Madrid eleva la ofensiva para lograr el cierre del CIE de Aluche

El Ayuntamiento de la capital no se plantea rebajar sus pretensiones: lograr la clausura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid), como ha exigido la alcaldesa, Manuela Carmena. Y, de hecho, eleva su ofensiva contra este instalación al elaborar un plan de actuación, presentado este lunes, que ofrece alternativas municipales a la reclusión de los sin papeles en este complejo, gestionado por la Policía Nacional e Interior. Una iniciativa que propone, además, "hasta que se produzca el cierre", asumir parte de la asistencia social y médica de los miles de inmigrantes que cada año pasan por este centro: "Para evitar un sufrimiento innecesario".

Este documento de 11 páginas —que se trasladará al Gobierno— tiene como objetivo "garantizar y preservar los derechos humanos" en un CIE donde se ha encerrado a menores, víctimas de trata y solicitantes de asilo. Y que, en apenas un año, ha acumulado hasta ocho autos judiciales por las irregularidades que se cometen en su gestión: como las deficiencias en la atención y asistencia de los inmigrantes, sobre los que pesa una orden de expulsión.

"Hay tal nivel de sufrimiento allí dentro que se requería una respuesta de las instituciones", ha expuesto este lunes Javier Barbero, concejal de Seguridad. "El centro de Aluche no tiene sentido y no es propio de una ciudad como Madrid”, ha remachado la regidora. Según los datos de Interior, por la instalación madrileña pasaron 1.526 sin papeles en 2016. De ellos, solo el 46% fue repatriado. Pese a que la única finalidad de los CIE es, según reza la ley, "garantizar" la expulsión de estas personas. "Eso nos obliga a preguntarnos cuál es el verdadero objetivo de estos centros", reza el documento del Ayuntamiento. "Se usan para lanzar un mensaje de castigo a los que entran: un aviso de que no les recibiremos tan fácilmente", responde un miembro de la Campaña Estatal para el cierre de los CIE.

Tres fases de actuación

El nuevo plan de acción municipal plantea tres fases. La primera, previa a la reclusión, tiene por objetivo "reducir el número" de internamientos para que sean una "excepción". En este punto se contempla, entre otras medidas, elaborar informes de arraigo social de los extranjeros puestos a disposición de los Juzgados de Plaza Castilla; y ofrecer alojamiento y alimentación para que los magistrados eviten las órdenes de reclusión y, en su lugar, acuerden que estas personas residan en un "recurso habitacional" cedido por el Ayuntamiento o alguna asociación.

La segunda fase se enfoca al periodo de internamiento. "El objetivo, en este caso, es que el tiempo de permanencia sea el menor posible y garantizar su derecho a la salud", subraya el Consistorio. Para ello, la administración local quiere contar con "dos o tres" trabajadores sociales dentro del CIE de Aluche, que hagan seguimiento de los internos y ofrezcan asistencia social y cultural. Además, se prevé que efectivos sanitarios del Ayuntamiento puedan acceder a la instalación, para que presten asistencia médica y psicológica. Una batería de iniciativas que sirvan de prólogo a la última fase, que arranca cuando los extranjeros salen del complejo y durante la que se prevé ofrecer a los internos "los recursos adecuados para ayudarles a regularizar su situación en el país".