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Académicos alemanes piden que se despenalice el consumo de drogas

106 profesores de Derecho Penal firman una petición a favor de reformar la ley antinarcóticos, a la que tachan de "antieconómica"

106 académicos alemanes, todos destacados profesores de Derecho penal en varias universidades del país, han puesto en marcha una acción inédita destinada a lograr un cambio radical en la ley antinarcóticos, que penaliza la posesión y el consumo de drogas. Una norma que han calificado como “fracasada”, “dañina para la sociedad” y “antieconómica”. Los académicos --el 40% de los profesores de Derecho Penal de las universidades alemanas-- son partidarios de la despenalización de las drogas blandas, y sugieren que Alemania copie el ejemplo de Uruguay, que ha aprobado una ley para regular el comercio de marihuana.

Partiendo de una tesis provocativa —la droga no es el problema, sino la política legal represiva— los académicos, entre los que están Lutz Meyer-Gossner, expresidente del Tribunal Federal, y Albin Eser, exdirector del Instituto Max Planck de Derecho Penal Internacional, han firmado una petición dirigida al Parlamento Federal en donde formulan la urgente necesidad de reformar la ley antinarcóticos.

“Es absolutamente absurdo catalogar como criminales a las personas que consumen marihuana”, declara a EL PAÍS el autor de la iniciativa, el profesor Lorenz Böllinger, que imparte clases de Derecho Penal en la Universidad de Bremen. “La persecución ocasiona costes enormes, la marihuana se mezcla con sustancias dañinas en el mercado negro y el Estado deja de ingresar millones en concepto de impuestos”

Böllinger ya ha cosechado un primer éxito. El Boletín emitido por el órgano oficial de los jueces alemanes publicará en su próximo número un exhaustivo análisis de la propuesta, una decisión que aumentará la difusión de la medida. La Asociación de Abogados Penales también se ha mostrado dispuesta a adherirse a la resolución.

El primer paso es conseguir la creación de una Comisión Especial en el Bundestag que se ocupe de estudiar los pros y los contra de la actual ley y analice las posibles consecuencias que tendría una hipotética legalización de drogas blandas, como la marihuana. ”Si la recomendación de la Comisión es positiva esperamos que el gobierno tome cartas en asunto”, dice el profesor Böllinger. “El ejemplo a seguir seria Uruguay”, añade.

La posibilidad de crear la comisión podrá concretarse el próximo año cuando el Bundestag asuma sus funciones. Según el reglamento interno, se puede crear una comisión especial si recibe el apoyo del 25% de los miembros del Parlamento Federal, una situación legal que obligará al profesor Böllinger a buscar el apoyo de los diputados socialdemócratas, debido a la mayoría que tiene el gobierno de coalición. La iniciativa ya cuenta con el apoyo de los grupos parlamentarios de los Verdes y de la Izquierda.

“Aunque la meta final es la legalización del consumo de drogas blandas, nuestro primer objetivo es promover una gran discusión nacional sobre la ley actual para que se revise e implantar medidas como las que existen en Colorado y Washington, en Estados Unidos, donde se permite la posesión de 28 gramos de marihuana, mientras que en el resto del país está prohibido. Uruguay es otro ejemplo”, insiste el académico.

El profesor de la Universidad de Bremen y sus colegas no creen en soluciones ambiguas, ni tampoco en iniciativas individuales, como la que presentó la alcaldesa de Kreuzberg en Berlín, la ecologista Monika Herrmann, que quiere convencer a las autoridades para que le permitan abrir coffee shops en los alrededores del parque Görlitzer, una forma radical de combatir la criminalidad y el tráfico ilegal de drogas en la zona.

“Es una iniciativa inútil y las autoridades no validarán la medida aprobada por la asamblea del distrito. Se trata de una violación a la ley”, afirma el académico. Nosotros, en cambio, no queremos trivializar el problema de la droga, queremos evitar la criminalización de los consumidores. La persecución penal es el problema en este país”. “El Estado no debe perjudicar a la población y, por lo tanto, tampoco debe reducir sus derechos. La legislación actual viola la Constitución”, concluye el académico.

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