Candice Welsch: “Es un momento oportuno para pensar estrategias nuevas frente a las drogas”

Colombia alcanzó en el 2022 sus máximos históricos tanto en cultivos de hoja de coca como en producción de cocaína. Las hectáreas sembradas pasaron de 204.000 a 230.000 al cierre del año pasado y las toneladas de droga que se pueden producir de 1.400 hasta 1.738, de acuerdo con el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), la medición oficial que hace la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés).

“Este es un momento muy oportuno para pensar en estrategias nuevas. Vemos con optimismo que la política de drogas del Gobierno de Colombia contó con una construcción mucho más participativa, que acerca las perspectivas del gobierno y la comunidad”, señaló el lunes, durante la presentación del informe, Candice Welsch, la representante de la Unodc para la Región Andina y el Cono Sur, al saludar la hoja de ruta del Ejecutivo de Gustavo Petro. El presidente colombiano ha insistido en la necesidad acabar con la llamada guerra contra las drogas, que considera un fracaso. “Es importante que las comunidades pueden aportar todo su potencial a la solución, siempre que haya condiciones de seguridad, institucionalidad y presencia del Estado”, apunta Welsch.

Pregunta. ¿Por qué se han disparado los cultivos de coca y la producción de cocaína en los últimos dos años?

Respuesta. Muchos factores han influido. Vemos que en regiones como Europa o Asia hay un mercado en aumento, y también hemos visto mucha presencia del crimen organizado en la región. Es una mezcla de cosas: el mercado internacional, la confluencia de muchos grupos de crimen organizado y también las condiciones persistentes de vulnerabilidad en muchas comunidades, aquí en Colombia y en la región andina en general.

P. En el caso de Colombia, tres departamentos fronterizos (Nariño, Putumayo y Norte de Santander) suman el 65% de los cultivos de coca. ¿Por qué ha crecido la concentración en las zonas de frontera?

R. Es un fenómeno que ya hemos visto desde hace algunos años, y es el punto clave para entender lo que está pasando. Las fronteras con Ecuador y Venezuela tienen obviamente ventajas geográficas. Se necesita una coordinación muy estrecha entre los países para enfrentar estas áreas, donde además hay una presencia muy fuerte de los grupos armados ilegales. Igualmente vemos cambios en la producción en estas áreas, con variedades diferentes de la mata de coca que son más productivas, maneras de producir la cocaína que son más eficaces, y un producto final de mejor calidad.

P. ¿Cuál es la preocupación con respecto a la zona del río Putumayo, en particular?

R. El 77% del aumento de este año está en la región. Muchos de estos enclaves productivos están directamente sobre la frontera. Este año igualmente encontramos un aumento de cultivos en el lado de Perú, con características muy parecidas a la producción en Colombia. Entonces, pensamos que se ha establecido una operación muy grande en la que en los lados de Colombia y Perú hay cultivos, y en la de Ecuador se encargan del transporte, la seguridad y otros aspectos. Para enfrentar esto es muy importante que los Gobiernos empiecen a trabajar juntos, es importante reforzar la cooperación operacional en lo local entre los tres países.

P. En algunas regiones los mercados de coca están restringidos. A veces por falta de compradores, a veces por incertidumbre de las comunidades o por cambios en las reglas del negocio, explicaba en la presentación del informe. ¿Por qué la crisis en la venta de la coca no ha significado una disminución en los cultivos y la producción?

R. Es una buena pregunta. A veces toma tiempo ver los resultados finales. Es difícil decir si lo que estamos observando este año va a ser duradero o si es algo más temporal.

P. ¿La guerra contra las drogas ha fracasado, como afirma el presidente Gustavo Petro?

R. No creemos realmente que el término de ‘guerra contra las drogas’ sea muy adecuado; al final lo que necesitamos es una respuesta global a un problema global. Es verdad que podemos ver que en todo el mundo hay desafíos relacionados con la producción o el consumo de drogas y el tráfico o la criminalidad asociada. Esta es la oportunidad para tratar de cambiar el enfoque, aprender de lo que ha funcionado en el pasado y de lo que no ha funcionado. En países como Colombia existe la idea de que había una perspectiva muy represiva. Ahora el Gobierno quiere cambiarlo y tener una respuesta más equilibrada. Hay cosas que son necesarias a nivel mundial como reducir la demanda, pero además dar oportunidades de desarrollo y seguridad a estas comunidades vulnerables. También afrontar la criminalidad organizada, perseguir las ganancias ilícitas, prevenir y combatir la corrupción y todo lo demás.

P. ¿La paz total es una buena estrategia desde la perspectiva de la reducción de cultivos ilícitos?

R. Puede ser una buena estrategia. Una lección aprendida del proceso de paz con las FARC es que el Estado no estaba listo para asegurar la seguridad, el desarrollo y los demás servicios públicos de estas comunidades vulnerables. Tratamos de acompañar al Gobierno en este proceso, están hablando de cómo asegurar que haya justicia y reparación a las víctimas y cómo evitar que los grupos criminales puedan conservar todas sus ganancias ilícitas. El tema es muy complejo, pero puede ser una iniciativa valiosa si pensamos también en cómo prevenir que surjan otros grupos los reemplacen.

P. La nueva política de drogas del Gobierno de Colombia privilegia la sustitución voluntaria. ¿Es más efectiva?¿Cuál debe ser el balance entre la erradicación forzosa y la sustitución voluntaria?

R. Es difícil lograr la transformación que se requiere usando un solo modelo de intervención. La erradicación reduce la coca, puede tener una ganancia inmediata en términos de reducción de la densidad de cultivo. Sin embargo, con el paso de los años, ese logro disminuirá hasta desaparecer. Por eso necesita ser acompañada por otras estrategias. Los análisis comparativos han demostrado que la erradicación voluntaria junto con los proyectos de desarrollo alternativo tiene un impacto más prometedor. La erradicación forzosa, sin un posterior acompañamiento y entrada de otras líneas de bienes y servicios, es pasajera e insostenible.

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