Una lavada de manos

“Dios proveerá” es una expresión que bien podría ser la que rige a millones de colombianos y a la vez a los Gobiernos nuestros en general. Por eso se hacen cosas y se toman decisiones que generan impacto certero en la opinión, pero cuyas consecuencias se pagan años después. Les daré un ejemplo.

Hace tres años y medio, en plena explosión de la crisis que trajo consigo el covid, el Gobierno Duque determinó un poderoso auxilio para los colombianos de estratos bajos que aplazaba el cobro de las facturas de energía de un par de meses aliviando así el ahogado bolsillo de los colombianos.

Sin embargo, sobre esos meses pendientes nunca se decidió claramente cómo iba a ser el proceso de reembolso. ¿En qué momento y bajo qué formula iban a recuperar las comercializadoras de energía los dineros que se dejaron de recibir durante esos difíciles días en que apenas descubríamos el alcance de una pandemia?

Esta situación, aunada a otras dificultades propias del sector eléctrico, es lo que tiene a un importante grupo de empresas dedicadas a vendernos energía a usted y a mí (las comercializadoras) a punto de declararse en una situación que les impediría pagar la energía que compran a las generadoras, es decir, el suministro que luego nos vende.

Ahogadas por esa crisis que, debo repetir es producto de que en el Gobierno Duque aplazaron el definir cómo se pagarían los meses de energía “gratis” que recibieron millones de colombianos, hoy estamos ad portas de vivir una crisis energética. Una crisis que muchos no alcanzan a dimensionar.

El Gobierno actual habla de abrir unos créditos a través de la banca pública para ofrecer 1 billón de pesos de auxilio a las empresas que están al borde de la quiebra. El lío es que el pasivo que dejó la “generosidad del Gobierno Duque” durante el covid supera los 5 billones de pesos. Así que la plata que pone el Gobierno sobre la mesa lejos está de solventar el problema.

Es casi como lo que viene pasando con las alzas mensuales del precio de la gasolina, proceso que desde el año entrante también veremos con los precios del diesel: se inventaron un subsidio para que los precios de los combustibles no se vieran afectados por la fluctuación de los precios internacionales, pero nunca anticiparon (o tal vez sí, pero poco les importó) que bajo ciertas circunstancias el subsidio se convirtiese en una carga imposible de pagar. Y eso fue lo que terminó pasando. El subsidio de la gasolina estaba ahogando a las finanzas del Estado. Por eso ahora lo desmontan.

Uno entiende que el papel del Estado no es pagar las quiebras, como afirma el ministro de Minas a la hora de responder una carta en la que exministros piden que se haga todo lo posible por evitar un apagón financiero. Sin embargo, el Estado sí debe asumir su responsabilidad en la situación presente, pues fue el Estado (así esto se haya dado en un gobierno previo) el que se inventó aplazar el cobro de unas facturas de energía y no resolvió cómo se debía luego amortizar esa deuda.

Lavarse las manos no es viable cuando la historia se conoce.

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