los indicadores de inversión social.

La nueva relación nación-regiones, que dejará atrás los días de distanciamiento con los mandatarios salientes, deberá estar regida por un código de tolerancia a la crítica constructiva, diálogo asertivo, desideologización de la agenda, respeto a la autonomía territorial e impulso de un verdadero proceso de descentralización que fortalezca las finanzas territoriales, cierre la brecha entre el centro y los territorios, dibuje un nuevo mapa político-administrativo que supere los años de hueca retórica descentralista, recentralización permanente y petrificación del estereotipo de unas regiones corruptas, sin liderazgo ni imaginación, condenadas por siempre a la tutela de la élite bogotana.

El verdadero cambio llegará cuando la descentralización deje de ser poesía para eruditos y sea prosa que cambie realmente la vida de los colombianos más necesitados que habitan las regiones. Allí donde el Estado central no controla el territorio, la guerra es el paisaje cotidiano, los negocios ilícitos dominan la economía y la tierra se la disputan quienes portan fusiles ilegales y no la disfrutan quienes siembran vida y garantizan la seguridad alimentaria.

Aunque aún no se conoce la fecha, el presidente ha invitado a una nueva reunión en la Casa de Nariño a los gobernadores “independientes”, para seguir sumando aliados en su estrategia territorial que deberá darle un nuevo impulso a muchos temas, entre ellos uno fundamental para el Ejecutivo: la paz total.

Esa iniciativa ha sufrido una permanente crisis de credibilidad y debería salir del campo fangoso de violaciones a los ceses al fuego, secuestros ―como el del padre de la estrella de fútbol Luis Díaz―, reclutamiento forzado de menores, sembrado de minas antipersonales, asesinatos de líderes sociales, intimidación permanente de la sociedad civil, retos a la institucionalidad y desencuentros para entrar en una etapa superior de consolidación.

En este nivel deberán iniciarse los diálogos regionales, en los que los gobernadores podrían desempeñar un papel preponderante, no como invitados de piedra o notarios silenciosos, sino como protagonistas en las mesas de negociación, nutriendo la agenda de diálogo con acciones prácticas, siendo impulsores de los acuerdos, y garantes de que lo pactado se materialice.

Hay que recordar que la nueva ley de orden público, llamada de paz total, autorizó los diálogos regionales, empoderando a alcaldes y gobernadores, lo que significó un cambio trascendental en la historia de los procesos de paz en Colombia. Hasta el momento, las autoridades territoriales han tenido un papel marginal en ese campo.

Para el Gobierno nacional es esencial contar con el irrestricto apoyo de los gobernadores entrantes, escuchando con respeto las voces críticas, que en el caso de algunas gobernaciones salientes fueron interpretadas por la Casa de Nariño como un anticipo de campañas presidenciales de extrema derecha que apuestan al fracaso de la paz total.

El manejo de esa estrategia deberá entrar, entonces, en una nueva dinámica en la que los gobernadores sean percibidos como aliados y no como adversarios, y se respeten su voz, propuestas e iniciativas para sacar adelante los cinco procesos de negociación vigentes con grupos armados ilegales, que de tener éxito sacarían de la guerra a más de 15.000 combatientes ilegales. Los gobernadores están obligados a actuar, además, como garantes de la seguridad y la paz, sin importar su color político. Tener una línea directa con el presidente y su equipo será una excelente manera de repotenciar su papel como constructores de paz.

Sin los gobernadores estará coja cualquier iniciativa de paz. Su voz es imprescindible. Un primer paso será convocar a las nuevas autoridades territoriales, de manera permanente, a todos los espacios e instancias de diálogo y coordinación nacional y regional, para blindar la democracia y poner a trabajar a todo el Estado del mismo lado. Resignificar el concepto de paz regional es tarea urgente para volver a soñar con una paz estable y duradera.

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