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El Ministerio de Educación y los rectores anuncian hoy los cambios que han negociado. Queda pendiente el visto bueno de las comunidades autónomas.El Ministerio de Educación aparcó el verano pasado, después de unas elecciones regionales que limitaron sensiblemente el peso político del PP en las comunidades autónomas, la orden en la que incluía las reglas para la futura reválida de bachillerato que recoge la LOMCE y que debe sustituir a la actual Selectividad a partir del curso próximo.

Tras las generales de diciembre, con nuevos comicios a la vista y después de que los rectores les pidieran una moratoria que Educación rechazó aplicar, el equipo que dirige en funciones Íñigo Méndez de Vigo ha negociado a contrarreloj una nueva prueba de acceso. Las líneas principales se asemejan a la que se está aplicando hasta ahora, según distintas fuentes de la negociación a las que ha consultado este periódico.

Lo único que se mantiene, tal como recoge la ley, es su carácter de reválida. Es decir, los estudiantes tendrán que aprobarlo para obtener el título de bachillerato. El ministro de Educación y el presidente de los rectores, Segundo Píriz, harán públicas las principales condiciones del examen en una comparecencia prevista a primera hora de la mañana de este miércoles.

Queda definitivamente descartado el examen tipo test que llegó a incluir el anterior ministro José Ignacio Wert en un borrador sobre la reválida de bachillerato. Y, por ahora, también se descarta que se generalicen las pruebas propias que la LOMCE permite hacer a cada universidad para seleccionar a sus estudiantes. En la CRUE no consta de momento ninguna petición al respecto.

Las pruebas las diseñarán las comunidades autónomas dentro de un marco general que debe fijar el Ministerio de Educación. Es decir, ya no habrá un único examen que todos los aspirantes a universitarios tengan que hacer en un mismo día. Igual que ocurre ahora, las regiones harán pruebas en distintos días pero sus resultados serán homologables. La nota que obtenga el alumno le servirá como carta de acceso para cualquier campus. Esta era una de las reclamaciones fundamentales de la conferencia de rectores. Consideraban, entre otros aspectos, que someter a un alumno a diferentes exámenes en distintas regiones puede atentar contra la igualdad de oportunidades, además de resultar un proceso engorroso.

Docentes funcionarios de institutos y de Universidades públicas corregirán las pruebas, igual que ahora. Los rectores reclamaban además que se permita discriminar la calificación de cada materia. Ahora el alumno que quiere entrar en un grado de Medicina (con una nota de corte muy alta) puede apuntarse a una prueba específica de asignaturas del bachillerato de las que no se ha examinado en la Selectividad para subir su calificación final. La idea es que, a partir del cambio, se puedan revisar de forma aislada los resultados de algunas materias que se consideren básica para una carrera, —por ejemplo química o biología para Medicina,— para favorecer el acceso al estudiante que mejor nota tenga en ellas.

El ministerio debe presentar el borrador de la orden que regula esta prueba a las comunidades autónomas antes de su aprobación, que Educación quiere cerrar lo antes posible para que los alumnos de bachillerato puedan conocer qué criterios regirán su acceso a la Universidad antes de matricularse para el curso que viene. Rectores y Gobierno consideran que esto dará garantía jurídica a los alumnos y les permitirá tener claro el panorama tanto si el PP repite en el Gobierno como si hay un nuevo Ejecutivo que quiera una nueva ley educativa.