Los muertos que todo un país quiere borrar

Con una pequeña flor blanca entre sus dedos y la voz temblorosa, el exsargento segundo del Ejército Sandro Mauricio Pérez buscó entre las mujeres sentadas a su derecha el rostro de Doña Flor. Estiró su mano y alzó la voz: “Yo le entendí, señora Flor, que aquí está reflejado su dolor… Le quité la vida a su hijo”.

Flor, mamá de Elkin Gustavo Verano, se tapó los ojos con un pañuelo blanco para esconder sus lágrimas. Las otras madres a su lado trataron de consolarla. “… Mi falta de amor y respeto por la vida humana, por la dignidad humana, me llevó a terminar convirtiéndome en un asesino, un monstruo para la sociedad. Represento para algunos de ustedes una máquina de muerte”, continuó el exsargento Pérez.

Flor llora, otras mujeres también lo hacen. Otras fijan su mirada al infinito sin llorar. Frente a ellas, nueve exmilitares más esperan su turno para reconocer el asesinato de varios inocentes.

“Quiero limpiar el nombre del joven Elkin Gustavo Verano, del joven Camilo Andrés Valencia, del joven Leonardo Porras, Joaquín Castro Vélez, Julián Oviedo Monroy, Diego Alberto Tamayo…”, la lista sigue. Son los nombres de los 19 jóvenes que fueron llevados desde Soacha a Ocaña, Norte de Santander, en el 2008, con falsas promesas de trabajo. Meses después aparecieron como guerrilleros muertos en combate por el Ejército.

El exsargento continúa frente a Flor, a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y a las personas que llegaron el pasado 27 de abril a Ocaña a la audiencia de reconocimiento de responsabilidad del Caso 03, como la JEP llamó a este asesinato de civiles inocentes. “Planeé cómo llegaran cada uno de estos jóvenes a Ocaña y planeé cómo debían entregarse a los militares que iban a accionar sus armas … entregué armas para que jóvenes inocentes, con sueños, que eran amados, fueran entregados, asesinados y reportados como un muerto en combate. ¡Falso! Fueron combates ilegítimos”, afirmó el exsargento.

Uno a uno, los exmilitares narraron cómo asesinaron a estos jóvenes, montaron escenas de combate, les quitaron su identidad, los mostraron como delincuentes dados de baja y los enterraron como NN.

Una a una cada una de estas madres escuchó el relato del asesinato de sus hijos. Estas mujeres lucharon durante 14 años por limpiar el nombre de sus hijos. Esperaron 14 años por el reconocimiento de sus victimarios de que sus hijos no era guerrilleros como todo un país lo pensó, sino inocentes asesinados de forma miserable.

Pero no fueron solo estos 19 homicidios. Se han identificado 6.402 asesinatos de campesinos, habitantes de calle, adolescentes con discapacidades cognitivas y jóvenes humildes, la mayoría entre 12 y 25 años, que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, entre 2002 y 2008 en todo el territorio nacional. Son los mal llamados “falsos positivos” de los que nadie en Colombia quiere hablar.

Tal reconocimiento, se pensaría, sería un momento clave en el país, en el avance de la construcción de la verdad tras la firma de los acuerdos de paz con las Farc. Pero muy por el contrario, este hecho pasó casi desapercibido. Solo fue registrado bajo algunos titulares tímidos en la agenda diaria de los medios, confundidos entre los resultados de la Champions League y las últimas tendencias electorales. Algunos medios le dieron la relevancia de una portada. Pero al día siguiente se olvidó.

En Colombia es como si todos quisieran borrar la existencia de estos homicidios. A pesar de lo aberrante que significa que miembros del Ejército hayan asesinado a más de seis mil inocentes, es cómo si nadie en el país quisiera hablar de esto, o prefieren insistir en que sí eran guerrilleros y seguir pretendiendo que esos muertos inocentes no existen.

Porque los “falsos positivos” son un símbolo de un país partido en dos. Los que apoyaron los diálogos de paz con las Farc y quienes lo consideran el mayor pacto de impunidad de la historia de Colombia. Y dos expresidentes simbolizan estos extremos: Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez. Es como si el país hubiera pactado que aceptar este asesinato de inocentes por parte del Ejército fuera validar el acuerdo de paz y el actuar de las Farc. Se volvió un símbolo de esta a favor o en contra del gobierno de Álvaro Uribe y o de los diálogos de paz de Juan Manuel Santos. Lo irónico de todo esto es que esta barbarie se dio mientras era precisamente Uribe Vélez el presidente de Colombia y Santos su ministro de Defensa.

¡Eran jóvenes inocentes! ¿No les debe el país acaso la reivindicación de su memoria? ¡Nada tiene que ver eso con validar un gobierno, una institución o un acuerdo de paz. Se trata de verdad y de justicia. De reconocer que se asesinaron de forma fría y premeditada a más de seis mil colombianos que no tenían nada que ver con el conflicto y que durante más de una década se les tildó de criminales. ¿No debería ser el mismo Ejército la institución más interesada en que se sepa la verdad y mostrar que ese no es el espíritu de su institución?

Pero Colombia no quiere hablar de eso. Es mejor hacer como si nada de eso hubiera pasado, porque siente que reconocer estas muertes es validar a las Farc o no defender la institucionalidad del Ejército.

“A mi hijo lo matan y lo acusan de ser un integrante del ELN. Yo estar al frente de estas personas, mirarlos frente a frente y que ellos dijeran ante Colombia y ante el mundo que Julián no era ningún subversivo como ellos lo dijeron, que los jóvenes de Soacha no eran guerrilleros como ellos lo querían pasar… para mi fue una satisfacción muy grande de yo ver que mi sueño se está convirtiendo en realidad. Me mataron a mi hijo … pero al menos dijeron allí, ‘Doña Blanca, su hijo no era ningún guerrillero, su hijo no era un subversivo’. Eso me llena de satisfacción, dijo a Caracol Radio la madre de Julián Oviedo, asesinado a los 19 años con seis tiros de fusil.

¿Hasta dónde sabían los altos mandos militares lo que estaba ocurriendo? ¿Lo sabía el presidente y su Ministro de Defensa?

Les debemos como país la reivindicación del nombre y la memoria a esos más de seis mil colombianos inocentes que fueron enterrados como guerrilleros. Se los debemos a sus madres, a sus hijos y a las generaciones venideras de un país que se niega a aceptar su verdad y salir de su violencia.