Un robo entre narcos, en el que un guardia civil ponía el coche patrulla

El juzgado número 3 de Vigo abrirá juicio oral contra siete acusados de participar en un asalto a punta de pistola a dos narcotraficantes en el que prepararon una emboscada en la que, según el fiscal, tuvo un papel primordial un guardia civil, entonces destinado en el cuartel de Mos (Pontevedra). La instrucción del caso está prácticamente finalizada y los recursos de las partes resueltos, según fuentes cercanas a la investigación. El paso siguiente es la apertura del juicio oral, por la que, previsiblemente, los siete implicados terminen sentándose en el banquillo y rindan cuentas por un robo de cocaína entre narcos —también conocido como vuelco— en el que supuestamente colaboró un cabo guardia civil aportando su coche patrulla y dando el alto a las supuestas víctimas.

El Ministerio Público sostiene que el guardia implicado en el robo, el cabo Enrique Pérez, ejecutaba un plan ideado por Marino Giménez, hijo de Olegario Giménez, Morón, el autoproclamado Rey de los gitanos en esta zona de Galicia. La fiscalía pide 12 años para Giménez, de 28 años, y nueve años y seis meses para el cabo de la Guardia Civil, al igual que para el cómplice Marcos González, además de una multa de 170.000 euros para cada uno. Para el resto de los implicados, incluidos las dos víctimas del asalto, el fiscal solicita penas de cuatro a siete años.

Según la acusación, Marino Giménez planificó un golpe para hacerse con una partida de cocaína de la forma más rápida y barata posible: el robo. Para ello, contó con el agente del instituto armado para simular un control policial sin levantar sospechas, señala el fiscal antidroga Luis Uriarte. En la tarde del 15 de enero de 2014, Giménez viajaba de copiloto en un coche conducido por uno de sus hombres de confianza, Alfredo Iglesias Gómez. Su cometido era mantener comunicación telefónica con el cabo para irle informando del movimiento del vehículo al que seguían, en el que iban los dos vendedores de cocaína a los que el agente tenía que dar el alto y detener, mientras el grupo les robaba la droga.

En otro vehículo, el acusado Alfonso Puch Castro tenía encomendadas labores de refuerzo y vigilancia de la cita entre el gancho del grupo, Marcos González Buján, que tenía que fingir la compra de una partida de 60.000 euros, y los distribuidores de la zona de Pontevedra Modesto Domínguez y Benito Otero. Una vez dentro del coche de los vendedores, González tenía que trasladarse con ellos varios kilómetros hasta llegar a una gasolinera de la localidad pontevedresa de Mos donde les esperaba el guardia en su coche patrulla habitual. Pero el guardia frustró la operación porque no podría disponer del vehículo oficial hasta el día siguiente.

Así, el grupo retomó sus posiciones la mañana del 16 de enero para acudir al lugar de la cita. Marcos González se subió al vehículo de los vendedores para acompañarlos hasta la gasolinera donde el cabo les estaba esperando en un control ficticio, uniformado y dentro del coche patrulla. Allí, sostiene la fiscalía, el guardia procedió a darles el alto, exhibiendo su arma reglamentaria. Pero en ese instante todos fueron rodeados por varios agentes de la unidad de la Udyco de la policía que investigaba al grupo desde hacia varios meses y controlaba sus movimientos a través de pinchazos telefónicos.

A Marino Giménez se le intervinieron 3.650 euros y los dos teléfonos móviles desde los que coordinó la operación. En el registro de su chalé del Barrio de A Pedra, en Tomiño, la policía encontró una pistola de la marca Taurus del calibre 7,65 con diez cartuchos en la recámara y con el número de serie borrado, para la que carecía de licencia. También se halló más munición, un revólver de fogueo de la marca BLOW 38 corto, con cuatro cartuchos detonadores, tres navajas, 13 teléfonos móviles, además de varios gramos de cocaína con un grado de pureza inferior al 30%, dosis de heroína de muy baja calidad y cannabis, además de una máquina de contar dinero y un ordenador portátil donde llevaba el control de sus clientes.

Aunque el escrito de acusación se presentó en mayo de 2014, cuatro meses después de que policías de la Udyco de Vigo desbarataran el asalto del grupo a los distribuidores de droga, el proceso estuvo hasta ahora estancado por los continuos recursos de las defensas. En este tiempo, los abogados intentaron anular las escuchas alegando defectos en el operativo policial y luego recurrieron el auto de conclusión del sumario, lo cual ha retrasado más de un año la apertura de este juicio que se celebrará por tráfico de estupefacientes y pertenencia a organización criminal.