Falsos positivos: ¿Sistematicidad o manzanas podridas?

Otro país, menos anestesiado por la convivencia diaria con las violencias más aterradoras, se habría escandalizado todavía más con los testimonios que rindieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los 10 primeros militares y un civil sobre los “falsos positivos”, tantas veces negados por gobernantes y altos mandos, a pesar de que ya en 2008 el sargento del Ejército Carlos Eduardo Mora – uno de los hoy imputados- había alertado a sus superiores sobre posibles ejecuciones extrajudiciales en la Brigada Móvil 15 y en el Batallón de Infantería N°15 General Francisco de Paula Santander (BISAN), en Norte de Santander. Lo que Mora recibió entonces fue un traslado, toda clase de amenazas, y, finalmente, como un logro que no lo salva del miedo, una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cuando se piensa en las víctimas y en sus deudos, resultan conmovedores los relatos de los militares sobre cómo engañaban a campesinos inermes o a jóvenes citadinos necesitados de trabajo o discapacitados, y cómo los asesinaban, los vestían de camuflado y les ponían un arma en la mano, todo para cumplir con las exigencias de sus superiores de producir bajas en combate. Cuando se piensa en los victimarios, los calificativos son otros: inconcebibles, brutales. Las preguntas que uno se hace son múltiples: ¿qué tipo de formación recibieron soldados como el sargento en retiro Mauricio Pérez Contreras, que dijo a una de las madres de su víctima: “Gracias por hacerme entender el valor de la vida, que nuestro vínculo familiar es mucho más de lo que pensamos”. ¿No comprendía acaso ese valor antes de llegar a la JEP y tener encuentros con los deudos? ¿O es que estaba entrenado solo para dar muerte y no para apreciar el valor de la vida? Y otra: ¿hasta dónde son genuinos el perdón y la retractación de los que asesinaron a sangre fría a seres indefensos? Yo querría pensar que sus palabras nacen del remordimiento y, sobre todo, de la comprensión del dolor del otro. Pero no se nos puede escapar que a estas confesiones hemos podido llegar gracias a la JEP. Según su presidente, Eduardo Cifuentes, “la JEP reconstruyó lo sucedido con tal rigor que resultaba muy difícil negarlo”. Y tampoco olvidemos que, debido a los acuerdos de paz, no habrá cárcel sino “restricciones a la libertad” para quienes “reconozcan responsabilidad y aporten verdad plena”. Un sapo que debemos tragarnos porque es el único camino para que Colombia pueda reconstruir el entramado total de esta empresa criminal.

La forma en que cada uno de estos militares enfrenta internamente su culpa es algo que ni podemos saber ni nos incumbe. Pero otra cosa es el reconocimiento que tendría que hacer el ejército sobre su culpa como cuerpo armado, como institución. Cuando a Cifuentes le pregunta su entrevistador, Yamid Amat, por qué los “falsos positivos” son considerados un “fenómeno macrocriminal”, él responde: “porque presuponen una estructura criminal capaz de cometer delitos de esa magnitud, con distribuciones de funciones, con una serie de condiciones que los hacen posibles, con incentivos y mecanismos para la planeación, el encubrimiento y la falta de control efectivo”. Es decir, porque la repetición de estos asesinatos bajo un mismo patrón permite hablar de sistematicidad en las 6402 ejecuciones de inocentes a cambio de recompensas como permisos, viajes, cursos o comisiones al exterior.

Imposible, pues, que, después de estas confesiones, irrefutables, contundentes, el ejército no reconozca que durante años las ejecuciones extrajudiciales respondieron a un actuar sistemático. Es hora de que los militares acojan la petición del Padre Francisco de Roux, quien hace un año invitó al general Zapateiro y a los altos mandos a seguir el ejemplo del papa Francisco y del cardenal Rubén Salazar, cuando frente al abuso de miles de niños por parte de curas dijeron: “no son manzanas podridas, es una enfermedad del cuerpo de la Iglesia”. A partir de ese momento, afirmó De Roux, cambió el comportamiento de esta, no se defendió más a los sacerdotes depredadores trasladándolos de lugar, y en cambio se los entregó, no a la justicia Eclesial del derecho Canónico, sino a la justicia ordinaria para que los llevara a las cárceles. “La legitimidad de la protección de la institución por encima de las víctimas, nos confunde - dijo aquella vez De Roux-. Y añadió, sabiamente: “porque una institución, cualquiera que sea, no es divina. Un ser humano sí”.

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