Colombia, el país en el que la expropiación es el demonio

Uno de los momentos más tragicómicos de Hugo Chávez se vivió en 2010. El comandante bolivariano iba caminando por Caracas rodeado de cámaras, de pronto se paró y señaló un edificio. “¡Exprópiese!”, ordenó. La escena, que se repitió en varias ocasiones, se quedó grabada en la memoria no solo de los venezolanos, sino que dio la vuelta al mundo. En Colombia, como país vecino, es escuchar la palabra expropiación y ver la cara del líder chavista, o el rostro de Fidel Castro. En Colombia, expropiar es comunismo.

El debate ha vuelto a darse estos días, desatado por una propuesta que hizo la Agencia de Tierras de incluir un artículo para el Plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro. La fórmula trazaba un camino para poder expropiar “bienes de interés” para el Gobierno en procesos de solo 21 días, en el marco de la reforma agraria que busca un reparto más justo de la tierra. Los temores se avivaron. Como resultado, el Gobierno se puso a la defensiva y no presentó la propuesta.

La expropiación es un tema recurrente para hablar del presidente Gustavo Petro. Antes de ganar las elecciones, uno de los mayores miedos de la élite económica y empresarial era que el líder de la izquierda comenzara una oleada de expropiaciones aleatorias por todo el país si ganaba la presidencia. Hasta ahora no ha sido así. Es más, para calmar los ánimos, Petro puso al frente del Ministerio de Hacienda a un economista de tendencia liberal y socialdemócrata, ni siquiera a un izquierdista. Y lo reemplazó esta semana por un economista con ideas similares, aunque más cercano a él.

Para empezar por el principio, la Constitución colombiana permite la expropiación en su artículo 58. “Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado”. Y los Gobiernos, nacionales o locales, más y menos conservadores, han expropiado durante décadas, sobre todo para hacer obras públicas.

Políticos que no podrían ser considerados comunistas y que han tenido responsabilidades en hacer infraestructuras han defendido la expropiación. Por ejemplo, el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras, en 2017, cuando estaba encargado de desarrollar las grandes vías del país. Frente a la lentitud para desarrollar la ampliación de la carretera entre Santa Marta y Ciénaga, dijo: “No podemos seguir esperando después de que todo el mundo puso los recursos, que por problemas prediales aun no haya concluido esta obra; apelen a la figura de la expropiación frente a aquellas personas que por ningún motivo ni a ningún precio faciliten la terminación de la misma”.

Algo similar ocurrió cuando la justicia aprobó la expropiación de parte de los terrenos de un club privado en medio de Bogotá para hacer un parque público. El exalcalde Enrique Peñalosa, al que tampoco podría considerarse un izquierdista, lideró la iniciativa y lo celebró defendiendo el uso del término tabú: “Expropiación no es comunismo: se usa en EE UU, Francia, cualquier democracia donde prevalezca el interés general sobre el particular”. Tenía clara la carga que tiene la palabra en Colombia, a pesar de que desde 1936 la Constitución pone límites a la propiedad privada y habla explícitamente de la expropiación, como hacen muchas leyes. Una tesis de grado de derecho de 2011 sobre la figura jurídica y su historia en Colombia contaba hasta 17 de ellas.

Pero en política a veces sirve la frase de “tengo unas valores, pero si no le gustan, tengo otros”. El mismo Vargas Lleras, apenas un año después de amenazar con la expropiación, se refirió al líder de la izquierda, hoy presidente: “El Doctor Petro le pidió a Ardila Lülle que le venda Incauca, muy provocador como de costumbre. Le recuerdo: la Constitución colombiana protege la libre empresa y la propiedad privada. Su propuesta está peligrosamente cerca de la expropiación así lo niegue un millón de veces.” En realidad Petro no había dicho que expropiaría tierras, sino que comentó que qué “bonito sería que [Carlos Ardila Lülle, el multimillonario dueño del ingenio azucarero Incauca] decidiera vender su hacienda al Estado, para que el Estado la entregue al pueblo campesino y al pequeño productor agrario para producir alimentos”.

El debate se ha repetido varias veces desde entonces y Petro siempre ha buscado alejarse de la palabra como corriendo de la peste. Compra frente a expropiación, esa es la baza del presidente, que adicto como es a las redes sociales, este viernes respondió a las críticas. “Con venta voluntaria jamás se logrará ni un camino, ni una autopista, ni el metro de Bogotá ni el cumplimiento de la Constitución en el acceso de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra. Por eso hay dos mecanismos en la ley: compra voluntaria y expropiación”, soltó en Twitter, para después recoger: “Nosotros queremos reemplazar la expropiación con venta obligatoria a precio comercial y mantener la compra voluntaria”.

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