Informes del Gobierno hacen responsable a Junqueras de la consulta

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Los servicios jurídicos del Estado, que el Gobierno consulta ante cada paso que da la Generalitat de Cataluña en su plan independentista, apuntan a que “la responsabilidad penal” si llega a haber un referéndum recaería en el vicepresidente y consejero de Hacienda catalán, Oriol Junqueras. Las partidas del presupuesto —las evidentes y “las sospechosas” de estar ligadas a la consulta— y el diseño orgánico de la Generalitat desprotegen más al líder de ERC que a otros miembros del equipo de Carles Puigdemont, pertenecientes a la antigua Convergencia.

Los informes técnicos que se estudian en La Moncloa sobre qué consejero catalán sería al final el responsable si se llevara adelante la consulta apuntan hacia Junqueras. Los expertos señalan, en primer lugar, que la disposición adicional 31 (luego convertida en la 40) de los Presupuestos catalanes establece que la Generalitat, “dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria”. El documento estaría estableciendo así una obligación implícita a la Generalitat para organizar el referéndum.

Pero en los presupuestos catalanes no hay ningún programa dependiente de la vicepresidencia de Economía y Hacienda —cuyo titular es Junqueras— que aparezca asociado al referéndum, aunque sí varias partidas que se consideran “sospechosas”. El presupuesto de 2017 contempla una dotación que no existía en cuentas anteriores, bajo la denominación “Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales”, que en lugar de depender de la Consejería de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, que dirige Meritxell Borràs i Solé, de Convergència, se asigna ahora a fondos no atribuidos a ningún departamento. Su dotación es de 5,8 millones de euros, muy similar a lo que costó la consulta informal del 9-N que, según el escrito de la fiscalía presentado en el juicio a Artur Mas, ascendió a 5 millones de euros. Incluso ese dinero parece escaso ahora para un referéndum de este calado y su posterior gestión.

La Generalitat tendría recursos mayores en el llamado Fondo de Contingencia, cuya cuantía es de 330 millones de euros, que supone un récord y más del doble del ejecutado en 2015 (último ejercicio presupuestario cerrado): 168 millones más. Con este esquema, si lo que la Generalitat llega a hacer finalmente es ampliar la dotación creada como “gasto no departamental”, no habría ningún consejero expresamente competente más allá del consejero que gestiona los presupuestos, que es el vicepresidente Junqueras.

Una estructura ‘ad hoc’

Es también llamativa la comparación entre los decretos de estructura de los diferentes departamentos de la Generalitat. La vicepresidencia de Junqueras, pese a haber aumentado sus tareas, ha pasado de tener un decreto con 106 artículos en 2014 a uno con tan sólo 10 en 2016. Antes ese decreto regulaba todas las subdirecciones y áreas de la Consejería y ahora sólo los órganos superiores y directivos.

Este cambio sólo se ha producido ad hoc en esa consejería. El resto de departamentos cuentan con estructuras que detallan la lista y competencias de todas las subdirecciones. Ese nuevo diseño podría responder, según los mismos informes, a la necesidad de proteger a los funcionarios de ese área bajo el mando de Junqueras frente a posibles imputaciones en cascada por el desarrollo del referéndum.

Analizadas por su parte la distribución de competencias de la Generalitat, los informes reseñan que el departamento de Gobernación bajo el control del PDeCat sigue siendo competente en materia de procesos electorales en general, pero las competencias para el impulso al desarrollo del autogobierno que corresponden al presidente de la Generalidad han sido delegadas a favor del vicepresidente, de ERC. La Oficina para la Mejora de las Instituciones de Autogobierno, que antes depependía de Gobernación, ahora depende de Junqueras, como las delegaciones territoriales.

El programa original y genérico sobre procesos electorales, que sí depende de Gobernación, tiene una dotación de 407.450 euros, con un incremento de 153.350 euros respecto de 2016.