“Del territorio al Capitolio”: las víctimas de la guerra llegan al Congreso

Escuchar el testimonio de todas las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia llevaría 17 años, utilizando las 24 horas del día. Lo dijo recientemente el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, creada en el marco del acuerdo de paz que firmaron el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016. La afirmación dibuja en parte la magnitud de una guerra que sobrepasa medio siglo. Más de nueve millones de personas han sufrido esta confrontación armada en la que han participado múltiples actores y que todavía deja innumerables heridas por sanar. Por primera vez, las víctimas tendrán representación en el Congreso de la República que toma posesión este 20 de julio.

Son 16 curules de un total de 188 escaños en la Cámara de Representantes que, junto con el Senado, compone el órgano legislativo nacional. Estarán ocupadas por candidatos que fueron elegidos en las zonas rurales de los municipios más afectados por la violencia, agrupados en circunscripciones. Su llegada se materializa después de cuatro años de retraso, a pesar de ser uno de los puntos del acuerdo. “Desde el principio de las conversaciones se dijo que las víctimas eran el centro del proceso de paz. Su presencia tendrá un efecto de integración nacional e incorporación de las regiones más afectadas por el conflicto, que han sido las más aisladas y menos representadas”, afirma Humberto de la Calle, que fue jefe negociador del Gobierno en La Habana y hoy es senador electo para el nuevo periodo del Congreso.

Impulsar desde el Capitolio Nacional un verdadero tránsito hacia el posconflicto es una de las máximas prioridades de los representantes, quienes exigirán avances reales para el cumplimiento total del acuerdo. Entre ellos, una reforma rural integral que acerque oportunidades de igualdad y desarrollo para el campo. “Vamos a acompañar y proponer proyectos que beneficien a los territorios, que sean justos y oportunos porque normalmente se crean leyes que solo quedan en el papel. No será un trabajo de escritorio sino con conocimiento de las necesidades en estas poblaciones, del territorio al Capitolio”, asegura Karen Manrique, de 31 años, una de las tres mujeres elegidas. Fue víctima de desplazamiento forzado en el departamento de Arauca, al oriente del país, donde niños y niñas todavía crecen expuestos al reclutamiento por parte de grupos armados.

Los candidatos a las curules de paz, paradójicamente, tuvieron que hacer campaña en medio del conflicto. Vivieron situaciones como amenazas y paros armados que obligaban a los habitantes de algunas localidades a permanecer encerrados en sus casas. El Comité Internacional de la Cruz Roja alertó, a comienzos de este año, sobre el recrudecimiento de la violencia en algunas zonas y advirtió que el panorama podría ser más complejo que el del año pasado. En lo que va de 2022, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, ha reportado el asesinato de 102 líderes sociales, 1.329 desde la firma del acuerdo entre el Gobierno y las FARC.

“Los grupos armados deben saber leer la realidad que está viviendo el país. El próximo Gobierno (de Gustavo Petro) ha abierto la posibilidad de nuevos diálogos y estos actores deben corresponder al llamado a terminar la confrontación que está afectando a la población civil”, dice Diógenes Quintero, de 33 años, representante electo por el Catatumbo (Norte de Santander). Es abogado y defensor de Derechos Humanos. En esta región, disidencias de la antigua guerrilla han realizado patrullajes recientes en pleno casco urbano del municipio de Tibú, fronterizo con Venezuela. “Es inaceptable lo que ha ocurrido, el Estado y la Fuerza Pública no pueden permitir este tipo de hechos”, señala.

El proceso de elección de los aspirantes a las curules de paz no estuvo libre de cuestionamientos como la presunta participación de clanes y maquinarias de políticos tradicionales. Uno de los hechos más controvertidos fue la elección de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, como representante de las víctimas de Cesar, La Guajira y Magdalena, departamentos de la costa norte. El joven de 31 años, que obtuvo cerca de 15.000 votos, se ha defendido en medios de comunicación asegurando que él también ha sido víctima de la violencia. Su padre está condenado en Colombia a 40 años de prisión, ha tenido más de 1.400 investigaciones penales y estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico. La elección está demandada ante el Consejo de Estado.

Por otra demanda en curso, este tribunal suspendió la del representante Jhon Fredy Núñez, de la circunscripción de paz de Caquetá, en el suroriente del país, como una medida cautelar por una posible inhabilidad. Los demás elegidos tomarán posesión en la instalación del Congreso de la República por un periodo de cuatro años (2022-2026). Las víctimas podrán elegir a sus voceros para las 16 curules de paz por un total de dos periodos electorales.

Según el informe final de la Comisión de la Verdad, el conflicto armado en Colombia dejó más de 450.000 muertos en un periodo de 30 años (entre 1986 y 2016), incluidas masacres y asesinatos selectivos; cerca de ocho millones de desplazados y 40.000 menores de edad reclutados, entre otros delitos. El 80% de las víctimas del conflicto eran civiles. Los actores involucrados han sido grupos armados ilegales como las FARC, el ELN, grupos paramilitares, la fuerza pública y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública. El control territorial de zonas estratégicas para el tráfico de drogas y armas ha sido una de las principales causas de la prolongación de la violencia.

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