Se hunde en el Congreso la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro

La comisión séptima de la Cámara de Representantes hundió en la tarde de este miércoles la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro. En el último día de la legislatura, el proyecto liderado por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no logró pasar el primer debate por falta de cuórum. Lo más probable es que el Ejecutivo lo retire y presente una nueva reforma en las sesiones que inician el próximo 20 de julio. Así lo confirmó el presidente en su cuenta de Twitter: “El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico”, escribió.

El mandatario culpó a los “dueños del capital y de los medios de comunicación” de la primera caída de una de sus tres grandes reformas sociales. El golpe contra uno de los pilares del Gobierno se da el mismo día en que la oposición convocó a marchas multitudinarias en varias ciudades del país. Según Petro, los poderes económicos “lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”. El presidente hizo fuertes críticas al empresariado y a los legisladores: “Creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral”, sentenció.

A pesar de que el presidente dio por perdida la reforma, en el Ministerio del Trabajo aún contemplan la posibilidad de discutirla en las sesiones extraordinarias que aún no han sido convocadas pero a las que el Gobierno ha indicado que llamará. “El Gobierno estudia incluir la reforma en sesiones extras. Ya depende del Ministerio del Interior”, le dijo a EL PAÍS un funcionario del Ministerio del Trabajo, que insinuó que en las últimas líneas del tweet del presidente se mantenía esa posibilidad: “El Gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador”, escribió el presidente. La ministra Ramírez aún no sea ha pronunciado oficialmente sobre el futuro de la reforma.

La posibilidad legal de incluir el proyecto en las sesiones extraordinarias aún está siendo debatida. Funcionarios del Ministerio del Trabajo creen que, como la comisión séptima de la Cámara aprobó el informe de ponencia de la reforma la semana pasada, jurídicamente es viable que se discuta. Juristas independientes creen que no. La ley quinta de 1992, que reglamenta el funcionamiento del Congreso, establece que el proyecto que no haya tenido su primer debate ante el cambio de legislatura se hunde; el debate es si basta con la aprobación del informe de ponencia, y no del articulado, para evitar el naufragio. Pese a eso, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, de la bancada del Gobierno y ponente de la reforma, ha insistido en que espera que la iniciativa se incluya en las sesiones extraordinarias. “La reforma laboral va a continuar su trámite, ténganlo por seguro. Tendremos reforma laboral, tendremos trabajo digno y decente en Colombia. Está claro que a través de recusaciones temerarias la oposición quiere impedir el debate, pero nosotros y nosotras seguiremos adelante junto a los y las trabajadoras”.

El documento presentado por Carrascal para el debate en la comisión incluye tres cambios sustanciales frente a la versión original que había presentado el Ejecutivo, pero mantiene la esencia de “buscar la estabilidad laboral, la formalización de las y los trabajadores y el cumplimiento de las recomendaciones de las organizaciones internacionales como OIT y la OCDE”, según el Ministerio del Trabajo.

La primera modificación de la ponencia de 82 artículos es que la jornada nocturna ya no empezaría a las seis de la tarde, como había propuesto la ministra del Trabajo desde los primeros días de su posesión, sino a las siete de la noche. En la actualidad, comienza a las nueve de la noche. Otro de los cambios es que el aumento del recargo por el trabajo dominical y festivo será progresivo. En el texto original este recargo pasaría del 75 %, como está en la actualidad, al 100 % una vez se aprobara la ley; la ponencia propone pasar al 80 % en junio de 2024, al 90 % un año después y llegar al 100 % en junio de 2026. La última modificación es que los contratos a término fijo se podrán firmar hasta por tres años, y no solo por dos, cómo estaba previsto en la versión original.

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