‘Caso Uribe’: cuesta entender

El caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por posible fraude procesal y manipulación de testigos debería ser estudiado en las facultades de Derecho porque después de tres decisiones judiciales y una investigación previa en la Corte Suprema de Justicia no hay certeza sobre lo que puede pasar. Un episodio particular en el cual la Fiscalía hace causa común con la defensa, pidiendo la preclusión de un caso que, según varios jueces, tiene indicios para avanzar en una investigación. Cuesta entender.

En el reciente fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá hay evidentes críticas al trabajo de la Fiscalía, se dan los argumentos por los cuales no se respalda la preclusión solicitada, pero se sostiene que no hay manera de ordenar a la Fiscalía que acuse. En últimas, eso significa que hemos asistido a un largo procedimiento que parece no tener sentido porque la solicitud de preclusión ha pasado de un juez a otro, sin que al final tenga peso lo que esos jueces digan porque la Fiscalía tiene la decisión final en sus manos. ¿Para qué acudir a los jueces entonces? ¿No hay algo mal diseñado en las funciones de cada entidad si al final es potestad de la Fiscalía acusar o no?

Escribo desde mi ignorancia jurídica y desde la sorpresa ante tantas decisiones judiciales que no llevan ni a la condena, ni a la absolución ni a la preclusión. Hablo por el tiempo invertido en una investigación que deja muchas preguntas y nos plantea retos sobre el papel de cada entidad y la lentitud en estos procedimientos. Si esto pasa en un caso mediático que se ha seguido minuto a minuto en los medios, en las redes, con análisis y debates de expertos, es mejor no imaginarse cómo caminan los procesos judiciales para los de a pie.

No sobra recordar que este caso comenzó en la Corte Suprema de Justicia, que en agosto del 2020 emitió una medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez en el marco de la investigación por soborno y manipulación de testigos. Una investigación surgida por una denuncia del expresidente contra el senador Iván Cepeda que en el camino dio un giro total. Luego, al renunciar a su curul en el Senado, argumentando falta de garantías, el expresidente Uribe evadió esa investigación y su caso pasó a la Fiscalía. Allí se decidió desechar lo investigado en la Corte para pedir la preclusión del caso una y otra vez, lo que ha significado en últimas una defensa del expresidente en una actitud poco común si se tiene en cuenta que hablamos de la entidad que debe investigar y acusar.

Si bien la Fiscalía tiene también la potestad de pedir la preclusión, eso se hace cuando se tiene la plena certeza de que no hay motivo alguno para que se avance en la investigación. Sin embargo, las dos juezas y los tres magistrados del Tribunal Superior que han fallado en contra de la preclusión han coincidido en señalar, con base en las pruebas presentadas, que sí hay indicios para avanzar a una etapa de juicio.

Hasta el momento de escribir esta columna no se sabe si habrá juicio, aunque sí se ha mencionado la posibilidad de cambio del fiscal que conoce el caso. Ir a juicio no significa una condena y se debe presumir la inocencia de toda persona acusada y respetar sus derechos. Ir a juicio significa que puedan las partes presentar sus argumentos, sus pruebas, sus testigos para que la justicia tome una decisión de fondo en derecho y con todas las garantías procesales. Sin embargo, la Fiscalía, ejerciendo algo así como un raro papel de juez, tomó una decisión y considera que no hay méritos, no hay pruebas, no hay indicios, no hay razones. Los expertos juristas nos tendrán que dar luces a los ciudadanos comunes porque algo pasa aquí. Varios jueces dicen no a la preclusión, pero la decisión vuelve a manos de la Fiscalía.

No está bien con el país, ni con el mismo expresidente por las dudas que pesan sobre él, que la justicia se mueva de manera tan lenta y enredada. Luego de tantos pronunciamientos judiciales y estrategias para no avanzar no es claro si habrá justicia. Cada intento por archivar una investigación tan cargada de elementos genera más interrogantes. Y si finalmente la Fiscalía decide acusar al expresidente Uribe, ante la decisión de tantos jueces que insisten en que hay mérito para ello, cabe preguntarse si su trabajo ofrece garantías luego de tanto esfuerzo para tratar de conseguir la preclusión. El cambio del fiscal que lleva el caso puede ayudar para generar algo de confianza, pero nada está decidido. Este episodio nos enfrenta a esa especie de dimensión desconocida, tan frecuente en Colombia, en la que los vericuetos jurídicos enredan y enredan haciendo muy difícil llegar a la justicia y a la verdad. Cuesta entender.

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