El asesinato de una mujer trans en un retén: los documentos militares no sostienen la defensa del soldado acusado

En los documentos militares aparece como Carlos Julio Giraldo Díaz, pero se llamaba Juliana. Murió en un retén militar entre los pueblos de Miranda y Corinto, en el tenso departamento del Cauca. No era parte de un grupo armado, no llevaba armas, no atacó a nadie. La mañana del 24 de septiembre de 2020, un jueves como cualquier otro, el auto que conducía Francisco Larrañaga recibió un disparo. Juliana, que iba en el asiento de copiloto, murió.

La investigación por la muerte de esta mujer transexual se ha paseado desde entonces por los anaqueles de varios juzgados. El acusado es el soldado Cristian Saavedra, quien estaba cerca de terminar los 12 meses de su servicio militar y quien jaló el gatillo.

Saavedra, detenido desde septiembre de 2021, dice que es inocente. En un primer momento alegó que el vehículo buscó evadir el control militar, y le disparó a la llanta. La bala habría impactado el asfalto, dice, y, al rebotar, traspasó el metal del carro para llegar hasta Juliana. Su más reciente argumento es otro: que Juliana ya estaba muerta cuando llegaron al retén. Es lo que defenderá su defensor José Luis Villafañe en la audiencia de inicio del juicio, citada para este lunes.

Pero el mismo Ejército ha dado por hecho que la muerte de Juliana, o Carlos Julio como lo llaman en documentos internos los militares en muchas ocasiones, fue efecto de una operación militar. Es decir, que murió por el retén. No señalan que ella hubiera estado muerta antes del disparo.

Por el contrario, según un documento oficial de las Fuerzas Militares que proviene de una filtración de más de 516.000 documentos que obtuvo Guacamaya Leaks, al que tuvo acceso EL PÁIS gracias a la organización francesa Forbidden Stories, desde el principio los militares entendieron que la causa de la muerte fue el disparo, y no han señalado ninguna otra hipótesis.

Se trata de la ficha técnica del caso, un formato que usan varias instancias militares para hacer seguimiento a algunas muertes que presenten especial relevancia. Uno de los motivos es que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos haya levantado una advertencia sobre el caso. Eso pasó con Juliana.

La ficha técnica se refiere al evento como “Muerte Carlos Julio Giraldo Díaz, reconocida por el nombre JULIANA”. El formato aparece en varios correos; el más reciente es el que envió el 28 de abril de 2022 el teniente de navío José Luis Solarte, jefe del área de protección de grupos especiales de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio, a Nancy Yanet Cárdenas, quien trabajaba en la dirección de Derechos Humanos y DIH del.

En la ficha consta la versión del encargado del retén, el sargento Hernando Oyola. El suboficial explica que Saavedra “reacciona con su arma de dotación hacia las llantas del vehículo”, que éste luego “se detiene producto de un impacto de proyectil en una de las llantas”, que acto seguido se baja el conductor y “manifiesta con gritos que su compañera quien ocupaba el puesto del copiloto estaba muerta” y que se acredita la muerte de una persona civil de nombre Carlos Julio Giraldo Díaz reconocida con el nombre “JULIANA”.

El formato también recuerda que ese mismo día el Comando Específico del Cauca emitió un comunicado de prensa que dice que cuando los soldados “adelantaban labores de control militar de área, una mujer resultó muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza”.

Ningún otro documento de la enorme filtración se refiere a otra versión de los hechos. Saavedra terminó su servicio militar un mes y una semana después de la muerte de Juliana. Nunca recibió sanciones disciplinarias. Su caso avanzó en las justicias ordinaria y penal militar. El Consejo Seccional de la Judicatura decidió que debía a la ordinaria, donde está en juicio penal. Allí un juez debe determinar no solo si el disparo fue la causa de la muerte de Juliana, como entienden los militares, sino si es responsable del delito de homicidio en persona protegida, que es la acusación de la Fiscalía.

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