El Gobierno propone un gran pacto nacional para frenar la violencia contra las mujeres

Tras una seguidilla de feminicidios y agresiones sexuales que han acaparado los titulares en Colombia el último mes, la Vicepresidenta Francia Márquez y la Consejera para la Equidad, Clemencia Carabalí, acompañadas de más de 500 mujeres, firmaron el pasado viernes el Pacto nacional por la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género. El evento se realizó en el marco de los eventos conmemorativos del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

En Quibdó, Chocó, y con la presencia de los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, diferentes organizaciones sociales y organismos internacionales se realizó el lanzamiento de esta iniciativa donde a la par, se instaló el primer Puesto de Mando Unificado (PMU) exclusivo para atender los hechos de violencia contra las mujeres. De acuerdo a declaraciones de Carabalí, con el Pacto buscan implementar medidas urgentes para mitigar la oleada de violencias machistas que se han registrado en el país, como lo evidencian las cifras que publicó ONU Mujeres: en 2021 alrededor de 30.000 mujeres sufrieron hechos victimizantes, y se registraron más de 800 feminicidios.

“Este pacto lo lanzamos con el firme propósito de definir e implementar acciones concretas, eficaces, con enfoque de género, territorial e interseccional, para la prevención, atención y judicialización de todas la formas de violencia basadas en género”, explicó la consejera en la actividad. Días antes en conversación con EL PAÍS, aseguraba que una de sus prioridades en ese cargo será lograr una articulación interinstitucional eficaz para llevar a buen término el pacto.

Un plan de trabajo acorde a la magnitud de la emergencia

Hacerle frente a las múltiples violencias basadas en género que viven las mujeres en Colombia no es una tarea fácil, pero sí una necesidad inaplazable, como lo demuestran los datos. Organizaciones feministas y congresistas incluso han solicitado declarar una emergencia nacional por el aumento de estos hechos. Para enfrentarlos, el pacto contempla un plan de acción con numerosas acciones estratégicas que pretende que sean acompañadas y apoyadas por todos los actores de la sociedad.

Algunas acciones son preventivas, a través de la pedagogía. Según un documento compartido a este periódico, el plan propone programas de formación en educación sexual y reproductiva desde la primera infancia, que promuevan además masculinidades corresponsables y no violentas. De forma incluso más clara está pagar una deuda que dejó el Gobierno de Iván Duque: el Sistema Nacional de Cuidados que ordena la Ley 1413 de 2010. El pacto contempla avanzar en el cumplimiento de las orientaciones de esa ley, reconociendo las importancia de las labores del cuidado en la sociedad y haciendo hincapié en programas que logren cerrar brechas laborales y salariales.

Otras acciones son reactivas, como impulsar políticas públicas que combatan de manera contundente fenómenos que se han agudizado, como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes o reforzar las estrategias de protección de las sobrevivientes, en especial por parte de las instituciones que judicializan a los victimarios, como la Fiscalía.

Otras acciones más buscan tener cómo analizar las violencias para mejorar las acciones. Por ejemplo, el pacto incluye medidas para fortalecer los sistemas públicos de información sobre violencias basadas en género. Las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista han evidenciado, como lo registró EL PAÍS, que en Colombia no hay información precisa sobre hechos de violencia feminicida e incluso, activistas denuncian posibles subregistros que doblarían las cifras oficiales.

Para que todas estas acciones concretas sean realidad, la hoja de ruta consigna el punto “Feminización de la política pública”, con el que se aspira a aumentar la disponibilidad de recursos presupuestales para materializar estas ideas. Precisamente, una de las principales apuestas de la consejería para aplicar el enfoque territorial es generar incentivos económicos para fortalecer las agrupaciones de mujeres en cada región y conseguir que el estado pueda contratar con juntas de acción comunal y organizaciones de base.

El documento afirma que se promoverá una mayor participación femenina en espacios de toma de poder y de decisión. En esa línea, la falta de paridad en los nombramientos no ministeriales de Gustavo Petro han suscitado fuertes criticas, pues ni siquiera alcanzan el 30% por ciento que exige la ley de cuotas.

Los ministerios de Trabajo y del Interior y las 44 organizaciones sociales que firmaron el pacto lo echarán a andar trazando un plan de trabajo de colaboración técnica, humana y financiera. La sociedad civil hará la veeduría del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en el Pacto, una meta en la que tendrá un papel estelar el futuro Ministerio de la Igualdad, una de las banderas de la administración Petro que encabezará la vicepresidenta Márquez. La ley para crearlo fue aprobada la semana pasada por las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes y le esperan los debates en las dos plenarias para convertirse en ley.

En el discurso de instalación del evento la vicepresidenta Márquez hizo un llamado para que los hombres trabajaran en deconstruir los mandatos de la masculinidad violenta e instó a la unión entre las mujeres del país. “Las mujeres de Colombia se merecen vivir sabroso, vivir sin miedo. Cuando nos cogemos de las manos y trabajamos juntas, somos un poder que nadie para”, reflexionó.

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