La transparencia acaba en los tribunales

Cuando entró en vigor la Ley de Transparencia pocos preveían el alto grado de judicialización que alcanzaría. Tras dos años en vigor, se han presentado 32 recursos ante los tribunales. La gran mayoría, del propio Gobierno para evitar dar información a los ciudadanos. La Abogacía del Estado ha presentado ya, en nombre de ministerios o empresas públicas, una veintena de recursos porque no está de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que daban la razón a ciudadanos o asociaciones.

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Poco a poco, esos recursos van avanzando, y ya se está creando jurisprudencia sobre transparencia. Los tribunales han dictado 11 sentencias. Una de las más relevantes respaldó hace unas semanas al Ministerio de Hacienda, que no acepta la resolución del CTBG que le instaba a publicar la lista de sociedades regularizadas gracias a la amnistía fiscal. El CTBG, organismo público creado para velar por el cumplimiento de la ley, ha decidido recurrir ante la Audiencia Nacional.

“Apelamos en defensa de nuestra resolución, pero también porque entendemos que aunque una parte de la información tributaria debe ser protegida, no se puede dejar fuera de la rendición de cuentas a todo un sector”, asegura un portavoz del CTBG. Pese a que Hacienda defiende que toda la información tributaria está protegida, difunde periódicamente una lista de contribuyentes que acumulan grandes deudas con el fisco, la ya célebre lista de morosos. Una sentencia de la Audiencia Nacional permitirá aclarar qué debe estar protegido y qué debería ser de acceso público, señalan desde el CTBG.

La creciente judicialización ha supuesto un problema añadido: el coste. El CTBG tiene que emplear dinero público —hasta ahora algo más de 25.000 euros— en contratar abogados privados para pleitear contra la Administración a la que, en realidad, también pertenece. No solo eso: en el caso de la amnistía fiscal, tanto la Agencia Tributaria, a quien se le pide la información, como el propio Consejo dependen del mismo ministerio, el que encabeza Cristóbal Montoro. Los abogados del Estado —con los que este organismo tiene un convenio firmado—no pueden defender al Consejo porque ya lo hacen con el Gobierno.

Organizaciones como Access Info achacan estos problemas al papel del CTBG: “Si el Consejo como organismo supervisor pudiese establecer resoluciones vinculantes, y se le dotase de poder inspector y sancionador, se desincentivaría el recurso ante los tribunales y el gasto de recursos públicos para desacreditar decisiones del organismo garante de la transparencia”, señala su portavoz, Alba Gutiérrez.

Con 11 sentencias dictadas, empieza a haber jurisprudencia sobre qué debe ser transparente

"Nos sorprende el número tan elevado de litigios que se están llevando a cabo por parte del Gobierno contra decisiones del CTBG", reconoce Gutiérrez. "Pensábamos que principalmente iba a ser utilizado por los ciudadanos. Sin duda, la puesta en cuestión de las resoluciones del organismo experto establecido por la Ley para garantizar su cumplimiento es una muestra clara de lo que cuesta cambiar las dinámicas e introducir la cultura de transparencia en nuestro país", añade.

La Audiencia Nacional ya se ha pronunciado sobre alguno de los recursos presentados por empresas públicas contra el Consejo. Hace poco más de un mes emitió un fallo que obliga a Radio Televisión Española a facilitar los gastos del festival de Eurovisión de 2015. "La información solicitada a CRTVE, y que dicha corporación niega alegando intereses económicos y comerciales, es una información de carácter público", asegura la sentencia.

El tribunal desmonta los argumentos del ente público, que ni siquiera contestó al ciudadano que le solicitó la información en primer lugar. Cuando este recurrió al Consejo de Transparencia por el silencio administrativo, le dieron la razón. El fallo de la Audiencia Nacional deja las cosas claras: "CRTVE se nutre de los Presupuestos Generales del Estado y de tributos de entidades privadas, y por tanto de carácter público. Y las cantidades asignadas a CRTVE pueden ser objeto de información a los ciudadanos".

RTVE no quiere que se sepa cuánto costó el festival de Eurovisión, ni el presupuesto de los diferentes canales ni cuánto ha pagado por comprarle películas a la productora Video Mercury Films, propiedad de Enrique Cerezo. El ente público se niega sistemáticamente a dar información en virtud de la Ley de Transparencia.

El Ministerio del Interior no quiere desvelar a un ciudadano información sobre la entrevista que hizo en un proceso de selección de la Guardia Civil. Hace casi un mes, un juzgado avaló la resolución del Consejo de Transparencia frente a la posición del Ministerio, que denegó la solicitud al considerar que tenía carácter auxiliar o de apoyo y para garantizar la confidencialidad.

La empresa pública Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO), adscrita al Ministerio de Fomento, denegó la solicitud de un ciudadano de conocer las retribuciones de su equipo directivo. Alegó que solo estaba obligada a publicar el sueldo del presidente, pero un juzgado dio la razón al Consejo, que en una resolución instó a INECO a contestar al ciudadano. 

Renfe se sigue negando a publicar las condiciones de licitación para el suministro de 15 trenes de Alta Velocidad que le pidió un ciudadano y también ha presentado recurso contencioso administrativo. Son algunos ejemplos de información que, por ahora, siguen fuera del alcance del público, aunque el organismo encargado de interpretar la Ley de Transparencia diga que sí deberían conocerse.

Sin reglamento

El Ejecutivo se comprometió inicialmente a que la Ley de Transparencia tendría el reglamento que la desarrolle aprobado en 2015. De hecho, llegó a publicar un borrador en julio de ese año, del que no se volvió a saber nada. El texto acabó en un cajón después de que organizaciones como Access Info y Civio hicieran públicas sus críticas.

El propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno encontró muchos problemas en la propuesta, como que dejaba sin aclarar cuestiones clave que alega el Gobierno para denegar información a los ciudadanos. Actualmente no hay un criterio claro sobre qué se considera documento "auxiliar o interno" o qué es "reelaboración". Ambas cosas permiten rechazar peticiones de datos de la ciudadanía, y siguen abiertas a la interpretación por su poca concreción. Casi terminado el 2016, la previsión actual del Gobierno es contar con esta norma durante 2017.