La ley de ruptura prevé amnistiar a todos los condenados por la causa independentista

La ley que prepara la Generalitat para romper con España persigue amnistiar a todos los imputados y condenados por causas judiciales vinculadas al proceso soberanista. Esta medida afectaría directamente al expresidente Artur Mas, al que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña impuso una pena de dos años de inhabilitación por la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. La ley fundacional también contempla que la futura justicia catalana arrebate al Tribunal Constitucional, al Supremo y a la Audiencia Nacional los casos que tramita en la actualidad.

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La justicia ha ido estrechando poco a poco el margen de actuación de los soberanistas, cuyos pasos son ahora mirados con lupa, lo que ha sembrado de dudas el otrora monolítico bloque independentista. El punto de inflexión fue la consulta del 9-N, un hito que sirvió para encender las alarmas en todas las instituciones del Estado sobre la envergadura del desafío secesionista.

Desde entonces, la fiscalía y los tribunales observan de cerca cualquier movimiento de la Generalitat y del Parlamento catalán destinado a la celebración de un referéndum ilegal que intente legitimar la secesión. Como consecuencia de esta presión, en los últimos meses han sufrido penas de inhabilitación Mas, el diputado y exconsejero de Presidencia Francesc Homs o las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega. Todos ellos están condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional en la consulta del 9-N.

Paralelamente, jueces y fiscales han puesto en marcha investigaciones para controlar las decisiones que están adoptando el Parlamento catalán y la Generalitat para impulsar la ruptura con España. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha declarado como imputada por desobedecer también al Constitucional, que ya ha advertido en varias ocasiones a la Cámara y al Gobierno autónomo del riesgo de incurrir en responsabilidades penales. Además, están en marcha investigaciones sobre la compra de urnas y de papeletas para la posible convocatoria de un referéndum, iniciativas que han llevado la incertidumbre al bloque independentista.

La ley fundacional persigue una amnistía general, tanto para los ya condenados como para los investigados en las causas que están en curso. Así, la norma establece que una vez lograda la independencia, los juzgados catalanes sobreseerán o anularán "los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscarán un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática o no violenta". Esta es una demanda reiterada de algunos de los mártires del soberanismo, como Mas, que ha sido incluida en la ley de ruptura.

Además, el proyecto legal subraya que los juzgados catalanes asumirán todos los casos que se encuentran en la actualidad en manos del Constitucional, el Supremo o la Audiencia Nacional, lo que permitiría extinguir de cualquier responsabilidad penal a todas los altos cargos catalanes que ahora están bajo sospecha.