Los jueces firman nueve condenas por delito de trata en dos años

Nueve personas han sido condenadas en España por trata de personas; todos para fines de explotación sexual. Son las primeras sentencias que recogen el delito de trata, incluido en el Código Penal desde hace poco más de dos años. Hasta entonces, esa esclavización —extremadamente difícil de denunciar y probar por el pánico y el silencio de sus víctimas— estaba asociada a efectos legales con otros delitos, como la inmigración ilegal, lo que dificultaba su persecución y desprotegía a las víctimas. Las nueve condenas —seis hombres y tres mujeres— dictadas por las Audiencias Provinciales de Madrid y Barcelona entre finales de 2012 y abril de 2013, son el resultado de las cinco causas que han resuelto los tribunales desde que entró en vigor el delito. Según los jueces, los condenados, que han recurrido las penas impuestas de entre 6 y 22 años de cárcel, trasladaron con engaños a España, esclavizaron y obligaron a prostituirse a cinco mujeres, dos de ellas menores.

Una de las chicas, de 17 años, logró escapar antes de tener que prostituirse en un club. Llevaba en España solo unos días y, cuando la Policía le tomó declaración, estaba magullada y aterrada. Había llegado a Madrid desde Rumanía acompañada del que consideraba su novio, un chico de su pueblo varios años mayor. Llevaban saliendo unos meses cuando él le ofreció viajar a España, de vacaciones. María (nombre supuesto) nunca había salido, pero el chico se ocupó de todo. Habló con la madre de ella, compró los billetes de autobús... No se lo dijo, pero también preparó documentación falsa: un pasaporte en el que ella figuraba como mayor de edad, un poder notarial… Cuando llegaron a Madrid se instalaron en la casa que, según él, les habían prestado unos amigos. La animó a llamar a su familia para anunciarles que todo había salido perfecto y, tal y como relata la sentencia, cuando colgó, le contó la verdad: no estaba allí de vacaciones, sino para prostituirse en un club y “ganar mucho dinero” para él. María se negó y él le pegó hasta hacerla vomitar. La encerró en la casa. Allí pasó cuatro días a golpes hasta que, aprovechando que él había salido, consiguió huir y pedir ayuda a una pareja que encontró en la calle.

Nunca llegó al club de alterne que él, ahora condenado a 12 años de prisión por los delitos de trata, falsedad documental y agresiones, había descrito. Uno de los tantos antros, calles o polígonos donde cada día miles de mujeres tienen sexo a cambio de dinero. Algunas están allí de forma voluntaria. Muchas son víctimas de prostitución coactiva: son españolas o llegaron a España sin engaño, sabiendo a qué se iban a dedicar, pero se encontraron sin poder escapar de las condiciones infrahumanas a las que son sometidas. Y otras, como María, son víctimas de las mafias de trata de personas. “Un delito complejo que implica captación, traslado o recepción, mediante engaño, violencia o abuso de vulnerabilidad, y todo ello con fines de explotación sexual, laboral o para el tráfico de órganos”, explica el fiscal de sala coordinador de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa.

Cuántas llegaron sabiendo y cuántas engañadas se desconoce. La Policía estima que esta forma de explotación puede afectar a unas 12.000 personas en España, la gran mayoría mujeres. Pero a la falta de estadísticas propia de un delito tan oscuro se le añade el silencio y el temor de las propias mujeres. En 2011, las fuerzas de seguridad detuvieron a unas 1.200 personas por delitos de trata y explotación sexual. Ese año, se abrieron 64 procesos judiciales por trata; más del 90% ligados a la compra y venta de mujeres para la prostitución. Pero entre la instrucción y la acusación, el resultado de la complejísima persecución de esas redes comienza a resolverse ahora.

Los fiscales, las organizaciones que trabajan con las víctimas y las fuerzas de seguridad explican que no es fácil sacar adelante los casos. Las redes mueven mucho dinero, son escurridizas y se aprovechan del pánico de las mujeres. Y, a veces, indica la fiscal decana de Madrid, para sostener el caso solo se cuenta con la declaración de la víctima, que suele ser muy lábil. De ahí la importancia, insisten los expertos, del trabajo conjunto y del apoyo de entidades que, como Apramp —cuyo equipo ha llevado los tres casos de Madrid—, asisten a las mujeres. “Les damos apoyo especializado, alojamiento y les ofrecemos participar en proyectos educativos o laborales”, explica Rocío Nieto, directora de Apramp. Las mujeres tienen 30 días de reflexión, por ley, antes de ser repatriadas para decidir si colaboran con las autoridades; un tiempo que a veces, apunta Nieto, se queda corto.

Alexa (nombre supuesto) decidió colaborar. Le costó, pero a final lo hizo como testigo protegido y por videoconferencia desde Rumanía. Meses antes había sido secuestrada en Bucarest por una pareja en un taxi. La llevaron a una pequeña ciudad costera del Mar Negro, donde les esperaba otro hombre. La amenazaron. Le dijeron que encontrarían a su hijo pequeño y que le harían daño. Así, aterrorizada, la embarcaron hacia Madrid, acompañada de la mujer que la había secuestrado. En la capital, en el mismo aeropuerto, las espera la hermana de su captora y su novio. Y vuelven las amenazas. La pareja no la deja ni a sol ni a sombra. La llevan a un piso y de ahí a la calle de la Montera, a que venda su cuerpo a cambio de dinero. Un día tras otro. Del piso a Montera de Montera al piso…

El novio de María la trajo a España de viaje, al llegar la obligó a prostituirse

Nunca ve otra parte de Madrid. Apenas chapurrea español, pero un día logra explicar a un cliente que está siendo forzada. Él la acompaña a un parque donde otro ciudadano le presta el móvil para llamar a la Policía. Cuando la patrulla acude la encuentra descalza, desorientada y aterrada. La investigación de su caso duró casi seis meses. Alexa optó por la repatriación asistida. Solo quería volver a su casa, con su hijo. Ni siquiera quiso pedir indemnización económica. Cuanto menos vínculo con los criminales, mejor. Pero su testimonio fue clave para procesar y condenar a la pareja que la forzó en España —a 9 años y 18 meses de cárcel—. Ambos forman parte de un clan que se dedica a comerciar con mujeres, y estaban siendo investigados por otros casos.

Antes de que entrase en vigor el delito de trata, los tratantes de Alexa habrían sido acusados probablemente de un delito de prostitución coactiva. La mujer, rumana, no entró en España de manera irregular; así que los delincuentes se hubieran enfrentado a un máximo de cuatro años de cárcel.