Menores muertos en bombardeos: un trágico balance del Gobierno de Duque

Uno de los balances aciagos de los últimos cuatro años en Colombia es el de los líderes sociales asesinados y el de los menores de edad reclutados por grupos armados y además, muertos en bombardeos de la fuerza pública. La muerte de ocho adolescentes en 2019, durante un ataque aéreo contra disidentes de las FARC en Caquetá, le costaron al presidente Iván Duque una de sus primeras crisis políticas en el sector de seguridad. El entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, dimitió en la víspera a una moción de censura cuando la oposición denunció que había ocultado información sobre esas muertes.

Pero los bombardeos con menores en el medio no se detuvieron. En un país donde los muertos se suceden y acumulan cada día, el nombre de Yeimi Sofía Vega quizá no suscite un recuerdo inmediato entre los colombianos. El suyo, sin embargo, representa ese fenómeno que creció y atravesó esta administración. Vega, de 15 años, fue una de las muertas de otro ataque aéreo de las Fuerzas Militares, esta vez en Calamar, Guaviare, el 2 de marzo de 2021.

Su madre, Amparo Merchán, contó que su hija había desaparecido dos años atrás y, al escuchar su nombre entre los muertos corrió a reclamar el cadáver. “Estoy reclamando a mi niña de 15 años, no sé por qué niegan que hay niños menores de edad, no lo oculten, acepten la realidad”, dijo entre lágrimas a medios de comunicación locales.

Una realidad similar a la ocurrida en el Chocó. El 16 de septiembre de 2021, un nuevo bombardeo esta vez contra el frente de Guerra Occidental del ELN en la selva del Litoral de San Juan, dejó otros 4 niños de entre 13 y 17 años muertos.

Los menores en Colombia, especialmente los campesinos, están en la encrucijada entre el reclutamiento ilícito de los grupos armados ilegales y los bombardeos de la fuerza pública, ha denunciado la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico).

Un informe del Instituto de Medicina Legal entregado al congresista Iván Cepeda indicó que “en, por lo menos, 12 de 31 bombardeos documentados realizados por las FFMM han muerto 29 niños, niñas y adolescentes. O, en otras palabras, que de cada 3 bombardeos en uno han muerto menores de edad”, dice el informe de su unidad legislativa. Para el congresista, esto permite establecer que durante el Ejecutivo de Duque los ataques aéreos sobre lugares en los que se encontraban niños, niñas y adolescentes fueron una “práctica sistemática”.

Diego Molano, el ministro de Defensa actual, quien además fue director del Instituto de Bienestar Familiar, respondió a las críticas con una frase que causó aún más estupor. Y agregó a otros medios que alias Gentil Duarte, exjefe de las disidencias, contra quien iba dirigido el operativo vinculaba a jóvenes esperando que “así se limite el uso de la fuerza legítima del Estado”, dijo Molano a El Espectador y defendió el uso de la fuerza.

Cepeda, quien ha denunciado que esas operaciones, ha dicho que el argumento del Gobierno de que “no se podía saber si había niños”, para justificar la legitimidad de esos operativos no es cierta. La Defensoría del Pueblo ha emitido 63 Alertas Tempranas en las que se advierten riesgos por reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes para el año 2020, 2021 y lo que va de 2022, ha dicho.

La plataforma de ocho organizaciones que defienden los derechos humanos de los niños le ha recordado insistentemente al Gobierno de Duque: “El uso preferente de bombardeos en contra de campamentos de grupos armados al margen de la ley en los que se encuentran niñas y niños reclutados, se contrapone a la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para restablecer sus derechos”. E insistieron en que esto no solo vulnera el orden constitucional en el marco del DIDH, sino que “atenta contra principios del DIH independientemente de que las niñas, niños y adolescentes reclutados tengan o no una participación directa en las hostilidades”.

Nuevas estrategias de los grupos armados

El reclutamiento ha estado presente en la historia del longevo conflicto colombiano. El capítulo No fue un mal menor: niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, de la Comisión de la Verdad, documentó que entre 1990 y el 2017, por lo menos 16.238 personas menores de dieciocho años fueron víctimas de reclutamiento. Las extintas FARC fueron responsables de cerca del 74 % del reclutamiento de menores de edad entre 1990 y 2017 en casos documentados, pero puede ascender hasta el 77 % según las estimaciones que se llevaron a cabo en la investigación. “El reclutamiento no es fortuito, es una violencia intencional, y cerca de la mitad de los reclutamientos fueron contra menores de 15 años”.

Después el Acuerdo de paz con esa guerrilla y el reacomodo y crecimiento de otros grupos armados en diferentes territorios, arreció el reclutamiento de menores. Las disidencias de las FARC y las bandas paramilitares aprovecharon el vacío estatal y la pandemia, que impidió que los menores continuaran en los colegios, agravó la situación.

Pero en el nuevo escenario de conflicto, los menores no solo son utilizados como combatientes sino también en funciones de apoyo. “Hemos evidenciado un incremento de reclutamiento y uso de menores para acciones auxiliares como tráfico de armas y drogas. Su traslado de una región a otra muy distante y que persisten también las dinámicas de entrenamiento en diferentes zonas”, explica Julia Castellanos, directora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de Coalico.

Los roles han cambiado y las modalidades de reclutamiento también. En muchos casos no abandonan el entorno escolar, por lo que es más difícil saber que están siendo utilizados por los grupos criminales. “Actores de estructuras más urbanas como el Clan del Golfo no sacan a los niños de sus casas o entornos escolares, pero los utilizan para acciones. Eso hace que sea más difícil detectar el reclutamiento. Es una modalidad creciente desde 2018″, agrega Castellanos.

Naciones Unidas verificó que solo en 2021, 123 niños y niñas de entre 12 y 17 años fueron reclutados y usados por grupos armados. Los mayores reclutadores, según el último informe del Secretario General, presentado en junio pasado, fueron las disidencias de las FARC, con 75 menores, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la última guerrilla activa en Colombia, que reclutó a 17 niños y niñas, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, otros 17 menores, autores no identificados reclutaron a 8 y Los Caparrapos, a 6.

El informe de la ONU menciona cifras que pasaron desapercibidas en medio de la magnitud de la crisis humanitaria reciente: en el periodo analizado, 70 niños y niñas fueron víctimas de violencia en medio de reclutamiento: 31 menores de edad resultaron muertos y 39, mutilados. “Las bajas infantiles se produjeron por disparos de armas de fuego (31), minas terrestres, artefactos explosivos improvisados y restos explosivos de guerra (30), ataques aéreos (6) y tortura y tratos inhumanos (3)”, dice el documento.

En enero de 2020, el Gobierno lanzó el programa “Súmate por mí” en 209 municipios para prevenir el reclutamiento. Y 180 niños y niñas desvinculados de grupos armados entraron en el programa de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El documento presentado en el Consejo de Seguridad de ONU destacó esas acciones y celebró que el Instituto capacitara a las fuerzas militares sobre derechos de los niños. “Encomio estas iniciativas y aliento al Gobierno a que asigne los recursos adecuados para llevarlas adelante, especialmente a nivel local y en zonas vulnerables”, dijo el representante de Naciones Unidas.

El reclutamiento de niños y adolescentes es una bomba que deberá desactivar el Gobierno entrante de Gustavo Petro. Su exclusión de las filas y el compromiso de no involucrarlos en el conflicto será otro de los temas centrales de cara a los acercamientos con grupos armados en búsqueda de lo que Petro ha llamado “paz total”.

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