Del balconazo a la pelea permanente con los medios

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha elevado la intensidad de los reclamos directos a la prensa por medio de Twitter, su plataforma favorita en redes sociales. En solo nueve días, entre el 28 de abril y el 6 de mayo, lanzó 17 publicaciones, casi dos diarias, cuestionando la falta de rigor de algunos periodistas o medios de comunicación. El pico de trinos coincide con el que se ha interpretado como el inicio de la segunda parte de su mandato, tras el quiebre de la coalición de Gobierno en el Congreso y el cambio de siete de sus ministros, aunque no es una práctica nueva.

La actitud tuitera del jefe de Estado hacia la prensa se sitúa en una línea delgada entre la crítica y los riesgos de estigmatización. “Ha abierto una caja de pandora donde mezcla desde errores puntuales hasta una estigmatización que generaliza a sectores amplios del periodismo, como si los medios estuvieran alineados para hacer una especie de oposición a su Gobierno”, advierte Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Esa organización ya había alertado sobre las implicaciones del uso del Twitter del Presidente, en febrero pasado.

El presidente Petro ha puesto en evidencia errores o inexactitudes en la información, como el día que la cadena Blu Radio terminó borrando un tuit en el que afirmaba que el Parlamento español había aplaudido a miembros del partido de ultraderecha Vox, mientras salían del recinto cuando el mandatario colombiano se disponía a dar un discurso en medio de una visita de Estado. “No se cómo o bajo qué ética, un medio de comunicación social puede poner la verdad de cabeza solo por un objetivo político que se deshace por la falsedad”, expresó.

El medio respondió que, efectivamente, hubo un error de interpretación.

O como el pasado 4 de mayo, cuando cuestionó que un medio escrito local, El País, de Cali, titulara: “Guardia indígena llegó armada con palos a protestar a las afueras del Congreso mientras votan el Plan de Desarrollo”. El presidente, que 10 minutos antes le había reclamado al periodista de radio Luis Carlos Vélez por la misma razón, enfatizó: “¿Por qué esta prensa quiere una masacre contra los indígenas?”.

Además de poner el foco en imprecisiones o desaciertos, el presidente ha enviado mensajes generalizados que no solo ponen en entredicho la labor de la prensa, sino que pueden impactar su papel como eje central en una democracia. El periodismo que se ejerce con ética y rigor permite a la audiencia acceder a información de calidad como bien público.

“La prensa cuando el administrador es de derechas y la prensa cuando el administrador es de izquierdas”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter el pasado 28 de abril, citando otro trino, de tono irónico, en el que se exponía un video del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, defendiendo hace unos años la expropiación, un asunto que en Colombia se tiende a relacionar con comunismo. “¡Maldito @petrogustavo expropiador! Hasta se cambió el aspecto para engañarnos”, señalaba el mensaje original. Al ser replicado por el presidente, con 6,7 millones de seguidores, alcanzó a tener más de 5.000 retuits y más de 10.000 Me gusta.

Apreciaciones como esa, de la máxima figura del poder a escala nacional, pueden minar la credibilidad de la prensa, según la FLIP. “Es un discurso que cala en millones de personas en Colombia con ese grupo tan amplio de seguidores que tiene el presidente Petro. Esto tiene un impacto, que no acepta discusiones y que es una narrativa que llega para instalarse como una verdad absoluta. Por supuesto que afecta la credibilidad”, señala Bock.

Más temprano, el mismo 28 de abril, Petro se había trenzado en un debate en la red social con el periodista Jorge Espinosa, de Caracol Radio, sobre las implicaciones de un artículo que su partido, el Pacto Histórico, quería incluir en el Plan Nacional de Desarrollo para reducir a 21 días los trámites de la venta obligada de predios. Entre las 8.24 de la mañana y las 3.18 de la tarde, el mandatario publicó seis trinos, algunos en hilo, tratando de desvirtuar al comunicador. “Amigo Espinosa, tu información busca que la opinión pública crea que vamos a expropiar tierras y eso es falso”, dice en uno de ellos.

Después de la discusión pública que desató el controvertido artículo, la Cámara de Representantes aprobó otro alternativo que reglamenta “la compra de tierras por oferta voluntaria”, estableciendo adquisiciones a precios comerciales y sin fijar el plazo exprés.

Espinosa dice que no ha sentido una vulneración a su derecho a informar o a hacer preguntas sobre asuntos complejos. “Desde que fue alcalde de Bogotá, el presidente Petro encontró en el periodismo un enemigo perfecto para sus bases. Es más fácil culpar a los medios de las cosas que pasan (lo que él ha denominado como la narrativa periodística) que responder por las descoordinaciones de su Gobierno, las torpezas de sus ministros o las que comete él mismo haciendo caso a algunos de ellos”, opina. Y subraya: “Hay que ser especialmente cuidadoso en la forma como uno cubre las cosas que pasan con él o con su Gobierno”.

Aunque al presidente no le ha faltado razón en algunas de sus críticas puntuales a publicaciones de medios de comunicación, ha preferido saltarse los mecanismos más institucionales de reclamos a la prensa, como las solicitudes de rectificación o las comunicaciones a los editores o jefes de redacción. Para la FLIP, esto representa unas nuevas reglas de juego que pueden poner en riesgo la libertad de prensa.

“Preocupa que esto ocurra en un país como Colombia, con picos tan altos de violencia hacia la prensa”, señala Bock. Colombia es uno de los cinco países más peligrosos para la prensa en América Latina, según el índice de libertad de prensa 2023 de Reporteros sin Fronteras, pese a haber pasado del puesto 145 al 138 en el último año, entre un total de 180 países. Una encuesta reciente del Círculo de Periodistas de Bogotá revela que el estigma o la difamación por parte de mandatarios locales y funcionarios contra los periodistas se elevó del 27% en los años 2015 y 2016 al 37% en 2023.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma que en 2020 le dio la razón al hoy presidente cuando reclamó la protección de sus derechos políticos después de su destitución como alcalde de Bogotá, marca los deberes a los que está sujeto el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los funcionarios. “Los funcionarios públicos también tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas y medios de comunicación”, precisa el marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión.

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