Un mes y el plan de emergencia contra el hambre en Colombia no despega

Ha sido tan intensa la oleada de anuncios desde que Gustavo Petro se posesionó como presidente de Colombia – la búsqueda de la paz total, los cambios en la Fuerza Pública, el giro en la política antidrogas – que el que presentó en campaña como un asunto urgente que requería declarar una emergencia económica pasó a otro plano en el primer mes de gobierno: mitigar la crisis del hambre. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que en el país 13,5 millones de personas no pueden acceder a una dieta saludable y otras 4,2 millones están subalimentadas, es decir, no tienen una adecuada nutrición. Un cuarto de la población en las principales ciudades no puede consumir tres comidas al día.

La falta de seguridad alimentaria es una realidad tan profunda como invisible, que solo se revela ante quienes no la padecen cuando los casos de muertes por desnutrición figuran en la prensa. Por lo menos 166 niños y niñas menores de cinco años habían muerto hasta agosto pasado por esta causa en Colombia. Cinco cada semana, en promedio, de acuerdo con los reportes de las autoridades regionales ante el Instituto Nacional de Salud. La cifra ya supera la totalidad de muertes de este tipo que se presentaron el año pasado.

El presidente Petro no ha lanzado, hasta ahora, un plan de emergencia contra el hambre pese a que antes y después de ser elegido afirmó que esta sería su primera acción de gobierno. El primer desafío de fondo que intenta resolver, por medio de un ambicioso y controvertido proyecto de reforma tributaria que se discute con mensaje de urgencia en el Congreso de la República, es la falta de recursos para afrontar esta y otras necesidades históricas en uno de los países con mayores niveles de desigualdad en América Latina.

Lo que se ha gestado por ahora, además de la reforma tributaria, es una propuesta de acuerdo nacional contra el hambre que formuló el equipo de empalme, pero que no se ha adoptado ni descartado desde la Casa de Nariño. Plantea, por ejemplo, la entrega temporal de bonos alimentarios como acción de corto plazo. “Se estima que los bonos tendrán un costo de $0.26 billones mensuales en el 2022, dando un bono de $200.000 (unos 44 dólares) por familia a 1.300.000 familias, que corresponde al 10% en extrema pobreza, identificadas en los sitios donde la desnutrición es más alta”, indica el documento. “Esto permitirá victorias tempranas en el gobierno, que muestren qué se está haciendo frente a la emergencia”, señala.

El borrador conocido por EL PAÍS contempla la posibilidad de “introducir de forma paulatina la condicionalidad de ligar el bono a trabajo comunitario para que se articule al de Empleo Garantizado anunciado en el programa de gobierno, fortalecer los procesos comunitarios y abandonar el asistencialismo”.

La propuesta, que recoge recomendaciones de distintas organizaciones, incluye acciones de mediano y largo plazo, y coincide con uno de los objetivos del gobierno de Gustavo Petro: recuperar la soberanía alimentaria con la participación de múltiples actores. “Una misión del Estado con todo el sector privado que quiera unirse debe garantizar la plena alimentación sana de toda la sociedad colombiana y lograr excedentes de exportación”, expresó el presidente en su discurso de posesión el 7 de agosto, cuando hizo referencia a lograr el hambre cero.

Los compromisos del mandatario para incentivar la producción local de alimentos, que pasan por mejorar el acceso a tierras, créditos, insumos y asistencia técnica, así como la adecuación de distritos de riego y vías, han generado expectativas y tensiones. El anuncio, al inicio de su administración, de que todos los bienes en extinción de dominio pasarían a ser la base de una nueva economía productiva administrada por organizaciones campesinas, antecedió tomas ilegales de predios por parte de comunidades indígenas en el Cauca y otras zonas del país. El gobierno ha rechazado las ocupaciones.

Además de confirmarse si el presidente Petro impulsará el acuerdo nacional contra el hambre, se esperan los avances de un proyecto de ley que un grupo de congresistas del Pacto Histórico, la coalición de gobierno, radicó hace unas semanas. La iniciativa busca crear un fondo especial para la soberanía alimentaria y “subsidiar alimentos básicos como la carne, el arroz, la leche y los huevos”, dijo el senador Iván Cepeda, uno de los impulsores. De ser aprobadas, las ayudas estarían focalizadas en la población de menos recursos. Esto, no obstante, también dependería de que se logren nuevos ingresos con la reforma tributaria.

Por su parte, la ministra de Agricultura, Cecilia López, confirmó que se está gestionando un crédito de emergencia ante el Banco Mundial por 50 millones de dólares para reducir los costos de los insumos del sector agropecuario. Más del 40% de los fertilizantes que se utilizan en Colombia son importados de Rusia y Ucrania, lo que ha extendido el impacto social y económico de la guerra hasta este lado del Atlántico.

Mientras las medidas para mitigar el hambre comienzan a aterrizar, la inflación sigue cogiendo fuerza como uno de los mayores vientos en contra. La variación anual en agosto fue del 10,84%, la más alta de este siglo. Los precios de alimentos como la cebolla, la yuca, la carne, la leche, el arroz, el pan y los huevos, así como las bebidas no alcohólicas, son los que más han presionado el ajuste con incrementos superiores al 25%, muy por encima de otros países de la región.

Más allá del anuncio de la ministra López, hasta ahora no se han divulgado decisiones conjuntas del gabinete entorno a un problema con efectos transversales, que altera tanto la salud como el desempeño escolar y el acceso a empleos de calidad por las afectaciones en el desarrollo cognitivo de quienes sufren las consecuencias de la desnutrición.

Algunas de las organizaciones que lideran estrategias por la seguridad alimentaria en el país se han abstenido de lanzar apreciaciones apresuradas sobre el futuro de políticas estructurales en la materia. Esperan, sin embargo, una visita presidencial al departamento de La Guajira, la región con más muertes relacionadas con desnutrición en Colombia, y desde allí nuevas señales sobre soluciones de fondo que reflejen que lo importante no ha desplazado lo urgente en el arranque de gobierno.

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