El PSOE e IU acuerdan una nueva ley electoral y derogar la reforma laboral

Las tres reuniones mantenidas entre los equipos negociadores del PSOE e Izquierda Unida para alcanzar un acuerdo sobre la investidura de Pedro Sánchez han dado ya sus frutos. Las dos formaciones han difundido este lunes un comunicado conjunto en el que anuncian "acuerdos de consenso y de gran trascendencia" en materia social, laboral, de reformas del sistema democrático, lucha contra la corrupción y violencia de género. Entre las medidas acordadas se encuentra garantizar un suministro vital de agua para quienes no tienen ingresos, abordar una reforma electoral —que según IU supondría crear una circunscripción adicional para repartir los restos—, derogar la reforma laboral del PP y crear una oficina anticorrupción. IU, a quien Pablo Iglesias incluye en su propuesta de Gobierno de coalición con el PSOE, insta a Podemos a que levante el veto a Ciudadanos y se siente a negociar. 

La coalición de izquierdas, que de momento solo negocia su posible apoyo a la investidura de Sánchez, ha centrado sus exigencias en la emergencia social y la regeneración democrática, dentro de la cual la reforma electoral cobra especial importancia, dado que IU ha sido especialmente castigada por el sistema. Fuentes de la coalición aseguran que el PSOE se ha comprometido a impulsar una reforma de la ley que consistiría en crear una nueva circunscripción, adicional a las 56 existentes, que repartiría los escaños —podrían ser 50 nuevos, desde los 350 actuales hasta los 400, pero eso está por definir— en función de los restos. Esto es, tomando los votos de todas las formaciones que no han obtenido representación y asignándoles nuevos diputados, de forma proporcional. Esta modificación se llevaría a cabo con una reforma constitucional exprés, que requeriría el apoyo del PP. El PSOE, para quien esta propuesta de circunscripción añadida se incardina en su filosofía, quiere sin embargo condicionar cualquier reforma electoral a que sea aprobada con casi la unanimidad de las Cortes, informa Anabel Díez.

Los acuerdos anunciados por los socialistas y la coalición de izquierdas recogen medidas incluidas en los programas electorales de ambas formaciones. Como la creación "con carácter inmediato" de un "ingreso mínimo vital" para familias que carecen de ingresos económicos y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional "para este año 2016". Este compromiso temporal supone un avance respecto a la propuesta inicial del PSOE, que planteó aumentarlo a lo largo de dos legislaturas. Las dos formaciones han pactado también la recuperación del subsidio por desempleo para parados mayores de 52 años.

El consenso avanzado incluye la derogación de leyes vigentes y la creación de nuevas normas. El PSOE e IU están de acuerdo en suprimir la llamada ley mordaza o Ley de Seguridad Ciudadana, el artículo 315.3 del Código Penal sobre la coacción al derecho a huelga y la prisión permanente revisable. El comunicado conjunto recoge también el compromiso de derogar la reforma laboral del PP. En este punto, IU había requerido tumbar no solo la reforma laboral del PP, sino también la del PSOE, pero el documento solo admite la del PP.

Entre las nuevas leyes que impulsaría el Gobierno de Pedro Sánchez, de prosperar con el apoyo de IU, figuraría una norma que regulara "la función social de la vivienda" y que reconociera el derecho a una casa "para las personas que hayan sufrido un desahucio por insolvencia sobrevenida", así como que "recoja la suspensión de los desahucios en caso de personas en situación de emergencia social". Asimismo, una ley de "muerte digna" y otra que regule la participación ciudadana. La derogación de la reforma laboral del PP tiene la contrapartida de la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

El acuerdo entre PSOE e IU alcanza también un pacto anticorrupción que conllevaría endurecer los delitos por corrupción (entre ellos, el de financiación ilegal de partidos políticos, la prevaricación, el cohecho o el tráfico de influencias), prohibir los indultos por estos ilícitos( o por violencia de género), crear una oficina anticorrupción, "proteger a los que denuncian prácticas corruptas", sin especificar cómo, y endurecer las incompatibilidades. Asimismo, en materia de lucha contra la corrupción se avanza en crear un nuevo tipo penal que castigue el enriquecimiento ilícito, y en aumentar la prescripción de los delitos a diez años, según fuentes de la negociación.

IU negocia con el PSOE a pesar de que la comisión de Sánchez mantiene en paralelo reuniones con Ciudadanos, a diferencia de Podemos, que no se ha sentado con los socialistas con la reclamación de que debían elegir antes entre formar Gobierno con el partido de Albert Rivera o con el suyo. La coalición de izquierdas, así como Compromís, otro de los posibles socios de Gobierno de Sánchez e Iglesias, se había mantenido hasta ahora respetuosa con esa decisión de Podemos. Este lunes, sin embargo, ha incrementado la presión sobre el partido de Iglesias, al que ha pedido directamente de forma pública que abandone el veto a Ciudadanos y se abra a negociar.

El diputado de IU y miembro de la comisión negociadora Alberto Garzón reconoce que ha encontrado en el PSOE "predisposición a llegar a acuerdos mínimos en beneficio de las clases populares, incluso a pesar de las diferencias notables que existen entre ambas formaciones". Por eso insta a Podemos a que negocie. "Creemos necesario que Podemos se siente a hablar también con el PSOE para que se sienten las bases de un acuerdo en beneficio del país", incide Garzón. "No podemos estar todo el día jugando al perro y al gato", reclama. En conversación con EL PAÍS, Garzón consideró además “una barbaridad que el referéndum en Cataluña sea una línea roja para Podemos, teniendo en cuenta los problemas de emergencia social que tenemos” y cargó contra el partido de Iglesias por “estar hablando de sillones” y “poniendo dificultades” al acuerdo de las formaciones progresistas.