La informalidad, un agujero laboral que se acerca al 60% en Colombia

En Colombia la tasa de desempleo anual bajó ligeramente en mayo a 10,5% tras estar en 10,6% en el mismo período del año pasado. Y, sin embargo, el número de trabajadores informales se ubicó en un brutal 58,2% en abril. Quizá se trata de la gran disfunción del mercado laboral, lo dicen casi todos los expertos, pero también el terreno más espinoso. Con todo, casi ninguno de los marcos legales y políticas públicas diseñadas en las últimas décadas han explorado si quiera un método cierto para atenuar la situación de un colectivo que hoy llega a 12,9 millones trabajadores que no cuentan con protección social (de un total de algo más de 22 millones).

Si durante décadas la carta de navegación diseñada por sectores conservadores estableció un modelo de contratación y despido flexible, la más reciente y fallida reforma del oficialismo progresista ponía todas las fichas en una serie de leyes para asegurar la estabilidad laboral. El primer modelo daba prebendas al empleador a sabiendas del impacto en el alto número de informales. La hundida propuesta del Gobierno, por su parte, buscaba blindar la estabilidad de los empleados con repercusiones inciertas sobre los costos para las empresas.

El economista Mauricio Salazar, de la Universidad Javeriana, asegura que desde los años noventa la tendencia en las cifras de informalidad venía en un proceso de descenso a paso de tortuga. Pero la pandemia desbarató el comportamiento de todos los datos y las peores falencias de un modelo que durante al menos medio siglo ha relegado a 7 de cada 10 colombianos al desempleo, la precariedad o la informalidad quedaron expuestas. A pesar de que se trata de una crisis condicionada por debates ideológicos, todos los analistas coinciden en que hay vías alternas para mejorar las condiciones de asalariados y empresas en un mundo en el que los jóvenes ya no tienen las preocupaciones vitales de la vieja izquierda sindicalista, ni se ajustan a las preocupaciones del espíritu liberalizador y ultra competitivo de los noventa.

Para empezar, Juliana Morad, directora del departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, sugiere acotar la definición de “informalidad”: “En Colombia no lo tenemos muy claro. Hay al menos tres definiciones. Una, atada a la seguridad social; otra, a los derechos laborales; y una última a la capacidad empresarial”. Sin tener claras las líneas de frontera conceptual, agrega, es muy difícil hallar políticas para atacar el problema. Mauricio Salazar recuerda que, a grandes rasgos, el método utilizado por las encuestas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tienen en cuenta aspectos básicos como los aportes individuales a pensión o a salud, pero se deja de lado otra serie de medidores para establecer los niveles de vínculo laboral que, probablemente, harían aún más vidrioso el panorama. “Una vez que alguien está afiliado a salud y pensión, casi se sobreentiende que hay un contrato firmado y que por ende es un trabajo con una serie de protecciones de riesgos laborales y profesionales asegurados”.

A su juicio, el gran nudo de esta discusión radica en que para las características de un país emergente como Colombia el costo de formalizar el empleo es muy alto. Nadie, por lo pronto, ha dado con una receta para atajar una espiral poco virtuosa: “La estructura empresarial, la capacidad de empleo y productividad no da para asumir la informalidad tan alta. Además, por las características del tejido empresarial, compuesto en un 90% por pequeñas y medianas empresas, el proceso de formalización resulta muy costoso”. Los sobrecostos de formalizar un contrato, agrega, suponen un 56% contrastados frente a uno informal. De vuelta a la casilla de inicio: ¿se trata, entonces, de un acertijo sin solución?

Para Juliana Morad no hay una respuesta clara, pero subraya, en cambio, que todos los actores coinciden en que hay que “ampliar la formalidad laboral en seguridad social”. Y en principio su lectura pasa, por ejemplo, por una simplificación de los trámites. “La afiliación a veces es muy difícil. Cada entidad tiene un formulario diferente. En cada una hay que diligenciar varios formularios, radicarlos. El sistema de pago no solo es costoso sino también muy difícil”. Y remata: “Calcular la seguridad social sobre el salario mínimo resulta muy oneroso en un país pobre como Colombia. Si pagas ganas un sueldo de 500.000 pesos, y con eso pagas 16% para pensiones, 8,5% para salud, 3% para riesgos laborales y 1% para las cajas de compensación familiar, te quedas con 100.000 pesos al mes. ¿Así como vas a afiliarte?”.

Se trata en realidad de un fenómeno que permea a toda la región por igual, y que se agudiza, especialmente, en Centroamérica. Pero el caso de Uruguay puede servir como ejemplo: “Es el único país que ha logrado solventarlo”, explica Salazar, “tienen una tasa del 22% de informalidad y lograron revertir la curva con una reforma laboral en 2008 que incluía, por ejemplo, salarios mínimos referenciales por región o un seguro de desempleo general con unas condiciones que han funcionado”. Sabemos por los datos para Colombia que el problema se agudiza en el campo, donde el 86% trabaja en el mercado informal. De igual manera, que las mujeres están más desprotegidas que los hombres. Y en las ciudades, recuerda Juliana Morad, hay “una población alarmante de adultos mayores que trabajan en las esquinas como vendedores informales”.

Los expertos son conscientes, en todo caso, de que si el Gobierno del izquierdista Gustavo Petro vuelve a presentar el proyecto de reforma en la próxima legislatura, como ya lo ha anunciado, deberá tener en cuenta que hoy a los jóvenes lo que les interesa, más que los empleos a largo plazo, es la estabilidad en sus ingresos. Para las nuevas generaciones ya no es imprescindible amarrarse a una empresa. Por eso más de uno percibe que el Gobierno está empuñando viejas reivindicaciones sindicales para acometer una reforma laboral para una economía con aspiraciones industriales que ya no existe: “Tenemos nómadas digitales que trabajan en simultánea para dos y tres compañías. En ese sentido tiene más peso pensar en un seguro de desempleo que la propuesta del Gobierno de subir los costos de contratación”, concluye Mauricio Salazar.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.