La Infanta pide la absolución y acusa a Manos Limpias de “temeridad y mala fe”

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La defensa de la infanta Cristina ha solicitado este martes la absolución de su cliente y ha pedido que se condene en costas y se imponga una multa a Manos Limpias por "gravísima temeridad, abuso de derecho y mala fe procesal". El abogado de la hermana de Felipe VI, Pau Molins, ha asegurado que el juicio "ha desacreditado la versión fáctica" de Manos Limpias, que la acusa en solitario como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales atribuidos a su esposo, Iñaki Urdangarin, en 2007 y 2008 a través de la sociedad Aizoon. El letrado ha pedido "que se restablezca la justicia para Cristina de Borbón".

La intervención más dura de la 55.ª sesión del juicio del caso Nóos ha sido la de Pau Molins. El abogado de la Infanta ha mostrado su "rotundo desacuerdo" con las tesis de Manos Limpias, a la que ha acusado de mantener de "forma obsesiva" la acusación contra su cliente, pese a las pruebas que, según él, exculpan a la hija de Juan Carlos I. Molins ha pedido que se aplique al sindicato liderado por Miguel Bernad, hoy en prisión, el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que castiga con multas de entre 180 y 6.000 euros a las partes que actúen contra la buena fe procesal.

Esta sesión, dedicada a las conclusiones definitivas de las defensas, ha sido la más corta de la vista oral —apenas ha durado 55 minutos—. Y ha transcurrido sin grandes sorpresas. Los principales acusados, Iñaki Urdangarin y su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, han pedido la absolución "con todos los pronunciamientos favorables". El esposo de la Infanta se expone a la petición de cárcel más alta del fiscal en esta causa: 19 años y medio de prisión. Su socio se enfrenta a 16 años y medio por malversación, prevaricación, blanqueo, delitos fiscales y tráfico de influencias.

Los acusados pertenecientes al Gobierno de Baleares se han manifestado de acuerdo con las conclusiones del fiscal Pedro Horrach, que a cambio ha accedido a una notable rebaja en la petición de penas para ellos. Solo el expresidente balear Jaume Matas ha matizado la tesis del ministerio público para pedir que se rebaje de cinco años a siete meses y medio una posible condena al no reconocer la malversación de caudales públicos que le atribuye el fiscal. Matas reconoce que contrató a Urdangarin para la celebración de los Illes Balears Forum de 2005 y 2006, pero rechaza que ordenara el pago de 400.000 euros al Instituto Nóos para la oficina del equipo ciclista Illes Balears.

El resto de acusados, con excepción del contable de la trama, Marco Antonio Tejeiro, que también se ha adherido a la petición del fiscal, se han mantenido firmes en su inocencia y en pedir la absolución. Así, los acusados de la Generalitat Valenciana —Luis Lobón, Jorge Vela, Elisa Maldonado y José Manuel Aguilar— han elevado a definitivas las conclusiones provisionales con las que empezaron el juicio.

Lo mismo ha hecho Mercedes Coghen, consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016 y quizá la gran perjudicada de la jornada. El fiscal Pedro Horrach ha hecho notar al inicio de la sesión un "error material" en su escrito de acusación, por el que se debe añadir un año más de cárcel a los cuatro años y medio que reclama para ella por malversación de caudales públicos.