Petro sigue adelante y lanza el sistema nacional de reforma agraria: “Aquí nos toca gobernar”

Lo primero que hace el presidente Gustavo Petro al llegar al coliseo de ferias en Sincelejo, Sucre, es sacar su celular y tomarles una foto a los miles de hombres y mujeres que llegaron al lugar desde distintas regiones de la costa caribe colombiana para participar en una asamblea popular campesina. Es el atardecer del jueves 3 de agosto. La foto de la multitud que lo ovaciona con cantos como “Petro, amigo, el pueblo está contigo” es la primera reacción pública que da el mandatario después de que su hijo Nicolás afirmara a la Fiscalía, unas horas antes, que la campaña presidencial de su padre había recibido dinero de forma ilegal. “Así me recibe el pueblo campesino en Sincelejo, Sucre. El pueblo siempre será superior a sus dirigentes”, escribe Petro en su cuenta de Twitter con la imagen del coliseo lleno de gente que lo apoya.

Acompañado de seis de sus ministros, el presidente firma el decreto que reactiva el sistema nacional de reforma agraria, creado hace casi 30 años, en la ley 160 de 1994, pero que no había aplicado ninguno de los cinco mandatarios que han pasado desde entonces. El objetivo del sistema es que todo el aparato del Ejecutivo —ministerios, departamentos administrativos, agencias territoriales— tenga como horizonte común las políticas de distribución y desarrollo de la tierra en beneficio de los campesinos. En diálogo con EL PAÍS, la viceministra de Desarrollo Rural, Marta Carvajalino, explica que el decreto permite alinear, por ejemplo, la política de construcción de carreteras del Ministerio de Transporte con la de acceso a colegios y universidades en zonas rurales de la cartera de Educación y la de hospitales públicos y atención prioritaria del sector salud. Todas en función de la reforma agraria. “Es un mensaje político para el país y para el resto del gabinete: la transformación del campo está en manos de todos”, dice Carvajalino.

Después de la firma del decreto, el Gobierno entrega 174 títulos de propiedad por más de 220 hectáreas de tierra a campesinos víctimas de la violencia en la región. “Aquí lo que está cuestión es si cambiamos a Colombia. Mi hijo ya verá. Lo que le puedo recomendar es que, desde la dignidad, diga la verdad, que no se arrodille al verdugo jamás. Pero aquí nos toca gobernar”, dice el presidente en su discurso. El mensaje es claro: el Gobierno seguirá adelante con las reformas sociales pese a la tormenta política que desataron las declaraciones de Nicolás Petro Burgos, quien creció cerca de allí, en el vecino departamento de Córdoba. “Con la reforma agraria gana el hacendado porque se vuelve más rico y gana el campesino porque puede producir en tierra fértil”, explica el presidente después de hablar sobre el acuerdo de paz con el ELN, las acusaciones de su hijo contra la campaña y la terna para elegir a la próxima fiscal.

“Hoy debemos avanzar, y avanzar significa hacer la reforma agraria. La tierra será para el que la trabaja”, dice Petro en medio de aplausos. Sus palabras resuenan con fuerza ante miles de campesinos que tienen la esperanza de que este Gobierno les cumpla la promesa de una vida más digna, sobre todo en una de las regiones que vivió con más fuerza la lucha agraria de los años 60 a 80 del siglo XX. Una de las mujeres rurales asistentes al evento, que esperó durante horas de sol al presidente, le dijo a EL PAÍS: “Este es el Gobierno de los oprimidos, de los pobres. Yo no tengo tierra, pero con la reforma agraria puedo tener una parcela, ponerla a producir y alimentar a mis hijos”. Ese deseo es el mismo de millones de campesinos víctimas del desplazamiento forzado que tuvieron que salir huyendo de sus tierras para conservar su vida y ahora esperan que la reforma agraria les ayude a recuperar un poco de lo que alguna vez fue suyo.

Héctor José Mendoza, líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), también estuvo en la asamblea y escuchó con esperanza al presidente Petro. “En 2005 tuve que salir desplazado de mi tierra en los Montes de María. Perdí todo. A las 11 de la noche llegaron los paramilitares y nos sacaron corriendo. Me viene caminando con mis hijos hasta Sincelejo. Durante un tiempo me tocó vender boletas en la calle para llevarle algo de comer a la familia”, recuerda Mendoza en conversación con EL PAÍS. Hasta el día de hoy, casi 20 años después, no tiene casa ni tierra. “La reforma agraria es nuestra última oportunidad. Si no lo logramos con este Gobierno que ha denunciado a los que nos desplazaron, no lo lograremos nunca”, dice con optimismo y resignación. Cada vez que Petro termina una frase de su discurso, Mendoza aplaude y grita emocionado. Su sueño de volver a tener un pedazo de tierra para cultivar es más fuerte que la supuesta noticia de la financiación ilegal de la campaña del presidente.

Petro sabe muy bien lo que sus palabras producen en los miles de campesinos que lo escuchan: “El presidente no dejará de ser hijo de una familia popular. Luchará hasta que le alcance el aliento para defender al más débil”, dice en tercera persona sobre sí mismo. Parece que por un momento olvida que en Bogotá acaba de estallar un escándalo que pone a tambalear la estabilidad de su Gobierno. Y continúa explicando la metodología de la reforma: “A los 5.000 grandes hacendados de tierra fértil que hay en Colombia les decimos que nos vendan la mitad de sus hectáreas. El Gobierno destinará 5 billones de pesos cada año para comprar esas tierras. Las compraremos al valor del mercado”.

La idea de Petro es comprar 500.000 hectáreas de tierras improductivas a ganaderos en 2024, entregárselas a asociaciones y cooperativas de campesinos para que ellos siembren allí alimentos y que eso ayude a que Colombia se convierta en la potencia agroalimentaria que ha prometido desde la campaña. “Con la reforma agraria Colombia será más rica porque se va a poder alimentar y esa es la base fundamental de la paz”, insiste el presidente. Y concluye: “Aquí, desde Sincelejo, lo puedo decir con libertad: tenemos un negocio que hacer en el que ganamos todos y el gobierno está dispuesto”. Se refiere a la compra de tierras que, según él, enriquecerá aún más a los terratenientes, mejorará la vida de los campesinos pobres y construirá seguridad alimentaria y paz en los territorios. “Espero el listado de los hacendados que digan que están dispuestos a vendernos la mitad de sus tierras. Que se sepa en todos los rincones de Sucre. Ya no necesitamos de las armas, ni de la muerte, simplemente necesitamos ponernos de acuerdo para la reforma agraria”.

La ministra de Agricultura y anfitriona del evento, Jhenifer Mojica, reconoce en su discurso que la entrega de tierras a los campesinos es un primer paso, pero no es suficiente para que la reforma cumpla su objetivo. “Después viene el ordenamiento del agua, la entrega de semillas, la tecnología y la producción de alimentos”. Explica que no es posible que un tercio de la población de Colombia aguante hambre cuando hay más de 42 millones de hectáreas de frontera agrícola. “Queremos que el campesino tenga tierra y la produzca y viva dignamente. Esta es una reforma agraria del siglo XXI para acabar con el hambre, una reforma agraria de la paz”. Una reforma para aterrizar la promesa de Petro de poner a andar el cambio en Colombia.

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