Los expertos alertan de más pobreza y de la “demolición de los servicios sociales”

En un momento en el que los servicios sociales están en retroceso por los recortes y amenazados en su expresión más cercana a los usuarios por la reforma de la ley de régimen local, los trabajadores sociales insisten en destacar la importancia de desarrollar y fortalecer estas redes de ayuda frente al avance de la pobreza que está sufriendo España en los últimos años.

“La continua y acusada demolición de los servicios sociales no es inocua y tiene como consecuencia un incremento de las situaciones de pobreza y exclusión social”, alerta el informe Personas, familias y sociedad. El incremento y banalización de las desigualdades que ha presentado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales este jueves en las jornadas que celebra en Madrid con motivo de su vigésimo aniversario.

El documento advierte de la relación que existe entre una mayor inversión en servicios sociales y la prevención del empobrecimiento. Para ello, remite a la clasificación de desarrollo de los recursos asistenciales de las comunidades autónomas (el índice DEC, elaborado por la propia asociación y basado en datos oficiales) y lo compara con el indicador que emplea Naciones Unidas para medir la pobreza en los países desarrollados (índice de pobreza humana, IPH-2, con datos de renta, desempleo, educación y salud). El resultado de cruzar los datos arroja la conclusión de que las tres regiones que han conseguido reducir la pobreza en términos de IPH son las tres mejor puntuadas en el DEC (País Vasco, Navarra y La Rioja, con datos elevados de inversión y coordinación asistencial).

De forma simétrica, las dos autonomías con peor evolución de IPH son las dos peor valoradas (Canarias y la Comunidad Valenciana) en el informe de desarrollo asistencial de las comunidades.

Un ejemplo de la caída de los fondos públicos es el desplome de la dotación del Plan Concertado, la partida de los Presupuestos destinada a financiar los servicios sociales básicos de las corporaciones locales (centros de servicios sociales, albergues, centros de acogida) a través de las comunidades autónomas. El dinero destinado a este fin ha sufrido un recorte del 71% entre 2008 y 2013, justo durante el periodo en el que era más necesario mantener las ayudas, hasta quedarse en 27,5 millones de euros.

El informe destaca otro fenómeno ligado a la caída de los fondos públicos con destino a los servicios sociales. De forma paralela a este comportamiento, se está produciendo un trasvase de los menguantes recursos públicos hacia entidades sin ánimo de lucro para que sean estas organizaciones las que atiendan las necesidades básicas de la población en situación de mayor desamparo. “De esta forma, el Estado abandona su responsabilidad con los ciudadanos para dejarlas en manos de las iniciativas solidarias de carácter privado y, en muchos casos, confesional”, subrayan. “La compasión y la caridad vienen a sustituir así a  los derechos sociales y la responsabilidad pública”.

El golpe de gracia definitivo a los servicios sociales, según advierten los expertos, puede llegar con la aprobación de la nueva ley de régimen local “que reduce las competencias municipales a una mínima expresión”. El informe destaca que el alejamiento de la gestión “de los que son, por su propia naturaleza, servicios de proximidad, y la incapacidad económica de las autonomías para asumir, delegar o conveniar la continuidad de estos servicios con las corporaciones locales hace peligrar cientos de residencias de personas mayores, decenas de miles de usuarios del servicio de ayuda a domicilio y otros muchos centros y servicios dirigidos a las familias con más necesidades”.

Durante las jornadas, que concluyen el viernes, tendrá lugar un análisis de la situación asistencial en España bajo el título Debate del Estado Social de la Nación 2013, en el que distintos expertos propondrán medidas y presentarán sus conclusiones.