El ‘déjà vu’ de la política colombiana

En la última semana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a actuar como el aguerrido congresista opositor que fue por años; el exfiscal Néstor Humberto Martínez acaparó titulares y protagonizó un choque con Petro; y regresaron al centro de la agenda debates usuales hace una década, como el del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o el de las relaciones entre los paramilitares y sectores del establecimiento. Aunque en un país de guerras recicladas y justicia incompleta es usual que hechos del pasado sigan vivos -con alrededor de 200.000 víctimas de desaparición forzada, el pasado está dolorosamente siempre en presente- , no lo es que en plena campaña para las elecciones locales, la agenda política gire alrededor de escándalos y dilemas pasados.

El caso Odebrecht, que estalló a fines de 2016, ha avanzado lentamente a lo largo de más de seis años. A diferencia de otros países de la región como Perú o Panamá, las investigaciones no han afectado a ningún presidente, aunque recientemente la Fiscalía imputó cargos a Óscar Iván Zuluaga, quien estuvo cerca de ser elegido en 2014 por el uribismo, por la presunta financiación ilegal de esa campaña. Pero uno de los hombres más ricos y poderosos del país, el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, sí resultó afectado, y fue ello lo que revivió el escándalo. La firma de un acuerdo entre su conglomerado, Grupo Aval, y autoridades estadounidenses dieron pie a que Petro, quien como senador participó de debates contra Aval por su alianza con Odebrecht en el país, retomara sus críticas.

Fue el presidente quien a, su vez, volvió a llevar a Martínez a la agenda. Prestigioso abogado y uno de los consultores jurídicos de cabecera de Sarmiento, fue superministro del Gobierno de Juan Manuel Santos y luego fiscal general gracias al impulso de ese mismo mandatario. Encabezaba la entidad que investiga los delitos y acusa a las personas cuando se reveló el caso Odebrecht, y entre los más afectados estaban Sarmiento y Santos. Todo eso, más las grabaciones de 2015 que mostraban que Martínez sabía de denuncias por presuntas coimas desde antes, fue munición para Petro, viejo rival político de Martínez.

“Un Fiscal General de la Nación fué el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares tal como lo denuncié en mi debate en el senado de la República. Esa relación incestuosa entre el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y el grupo Aval impidió una juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornados que hoy por hoy son altos dirigentes políticos”, dijo el presidente a través de su medio favorito de comunicación, Twitter o X.

Martínez le exigió rectificar y así la agenda política fue regresando a un vértice más propio de 2017 o 2018 que de 2023. Y no solo por el caso Odebrecht.

Esta misma semana, el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, extraditado a Estados Unidos en 2008, habló del pasado. En un evento convocado por la Cancillería -que ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a impulsar la política de paz total e intervenir en asuntos de justicia transicional-, afirmó que el ejército criminal al que perteneció impulsó la reelección del expresidente Álvaro Uribe, incluso amenazando magistrados de la cúpula judicial, y que el exfiscal Martínez había buscado evitar que Petro llegara al poder. No dio pruebas, pero ayudó a que la mirada se fijara en el pasado.

Algo similar ocurrió con otro sonado anuncio del presidente. En un encuentro con caficultores en uno de los municipios que son epicentro de la producción cafetera actual, Pitalito en el sur del Huila, Petro anunció que en ese mismo momento se iniciaba la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El acuerdo, que generó mucho debate cuando fue negociado y suscrito a la vuelta del siglo, ha estado desde entonces por fuera de las grandes discusiones. Aunque como candidato presidencial Petro mencionó el TLC, no fue un asunto central ni siguiera en su propuesta económica, más centrada en la transición energética, el cambio de esquema tributario o la reindustrialización en general. De hecho, el ministro de Comercio explicó horas después que, tras un año de Gobierno, no se ha iniciado el proceso de renegociación con Estados Unidos.

Como fuera, refuerza el deja vu. Lo refuerza también que algunos grupos armados disidentes se sigan presentando como “las FARC”, como si esa guerrilla no hubiera pactado un acuerdo con el Estado en 2016, y la gran mayoría de sus miembros no se hubiera reincorporado, con enormes dificultades, a la sociedad. Con una violencia creciente que incluye incluso un plan pistola de una la disidencia que se autodenomina “Estado Mayor Central”, como si fueran las mismas FARC, el mensaje a la sociedad es que Colombia está anclada en el pasado.

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