En Catatumbo no hay quien compre la coca

En el Catatumbo, el principal enclave de cultivos de coca de Colombia, no hay quien compre la pasta base. La recesión de esta economía ilegal es una ventana de oportunidad para que el Gobierno de Gustavo Petro ponga en práctica su discurso en contra de la guerra contra las drogas. Pero hay que actuar prontamente, para que sea el Estado y no los grupos armados ilegales los que aprovechen esta situación.

Varias razones podrían explicar esta contracción. Por un lado, tal como lo señaló recientemente el diario regional La Opinión, la captura y extradición de “Otoniel”, el líder principal del Clan del Golfo, generó incertidumbre entre los narcotraficantes. “No saben a quiénes y cuántas rutas han entregado a las autoridades de ese país”, afirma este periódico. También se dice que han contribuido a este momento de crisis la destrucción de pistas del otro lado de la frontera, la interdicción de cargamentos por la vía del Caribe y las dificultades para sacar la cocaína por Venezuela. Para los carteles mexicanos dejó de ser rentable el Catatumbo como centro de abastecimiento, disminuyendo el flujo de dinero hacia esta región.

De ser ciertas estas versiones, se confirmaría que el verdadero impacto de las acciones del Estado contra el narcotráfico está en los eslabones claves y la disrupción de las rutas, no en la ineficiente y costosa erradicación forzada de los cultivos ilícitos. En esta región, la proporción de hectáreas de coca erradicadas en los últimos años ha sido muy baja, en un contexto de fuerte influencia de los grupos armados ilegales y resistencia por parte de las comunidades.

Mientras la economía de la coca se contrae, el carbón se ha valorizado debido a los cambios en los flujos comerciales inducidos por la guerra entre Rusia y Ucrania. Los grupos armados ilegales extraen rentas de este sector a través de la extorsión y el control sobre minas ilegales. La explotación del mineral también ha atraído mano de obra.

Además, la guerrilla del ELN habría dado la orden de no sembrar coca ni sacar pasta base. La razón para hacerlo es que los cultivos de coca estimulan el interés y la competencia con otras organizaciones, a la vez que van degradando la lucha insurgente. No hay como comprobar esta intención, más allá de los discursos de rechazo al narcotráfico. Como antecedente se encuentra lo que sucedió en Arauca, donde el ELN ordenó erradicar la centena de hectáreas de coca que había en este departamento.

Más allá de las razones, la recesión de la economía cocalera es un hecho. La pregunta ahora es cómo el Estado puede aprovechar esta oportunidad. Hace un año, el interés de las poblaciones involucradas en los cultivos de coca en la sustitución era muy bajo. Hoy hay una mayor apertura, dadas las pocas las alternativas que ofrece la economía legal.

Una situación similar se vivió tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC y el comienzo de la implementación. Tras el desarme de este grupo insurgente y la reconfiguración de la regulación ilegal, tampoco había quien comprara la producción. Pero con el trascurrir del tiempo la economía ilegal se reorganizó y se reactivó, convirtiendo al Catatumbo en la principal región productora. Norte de Santander pasó de tener casi 7.000 hectáreas de coca en 2014 a algo más de 28.000 en 2017 y 40.000 en 2020. En menos de una década, los cultivos se multiplicaron más de cinco veces. ¿Cómo evitar que esto vuelva a suceder?

A dos semanas del comienzo de su mandato el presidente Petro estuvo en el Catatumbo, en el municipio de Tibú. “Hay que construir la transición del Catatumbo: hacia una región prospera y hacia la producción alimentaria, que es posible con educación y con el dialogo regional”, declaró el mandatario ante cientos de campesinos expectantes. Petro también anunció la realización de la primera asamblea de campesinos cultivadores de hoja de coca.

Para encontrar las claves que permitan avanzar en este propósito ya hay un camino recorrido. Las comunidades y sus líderes, las administraciones locales y la gobernación, la iglesia, grupos de mujeres y jóvenes han venido pensando e imaginando El Catatumbo. Parte importante de esta conversación se ve reflejado en la “Hoja de Ruta” del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como parte de la implementación del Acuerdo de Paz. En este ejercicio se identificaron prioridades que podrían cambiar el futuro de esta región. Buena parte de ellas son parte de una agenda de reivindicaciones que han sido elevadas al Estado central una y otra vez.

Además, en la región hay un conjunto disperso de proyectos promisorios, que pretenden ofrecer alternativas de ingresos legales, en un contexto muy adverso, no solo en términos de seguridad sino también por la falta de infraestructura y bienes públicos. Esta puede ser la levadura para desatar el desarrollo local.

Dos fuerzas pueden marcar lo que viene. Por un lado, la “paz total” y la posibilidad de que las treguas contribuyan a generar condiciones para la agenda de transformación territorial. Esto en un momento en donde están encendidas las alarmas por la posible activación de la disputa entre el ELN y las disidencias de las FARC. Por otro lado, la apertura de la frontera con Venezuela, que podría generar un ciclo de reactivación de la economía formal, pero que también puede dejar sin ingresos a cientos de personas que dependen de la informalidad y la ilegalidad – potenciada por el cierre de la frontera.

Lo que revela la “Hoja de Ruta” es que la apuesta del Estado en el Catatumbo debe ser conectarlo. Algo que, como señala el economista Roberto Angulo, no solo se trata de vías e infraestructura, sino también de conectar a las personas y las comunidades con el Estado, para que sean los actores principales del desarrollo. La crisis de la coca es una oportunidad para que el Estado gane espacio, pasando de las promesas a los hechos.

Juan Carlos Garzón es investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz y experto en políticas de seguridad y drogas.

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