El jefe negociador del ELN afirma que la suspensión de los secuestros y las extorsiones no está incluida en el cese al fuego

El cese al fuego que firmaron este viernes el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no contempla la suspensión de los secuestros y las extorsiones que lleva adelante la guerrilla, según ha clarificado el jefe negociador del grupo armado, Pablo Beltrán. “Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, no entraron en estos protocolos”, ha comentado el antiguo comandante en jefe de la organización. Las operaciones abarcan lo que la guerrilla denomina como “retenciones”, en referencia a los secuestros, y como “impuestos”, en alusión a las extorsiones a los habitantes de los territorios donde tienen presencia.

“¿Para usted qué son finanzas del ELN?”, le ha respondido retóricamente Beltrán a un periodista que le consultó por el término. Después, ha ejemplificado con actividades como “los impuestos” y ha informado que se mantendrán “por ahora”. La intención, según el jefe negociador, es que estas operaciones se suspendan en el futuro, en otro acuerdo. Mientras, espera que acciones como “las retenciones” puedan evitarse, aunque no sean parte del cese: “Si no son necesarias, no se harán”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el acuerdo este viernes en La Habana, como parte del tercer ciclo de negociaciones. Lo hizo junto al comandante en jefe del ELN, Antonio García, y ante la atenta mirada del mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel. “Venimos a entregarle a Colombia, y es por eso por lo que fuimos elegidos, estas posibilidades de paz”, ha celebrado Petro en la ceremonia. Fue una foto que quedará para la historia como el primer gran logro de la paz total, la política bandera del presidente de izquierdas para pacificar al país. El ELN no es un grupo menor: es la guerrilla más antigua de América Latina, con un fuerte peso simbólico, y opera en 22 de los 32 departamentos de Colombia, según la Defensoría del Pueblo.

El acuerdo contempla una implementación gradual del alto al fuego. La etapa de alistamiento es inmediata, mientras que el fin de las operaciones ofensivas comienza el 6 de julio hasta alcanzar una plena vigencia, de 180 días, a partir del 3 de agosto. Los mecanismos de monitoreo y verificación —con apoyo de la ONU, de la Iglesia católica y de países garantes— se instalarán en los próximos días y semanas, de manera que el cese al fuego debería estar en marcha en todo el territorio colombiano por lo que resta del 2023. Cuenta con el apoyo explícito de ambas partes, a diferencia del incidente de comienzos de año, cuando el ELN desmintió el cese al fuego bilateral que el presidente había anunciado en diciembre.

La expectativa principal es que el alto al fuego garantice un final a los enfrentamientos entre el Estado y el ELN. Esta guerrilla sigue activa y arremete con alguna frecuencia: en marzo, un ataque a una base del Ejército mató a nueve militares y dejó ocho heridos. Un desafío es que las decisiones de la cúpula negociadora sean acatadas por todos los frentes, incluidos los que operan con algún grado de independencia. “Somos una sola voz y representamos la rebeldía armada del pueblo colombiano”, ha asegurado este viernes Antonio García, comandante en jefe desde 2021. Otro es que la reducción en los combates que produce un cese al fuego lleve también a una menor violencia contra la sociedad civil, que se encuentra en medio de conflictos entre grupos armados, como los que tiene el ELN contra el Clan del Golfo en el Chocó (Pacífico colombiano) o contra las disidencias de las extintas FARC en Arauca (frontera con Venezuela).

El senador Iván Cépeda, por su parte, ha resaltado en Twitter que el acuerdo garantizará la participación de la sociedad civil en el proceso de paz. “Creamos el Comité Nacional de Participación; un mecanismo incluyente de 30 sectores y 80 representantes para que, de manera democrática, se diseñe cómo despegará en todo el país la participación de la sociedad”, ha explicado el congresista. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha señalado que el acuerdo debe estar enfocado “en generar condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades”, en sintonía con reivindicaciones históricas de justicia social.

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