La Colombia olvidada que encuentra Gustavo Petro

El grito de comunidades que han soportado por años la severidad de la violencia y el olvido del Estado pareciera haber quedado atrapado entre los bosques, los ríos y las olas del mar Pacífico. Chocó, Nariño y Cauca, en el occidente colombiano; y Putumayo y Vaupés, en la región amazónica, gozan de una ubicación privilegiada y tienen una biodiversidad que muchos envidiarían, pero afrontan la crudeza del conflicto armado, la desigualdad y el abandono. Fueron los cinco departamentos que más votaron por Gustavo Petro a la Presidencia y Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial; y le apostaron mayoritariamente al sí en el plebiscito de 2016 que buscaba refrendar el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.

Los problemas en estas zonas se entrelazan unos con otros, como eslabones fundidos entre la guerra y la pobreza. “Acá son prioridades todas. Lo que esperamos es que nos presten atención”, afirma Dilon Martínez, coordinador del Comité Cívico por la salvación y dignidad del Chocó, el segundo departamento con más pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema en Colombia, después de La Guajira. La mayor tasa de desempleo entre las capitales la tiene la de Chocó, Quibdó: 20,6% entre abril y junio. “Necesitamos que se activen las cadenas productivas para generar trabajo”, reclama Martínez.

Para ello se requieren inversiones en vías y de servicios públicos. “Tenemos 10 municipios sin interconexión eléctrica, alumbrándose con mechones y velas”, agrega el líder. El acueducto y alcantarillado, la recolección de residuos sólidos y el gas domiciliario son precarios. No hay servicios hospitalarios de alta complejidad. A los trabajadores del hospital San Francisco de Asís de Quibdó, de segundo nivel, les pagaron hace dos semanas el salario atrasado de seis meses. Todavía les adeudan mayo y junio.

El Comité Internacional de la Cruz Roja alertó, en un reciente informe, que Chocó concentró el 57% de las 19.210 personas afectadas por el confinamiento, un fenómeno causado por enfrentamientos o amenazas de grupos ilegales, en el primer semestre del año. Los niños y jóvenes están altamente expuestos, asegura Haidy Sánchez, psicóloga clínica nacida en la región. “Están corriendo riesgo de reclutamiento y muerte. No tienen entornos seguros. Muchos imploran con su arte y cultura la atención del gobierno”, sostiene. Advierte que el deterioro de la salud mental de algunos adolescentes “es una bomba de tiempo”, que exige ofrecerles herramientas para cambiar su realidad, empoderar a las mujeres y diseñar políticas con enfoque étnico diferencial.

En el Cauca, el tercer departamento con más pobreza extrema, la situación es similar. De allí eran 89 de las 377 víctimas de artefactos explosivos que se han registrado en todo el país en lo corrido del año, la mayoría de ellas civiles. También es el departamento con más masacres en este año, ocho de 59, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. “Para el departamento donde históricamente ha habido tanta violencia, la necesidad más grande es que se consolide la paz”, afirma Juan Pablo Salazar, de 36 años, campesino de la región que fue elegido como Representante a la Cámara por las curules de paz.

Al sur de Cauca está Nariño, donde también se palpa la esperanza frustrada de que se cumplan plenamente los acuerdos de paz. “De las 13 subregiones, solo tres tienen niveles de necesidades básicas insatisfechas por encima del 85%”, explica Zabier Hernández, especialista en políticas públicas y defensor de Derechos Humanos en el departamento. “Este trasfondo ha sido el caldo de cultivo para el narcotráfico”, añade.

Estas zonas reclaman una pronta implementación de los puntos incluidos en la negociación entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC, entre ellos, la reforma rural integral. “A partir de la firma teníamos la añoranza de un cambio pero el Estado no llegó ni con educación, ni con salud, ni con vías terciarias. Quienes llegaron fueron nuevas estructuras de las disidencias guerrilleras y el ELN se expandió”, dice Hernández.

El domingo pasado, cuatro personas fueron asesinadas en un billar de la zona rural de Barbacoas, a pocas horas de Pasto, la capital de Nariño. En este departamento se presentó el 43% de los desplazamientos masivos con 29.729 víctimas en el primer semestre del año, seguido de Chocó, de acuerdo con el reporte de la Cruz Roja.

En Putumayo, en el suroccidente del país, también han ocurrido hechos recientes de violencia. El 31 de julio fue asesinado Rigoberto López Vallejo, firmante del acuerdo de paz, en el municipio de San Miguel. Según Indepaz, ya son 31 los excombatientes víctimas de homicidio este año, 337 desde la firma del acuerdo, además de 1.337 líderes sociales.

En el departamento “hay miles y miles de necesidades”, asegura Jhon Fredi Valencia, líder comunitario y congresista por una curul de paz. Por ejemplo, falta el acceso a hospitales de alto nivel. “Hay que salir con enfermos por más de 8 o 9 horas y pasar por una vía que la llaman ‘el trampolín de la muerte’, donde se han accidentado ambulancias porque es imposible transitarla de noche”, alerta Valencia sobre la angosta carretera que de Mocoa conduce a Pasto.

El acceso a la educación de calidad es otro clamor. En Vaupés, con mayoría de habitantes indígenas, las particularidades geográficas dificultan la llegada de los maestros a las zonas más alejadas. “Un docente se tiene que dividir entre varios cursos, dictar clases de primero a tercero o de tercero a quinto”, cuenta Blanca Hernández, líder del departamento. “Los promotores de salud pueden hacer poco porque tienen a cargo muchas comunidades; llegar requiere de horas o días de navegación o transporte por vía aérea”, agrega. Vaupés suma más de 20 días con fallas en la conexión a internet y telefonía móvil tras la vandalización de una torre. “Cuando se va la señal todo el pueblo queda incomunicado, se para el comercio, la educación”, asegura Hernández desde la comunidad indígena de Camutí, tras múltiples intentos de comunicación telefónica.

Una luz de esperanza

Estas regiones del Pacífico y la Amazonía colombiana, con votaciones entre el 74% y el 82% a favor de Gustavo Petro y Francia Márquez, están enlazadas por las historias de violencia y desamparo estatal. “Como muy pocas veces en el país, organizaciones sociales se sumaron al ejercicio político en territorios que tradicionalmente no han sido escuchados”, destaca Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE.

Para Camilo González Posso, presidente de Indepaz, es vital que se silencien las armas y a la vez se gestionen respuestas para detener la desigualdad. “No se puede esperar a terminar la guerra para luego pensar en lo demás”, dice.“Necesitamos que nos pacifiquen el territorio. Acogemos la propuesta de diálogos regionales para desactivar conflictos y mafias”, sostiene Martínez desde el Chocó. Las comunidades históricamente olvidadas coinciden en advertir que las políticas públicas diseñadas desde Bogotá no siempre se adaptan a la realidad. Con la propuesta de los diálogos, encuentran que el Gobierno electo presenta un camino. Ahora falta recorrerlo.

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