El bluf del supuesto fraude de la formación en Andalucía

El supuesto fraude masivo de los cursos de formación en Andalucía, bautizado como Edu y con varias fases desde abril de 2014 con cientos de detenidos e investigados entre cargos públicos de la Junta, funcionarios y empresarios, se va diluyendo como un azucarillo. Hay procedimientos abiertos en varios juzgados andaluces, pero las diligencias se centran en entidades con irregularidades aparentemente alejadas de ese supuesto gran desfalco de dinero público que, en su origen, la policía llegó a comparar con el caso ERE. Los jueces han ido descartando la existencia de una trama política para otorgar subvenciones a personas afines y centran su actuación sobre algunas empresas que se habrían beneficiado de ayudas sin llegar a ofrecer los ciclos formativos.

El primer caso saltó en Málaga, aunque la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía se extendió como la espuma por el resto de provincias. Las pesquisas llegaron a 18 juzgados diferentes y se creó alrededor de un centenar de piezas, una por cada empresa favorecida para cursos con compromiso de contratación. Con las causas penales perfectamente delimitadas, a veces renombradas, las operaciones de los agentes siguieron a lo grande y en todo el territorio a la vez. A principios de verano de 2015, se procedió al arresto de unas 140 personas y se alcanzó de lleno a los responsables provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), casi todos ahora exculpados. “Hubo una sobreactuación”, admiten fuentes judiciales.

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De cómo ha ido avanzando el caso Edu es ejemplo también Málaga, donde el titular del Juzgado de Instrucción 8, Juan Pedro Jiménez, ha archivado provisionalmente la pieza principal sobre las ayudas concedidas a 27 empresas en dos convocatorias de 2010. Había 12 cargos políticos y funcionarios de la Administración autonómica investigados. El instructor ha descartado que existiera “algún tipo de connivencia” con los adjudicatarios de las ayudas. Cerca de una veintena de causas contra las entidades se han cerrado y fuentes judiciales estiman que podrían seguir adelante media docena por presunta estafa (no dieron el curso) o algún tipo de falsedad.

El Juzgado de Instrucción 4 de Jaén también cerró la rama política a mediados de 2016 y las diligencias sobre 11 de las 25 empresas investigadas. Las provincias de Córdoba y Cádiz se inhibieron a favor del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, cuya titular, María Núñez, ordenó en octubre pasado el archivo de la pieza que afectaba a 24 ex altos cargos del Gobierno vinculados al SAE, incluidos tres exconsejeros. Su conclusión fue que no hubo malversación, ni prevaricación, ni menoscabo de fondos públicos, ni una trama urdida desde la Administración para favorecer una red clientelar. Limitó el asunto a “posibles irregularidades administrativas”.

Cursos que no se habrían realizado, que no estarían bien justificados, con un coste supuestamente inflado o falta de control en las ayudas y en el seguimiento de los ciclos. De ahí partieron las investigaciones y la única conclusión en el terreno penal ha sido el lío de la Administración para vigilar la formación. “Se ha visto desbordada e incapaz de llevar a cabo el examen previo, control exhaustivo, seguimiento detallado y verificación pormenorizada del enorme número de cursos subvencionados”, apuntó el juez de Málaga. La Junta ha revisado los 8.505 expedientes suscritos entre 2007 y 2011, con un montante total destinado a formación de 1.613 millones de euros, y ha pedido la devolución en firme de 71,9 millones de euros por irregularidades. Hay otros 167 millones que están actualmente en comprobación.

Huelva y Prescal

Hay dos excepciones en el ámbito penal. El Juzgado de Instrucción 5 de Huelva procesó hace unos meses a siete cargos del Gobierno andaluz, incluido el exdelegado de Empleo, porque habrían permitido que “se dilapide y se malgaste” el dinero destinado a la formación de desempleados por “acción u omisión”. Esta resolución está recurrida ante la Audiencia Provincial. La causa más importante en instrucción, a cargo del Juzgado 6 de Sevilla, gira en torno al entramado del grupo empresarial Prescal, del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, que llegó a percibir 33 millones de euros para formación. La magistrada Núñez atribuye posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. En esta pieza están como investigados los exconsejeros Manuel Recio y Antonio Fernández y se ha rechazado la implicación de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Según la Fiscalía Anticorrupción, la red de empresas, asociaciones y fundaciones vinculadas a Ojeda “simuló relaciones laborales inexistentes para que afectados por el cierre de la multinacional Delphi en Cádiz percibieran un salario con cargo a las subvenciones, sin prestar efectivamente trabajo por cuenta ajena". También afirma el ministerio público que el mismo entramado de entidades “simulaba las prestaciones de servicios que posteriormente justificaban ante la Administración” para percibir las ayudas. Ojeda negó durante su comparecencia en la comisión de investigación parlamentaria del fraude en los cursos que se hubieran simulado contratos o servicios y defendió la legalidad de todos los cursos prestados.

El exconsejero Recio, por su parte, ha declarado ante la juez Núñez que no leía las órdenes de concesión de ayudas que firmaba, a lo que se une el testimonio de quienes fueron trabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que admitieron ante la magistrada que "no comprobaban la realidad jurídica y material de las facturas y de los contratos".