Dos puertas blindadas de la embajada de Kabul atacada por los talibanes estaban abiertas

Los terroristas talibanes que perpetraron el atentado contra la embajada de España en Kabul (Afganistán) el 11 de diciembre de 2015 se encontraron abiertas al menos dos puertas blindadas del complejo diplomático. En concreto: la entrada del edificio de funcionarios número uno, que los asaltantes utilizaron para pasar a la azotea, y el acceso al denominado “cuarto seguro”. “Todo indica que los terroristas no encontraron obstáculos para acceder al edificio al no estar bloqueadas estas puertas blindadas”, recoge un informe de la Abogacía del Estado al que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento se basa en las fotografías tomadas dos días después del ataque por un jefe de seguridad de Exteriores.

Más información

Los talibanes matan a dos policías españoles de la Embajada en Kabul

Jorge García Tudela, el segundo fallecido, “estaba a punto de volverse”

Los talibanes entraron en la legación tras hacer explotar un coche bomba en la puerta del recinto que acabó con la vida del policía Isidro Gabino. Después, accedieron al complejo formado por la cancillería y dos edificios de viviendas y mataron en un tiroteo al subinspector Jorge García Tudela. En el ataque también murieron 10 ciudadanos afganos que vigilaban el complejo.

La Abogacía del Estado, que no señala al responsable de la apertura de las puertas blindadas, defiende que los sistemas de seguridad funcionaron. “Todo el personal diplomático y policial que se refugió en las zonas seguras de los edificios salvó la vida por la resistencia de las puertas blindadas a todo intento de los terroristas de forzarlas”, recoge el documento firmado por la letrada Lucía Pedreño.

El informe de la Abogacía del Estado se ha incorporado esta semana a la investigación que desarrolla el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que indaga si el embajador Emilio Pérez de Ágreda y su número dos, Oriol Solá, cometieron un delito de homicidio imprudente al desatender la seguridad del complejo. La investigación arrancó tras una querella presentada por los familiares de las víctimas.

El documento de la Abogacía del Estado no menciona la alerta de atentado inminente contra una embajada occidental en Kabul que ese mismo día difundieron los servicios franceses de inteligencia. El encargado de Negocios, Oriol Solá, reconoció ante el fiscal que recibió el aviso, que le fue reenviado por el agregado de Defensa, David Gilarranz. Sin embargo, Solá sostuvo que no leyó el mensaje hasta meses después del ataque, ya que no tenía configurado el correo electrónico en el teléfono móvil y ese día, al ser viernes, festivo en Kabul, ya había abandonado la Embajada. De haber alertado a los servicios de seguridad de la Embajada probablemente se habrían adoptado medidas de precaución, como cerrar las puertas blindadas.

Los familiares de las víctimas dicen que las garitas eran de paja. El Abogado del Estado califica estas acusaciones de “temerarias”

La Abogacía del Estado rechaza la tesis de los denunciantes de que la ausencia de medidas de seguridad facilitó el atentado. Según los querellantes, las garitas de la embajada eran de paja, las ventanas de plástico y las puertas de madera y latón. Además, el edificio principal de la legación no guardaba la distancia mínima con la calle y estaba fuera de la zona de seguridad de Kabul. Los denunciantes añaden que los primeros informes sobre los riesgos del complejo diplomático se pusieron en conocimiento de la propia embajada y del Ministerio de Asuntos Exteriores en 2008.

La querella asegura que el embajador Pérez de Ágreda se encontraba de vacaciones durante el atentado y que previamente había desatendido las recomendaciones de los policías sobre las deficiencias de seguridad del edificio, estructuras y horarios del personal. Además, apunta a que el número dos en Kabul, Oriol Solá, permitía el trasiego de mercaderes y la entrada de coches con alfombras y joyas en el recinto diplomático.

La Abogacía del Estado reconoce que la instalación de la legación recibió avisos sobre la posibilidad de un atentado. Sin embargo, tilda estas advertencias de “relativamente frecuentes y, en la mayoría de las ocasiones, genéricas e indeterminadas”. Sin descender al detalle, considera incorrecto el dato recogido en la querella de que, en los dos últimos años, los servicios de inteligencia afganos, americanos y franceses alertaron del riesgo de sufrir atentados con bombas en las embajadas en Afganistán.

La Abogacía del Estado arremete con dureza contra los denunciantes. Tilda sus afirmaciones de “erróneas y quizás tendenciosas”. Estima que, entre 2006 y 2015, el Ministerio de Exteriores destinó 495.000 euros a reforzar la seguridad de la instalación de la legación con la adquisición de cristales blindados para el despacho del embajador, la rehabilitación de las garitas o la colocación de concertinas, entre otras partidas. Además, recuerda que la vigilancia en el exterior de la embajada, que desarrolla la policía local afgana, se complementa con una agencia de seguridad privada con 21 agentes armados con fusiles Kalashnikov cuya factura de 276.000 euros al año abona Exteriores.

La Abogacía del Estado califica de “temeraria” la afirmación de los denunciantes de que el primer delegado de España en Afganistán, José Turpin Molina, se negó a vivir en la embajada y exigió trasladar su residencia a una green zone, que es como se denomina el área de seguridad en la capital afgana.